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Comunidades campesinas e indígenas del corregimiento de Zelandia, en Dagua, así como habitantes de los corregimientos Número 8 y Número 9, del municipio de Buenaventura, consideran las vías de hecho como el camino para lograr que el Gobierno sí los escuche. Sienten que su clamor no ha tenido respuesta. Solo oídos sordos, como algunos de ellos lo manifestaron.
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Es por ello que este 2 de diciembre, indígenas llegaron a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el centro de Cali. Reclame la adjudicación de un predio, que se localiza en un área rural de esta localidad.
Sostuvieron que más de 250 familias están haciendo valer su derecho de tenencia de ese terreno y que campesinos han ocupado el predio. El problema es que se han registrado disputas entre ambas comunidades por el mismo predio.
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Campesinos también llegaron hasta la edificación de la ANT para lograr una solución, este 2 de diciembre. Desde entonces, se ha venido adelantando una reunión con delegados de la entidad.
Hasta las 8:00 de la noche de este martes, la protesta, que ha sido pacífica, de personas de ambas comunidades se mantenían afuera de la sede de la ANT, en la capital vallecaucana.
La semana pasada, decenas de campesinos habían llegado a la entrada de la céntrica Gobernación del Valle, reclamando ayuda de la ANT y del Gobierno Nacional por amenazas de muerte a más de 480 familias que se encuentran en predios o fincas de los municipios de Zarzal, en el norte del Valle del Cauca, y del centro del departamento.
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Estos campesinos, que habían organizado una minga social y popular, habían instalado carpas, como parte de la manifestación que también fue pacífica y la cual, fue levantada dos días después. Por ello, los funcionarios retomaron sus labores en la Gobernación y los ciudadanos pudieron realizar trámites, como pagos de impuestos.
En la vía a Buenaventura se han presentado bloqueos en este año. Foto:archivo / EL TIEMPO
Reclamo de la indemnización por impacto ambiental causado por una hidroeléctrica
En el caso de las comunidades afrodescendientes de los corregimientos Número 8 y Número 9, de Buenaventura, líderes aún reclaman pagos de una indemnización por unos 200.000 millones de pesos por daños ambientales causados por la construcción de una hidroeléctrica, hace dos décadas.
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Hablan de 24 años, específicamente. Estas comunidades manifiestan que más de 1.600 personas siguen a la espera de este resarcimiento.
Estos líderes aseguraron que la Defensoría del Pueblo medió en un litigio por impacto ambiental a los pobladores. Afirmaron que siguen esperando pagos por estos daños y que la Defensoría del Pueblo sería la administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos que tendría la misión de desembolsar los dineros.
En la vía a Buenaventura se han presentado bloqueos, meses antes. (Imagen de referencia). Foto:archivo particular
Estos habitantes señalaron que en este mes de diciembre no se han confirmado actas de pago por parte de la Defensoría del Pueblo y que temen que la situación se prolonga por las fiestas de diciembre hasta el próximo año.
Inclusive, han venido haciendo bloqueos en la vía a Buenaventura. Así lo hicieron este 2 de diciembre, a la altura del sector de El Gallinero, como lo han acostumbrado hacer.
“Esperamos que sean pronto porque vienen las vacaciones y nos dejan viendo un ‘chispero’. Estamos aburridos y cansados de que nos mientan. Ponen fechas de pago y no cumplen con esas fechas”, comentó un líder. “Tuvieron todo el mes de octubre y no lo hicieron”.
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura, en este año
De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Buenaventura y de Buenaventura Cómo Vamos, entre el 6 de marzo y el 4 de julio de este 2025 se registraron 10 bloqueos en esta carretera y casi siempre en los mismos puntos, como La Delfina, donde en este año se concentró uno de los taponamientos, así como en el sector de La Víbora y en Loboguerrero, corregimiento de Dagua.
Con estos últimos ya se superó la década de protestas en la vía. En octubre de este 2025, se presentó una de esas protestas, poniendo en jaque la economía y el comercio desde el interior del país por el transporte de mercancías frenado desde y hacia Buenaventura.
La Cámara de Comercio de Buenaventura informó que detrás de estas manifestaciones “hay comunidades —indígenas, campesinas y afrodescendientes— que reclaman el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Sus demandas incluyen acceso a tierras, inversión social y respeto por los derechos territoriales, deben ser atendidas con seriedad y diálogo transparente”.
Sin embargo, hay bloqueos que han sido fraguados por grupos armados que se han infiltrado entre las comunidades, aprovechando sus necesidades sociales y que el Gobierno no responde a los llamados.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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