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Una decisión administrativa ha encendido las alarmas sobre el futuro de los recursos que administran las cesantías de los trabajadores colombianos.
La junta directiva del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, tras una votación dividida de cuatro contra dos, el traslado de una parte significativa de sus utilidades al Gobierno Nacional.
La medida, que involucra reservas acumuladas cercanas al billón de pesos, tiene como objetivo declarado reforzar el Presupuesto General de la Nación y financiar programas sociales, pero ha despertado una fuerte controversia jurídica y financiera.
El monto en discusión ronda los 800.000 millones de pesos. La aprobación se dio después de varias semanas de debate y sesiones aplazadas.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pues considera que las entidades del Grupo Bicentenario, incluido el FNA, deben transferir sus utilidades para cubrir las necesidades de caja del Gobierno Nacional.
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El argumento del Gobierno: “reservas exageradas”
Para el Ejecutivo, la operación es un movimiento financiero lógico ante la situación fiscal del país. El ministro Germán Ávila defendió la transferencia argumentando que el FNA mantiene una sólida posición patrimonial que permite liberar recursos sin poner en riesgo su estabilidad.
Según explicó el funcionario, la entidad habría mantenido durante años la práctica de reinvertir sus utilidades en lugar de transferirlas a la Nación, lo que generó una “acumulación de reservas exageradas”.
El ministro detalló la ruta del dinero: “Las utilidades primero se transfieren al Grupo Bicentenario y el Grupo las transfiere al Ministerio de Hacienda”. Estos fondos se destinarían a apalancar las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
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Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:El Tiempo
El laberinto legal de las cesantías
El punto crítico de la discusión no es solo financiero, sino legal. El FNA tiene una naturaleza especial como entidad de seguridad social. Sus estatutos, específicamente el artículo 63, establecen restricciones claras para proteger el ahorro de los trabajadores.
La norma dicta que las utilidades derivadas de la administración de cesantías no pueden distribuirse, limitando cualquier transferencia únicamente a los excedentes que provengan de operaciones no asociadas directamente a la seguridad social.
Debido a esta complejidad, la junta directiva tuvo que solicitar conceptos técnicos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades antes de dar luz verde.
La definición exacta de qué porcentaje de los 800.000 millones de pesos corresponde a utilidades de libre destinación y cuál parte está blindada por ser de seguridad social es un detalle que aún deberá precisarse en futuras reuniones.
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Las voces de alerta
La decisión rompe con una tradición histórica del FNA de reinvertir sus ganancias para fortalecer su patrimonio y ampliar la oferta de crédito hipotecario.
Diversos sectores han expresado su preocupación por las implicaciones de convertir a la entidad en una fuente de financiación del gasto corriente.
Por ejemplo, el expresidente del FNA, Ricardo Arias, aseguró que usar las utilidades del FNA para “tapar huecos fiscales” cambia por completo “la lógica de proteger el ahorro, garantizar vivienda y fortalecer la confianza de millones de trabajadores”.
Entre tanto, la concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, afirmó: “Desde el Gobierno se han quejado de que los fondos de pensiones invierten las utilidades de los ahorros de los afiliados, pero no le ven ningún problema a que el FNA use las utilidades de los ahorradores para dárselas al Estado”.
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Foto:FNA
Mientras que la abogada y especialista en contratación estatal y contencioso administrativo, Gloria Osorio, cuestionó el método utilizado para lograr la aprobación.
“Llaman una y otra vez a la junta del FNA para insistir en mover recursos que están protegidos por estatutos, presionan votos y fuerzan un traslado que, en cualquier manual serio de gobierno corporativo, sería un conflicto de interés en plena etapa preelectoral”, dijo.
Adicionalmente, manifestó que “el FNA no es un cajero del Ejecutivo. Son ahorros de los colombianos, no un salvavidas fiscal ni una chequera de campaña”.
*Este artículo fue desarrollado con apoyo de Inteligencia Artificial (IA) y revisado por un periodista.
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