Colombia
Deudas del Gobierno Petro con las empresas tienen a Colombia a punto de un apagón: “Llevan once meses sin recibir pago de subsidios”
El sector energético de Colombia enfrenta un momento crucial. Las inquietudes están enfocadas en los riesgos financieros, acumulación de deudas, aumento en las tarifas eléctricas y la probabilidad de apagones en los años venideros. Las estadísticas sobre deuda y la ausencia de soluciones concretas generan preocupación entre los actores principales del sistema eléctrico nacional.
La situación es extremadamente grave. Por ejemplo, las empresas comercializadoras, a finales de noviembre de 2025, registran saldos por recuperar que rondan los $6.1 billones, de los cuales $2.4 billones son opción tarifaria; $2.3 billones en subsidios, y $1.4 billones son deudas de los usuarios oficiales.
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Sobre esto, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, afirmó a Infobae Colombia que el monto equivale a “cerca de dos años de ingresos brutos de los comercializadores, en promedio”, aunque en empresas como Afinia, la cifra es equivalente a cuatro años de ingresos.
El líder del gremio subrayó que el 69% de los saldos corresponde a deudas del sector público, tanto a nivel nacional como territorial, lo que compromete la capacidad de las empresas para funcionar y cumplir con sus obligaciones. “Si no contamos con los recursos necesarios, no podremos honrar nuestros compromisos de compra de energía o financiar subsidios”, enfatizó, remarcando que estos son responsabilidad del Estado y las empresas solo actúan como intermediarias.
De igual manera, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, también consultado por Infobae Colombia, concordó en la gravedad de la situación financiera: “Ya van diez u once meses sin que las empresas distribuidoras reciban el pago de subsidios. Eso ya suma un déficit de $2.8 billones”. Detalló que una de las compañías distribuidoras bajo intervención del Estado ha acumulado deudas que alcanzan los $1.6 billones, de los cuales $1.1 billones son obligaciones con empresas térmicas, lo cual pone en riesgo la compra de combustible y la prestación del servicio.
Ambos líderes gremiales alertaron sobre el riesgo sistémico que representa la acumulación de deudas y la falta de liquidez, lo que podría acarrear consecuencias como la intervención estatal en empresas, la imposibilidad de prestar servicio y, por ende, el perjuicio directo a los usuarios.
El esquema actual de subsidios de energía ha sido criticado por Manzur, quien indicó que “no están adecuadamente focalizados. Muchos usuarios con altos ingresos en el país están recibiendo subsidios”. El presidente de Asocodis, aprovechando el evento “Somos La Energía Que Conecta y Transforma Regiones”, donde se debatió el presente y futuro del sector, explicó que la estratificación, utilizada como criterio principal, resulta inadecuada y que existen estudios y normativas que facultan al Gobierno para subsanar este problema.
“La asignación de subsidios no debe basarse únicamente en la estratificación actual, ya que esta no es un criterio adecuado, sino que se debe considerar el nivel de ingresos, el nivel de pobreza de los usuarios y, por supuesto, el nivel de consumo de los usuarios como una medida de eficiencia energética”, propuso el líder.
Castañeda reiteró la necesidad de una reforma: “Este gobierno, desde el Plan de Desarrollo, anunció que modificaría la forma de entrega de subsidios, no solo a través de la estratificación, sino también cruzándolo con los ingresos de las personas, puesto que la estratificación está excesivamente politizada”. Sin embargo, lamentó que no se hayan hecho avances: “Casi se llega el final de este Gobierno y no se ha hecho nada en ese sentido desde el punto de vista de focalización”.
Manzur arrojó cifras sobre el impacto de las propuestas regulatorias. Aclaró que, en promedio, lo que refleja para un usuario de estrato uno es una reducción de $2.400 por mes, lo cual no es representativo, pero sí significativo dado que no se puede garantizar la prestación del servicio, lo cual es crítico.
Ambos dirigentes subrayaron que ya existe el mecanismo legal para una mejor focalización, y que no se necesita una nueva ley, sino voluntad para reglamentar y aplicar los criterios correspondientes. Manzur sugirió que “eso se puede reglamentar mediante un decreto, porque la ley ya está establecida en el Plan Nacional de Desarrollo”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó propuestas que, según Asocodis, agravan la crisis financiera de los comercializadores. “Hay una propuesta de la Creg respecto a la remuneración que impacta significativamente la compensación de los comercializadores. Casi todos verían una reducción en sus ingresos anuales de alrededor de $1 billón”, explicó el dirigente.
Asimismo, advirtió que, si esta resolución se lleva a cabo, “sería la estocada final; muchas empresas, especialmente en la región Caribe y las de menor tamaño, no podrían seguir absorbiendo el riesgo, lo que podría dar lugar a quiebras y exigencias de intervención estatal”.
Hizo un llamado a la Creg para que presente una nueva propuesta sobre la remuneración de la comercialización que garantice, conforme a la ley, la suficiencia y viabilidad financiera de los prestadores de servicios, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta.
La inadecuada entrada de nueva capacidad de generación y las dificultades en la expansión del sistema son otros temas preocupantes. Alejandro Castañeda advirtió sobre el riesgo de racionamientos en el mediano plazo: “Para el año 2027 no tendremos suficiente energía firme. ¿Y esto qué implica? Que es muy probable que Colombia enfrente racionamientos de energía eléctrica en ese momento, es decir, apagones.
El presidente ejecutivo de Andeg subrayó que la subasta de expansión de generación no tuvo éxito y que “lo mejor que ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco años en cuanto a entrada de nueva capacidad es solo el 25% de lo esperado, lo cual es alarmantemente bajo”. Para 2025, la situación es aún más complicada: “Este es uno de los peores años en la entrada de nueva capacidad. Solo se ha logrado el 3% de lo esperado para este año”.
Manzur, por su parte, enfatizó que “cada día se estrecha más la oferta con la demanda. La brecha se va cerrando, y los consumos están altos, especialmente en la región Caribe”. El líder de Asocodis insistió en la necesidad de fomentar la entrada de nuevos proyectos de generación y facilitar la incorporación de proyectos de transmisión y distribución, así como asegurar el suministro de gas.
Castañeda advirtió que la falta de oferta se traducirá en mayor costo para los usuarios: “Cuando un mercado es limitado y carece de excedentes, es evidente que los precios aumentarán. Esta es la lógica aplicable no solo al mercado eléctrico, sino a cualquier mercado económico”.
Ante este panorama, José Camilo Manzur instó a las autoridades a actuar basándose en criterios técnicos y evitando rigideces innecesarias: “Las leyes tienden a imponer muchas restricciones y el sector es muy dinámico. Existen avances tecnológicos. Observemos la actualidad: medidores inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares. No impongamos rigidez en la legislación”.
El presidente de Asocodis reiteró la necesidad de una regulación inclusiva, transparente y oportuna, que genere confianza y seguridad jurídica para todos los involucrados en el sistema. También hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte hábitos de consumo responsables: “Es fundamental que todos los usuarios hagan un uso más eficiente y responsable en sus consumos. Recordemos que la factura incluye dos componentes que nos afectan directamente: el precio y la cantidad”.
Castañeda, por su parte, sostuvo que la solución a los problemas de expansión se basa en “generar confianza”, realizar subastas exitosas con mecanismos regulatorios adecuados y desatascar proyectos que enfrentan trabas de permisos, conflictos con comunidades o problemas de seguridad.
Con la llegada de la temporada navideña y la amenaza de fenómenos climáticos como El Niño, Manzur recomendó a los usuarios adoptar medidas de ahorro energético, como limitar el uso de luces decorativas y desconectar aparatos que no estén en uso.
Durante la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica organizada por Asocodis, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, comunicó que el Gobierno nacional ha implementado el mecanismo de cesión de derechos de subsidios, con el fin de mejorar la liquidez de las empresas eléctricas y estabilizar el flujo financiero del sector.
Palma destacó que “hemos avanzado en la cesión de derechos de subsidios para mejorar la liquidez de las compañías. Esta iniciativa ya se materializó y demuestra que hemos progresado también en el diálogo”.
En este sentido, el funcionario anunció que bajo este mecanismo ya se realizaron negociaciones con desembolsos cercanos a $300.000 millones, y se prevé gestionar otros $600.000 millones a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Además, anticipó un nuevo desembolso de subsidios a principios de 2026 con recursos del Presupuesto General de la Nación, que “facilitarán la recuperación financiera del sistema eléctrico y garantizarán la continuidad y calidad del servicio en todo el país”.
Respecto a la focalización de los subsidios, Palma expresó el interés del Gobierno en examinar la propuesta de Asocodis para que la reducción en los pagos de subsidios se ajuste según el nivel de consumo, priorizando a los sectores de menores ingresos. “No podemos permitir que el Presupuesto General de la Nación continúe asumiendo gastos crecientes en subsidios. No se trata de quitar los subsidios a quienes realmente los necesitan, sino de evitar que personas con capacidad de pago los reciban”, concluyó el ministro.
También anunció la introducción de un plan de choque la próxima semana para asegurar el suministro de gas a precios competitivos y reiteró los progresos en transición y seguridad energética, con 2.4 gigavatios listos para conexión en la Costa Caribe y la reasignación de 5.8 gigavatios hacia nuevos proyectos. Aseguró que las obras de expansión seguirán adelante, y si no hay acción por parte de los operadores de red, el Gobierno procederá a subastar los proyectos.
Sobre la situación de Air-e, el ministro afirmó: “Tomaré decisiones políticas para garantizar el servicio de Air-e en la Costa Caribe. El desafío de Air-e no es solo para los costeños, sino para todo el país”. Finalmente, subrayó la disposición del Gobierno para mantener un diálogo regulatorio con la Creg y analizar alternativas para la sostenibilidad del sistema eléctrico: “todas las puertas están abiertas. No vamos a implementar medidas que agraven la situación de las compañías distribuidoras ni que perjudiquen el sistema eléctrico”.
