Colombia
Procuraduría inició indagación a funcionarios del Concejo de Ocaña por presunta negativa a requerimiento policial
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios del concejo de Ocaña (Norte de Santander), debido a la supuesta negativa de identificarse ante agentes de la Policía Nacional durante una diligencia judicial en un establecimiento nocturno.
“La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios del concejo de Ocaña (Norte de Santander) por su negativa a identificarse ante los agentes de la Policía Nacional que llevaban a cabo una diligencia judicial en un establecimiento nocturno”, informó el Ministerio Público a través de un comunicado.
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De acuerdo con la información de la entidad, algunos individuos que se dicen parte de la corporación afirmaron su condición de servidores públicos y se negaron a presentar sus documentos de identificación a los agentes durante el procedimiento.
La Provincial de Instrucción de Ocaña ha comenzado el proceso para verificar los hechos y determinar si existe una falta disciplinaria. El órgano de control revisará la conducta de los involucrados y avanzará en la evaluación del caso.
“La Provincial de Instrucción de Ocaña (Norte de Santander) ha iniciado la indagación basada en información pública, donde se observa a algunas personas, aparentemente integrantes de la corporación, alegando su condición de servidores públicos y negándose a presentar sus documentos de identificación ante los agentes”, afirmó la Procuraduría.
Agregó: “Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si estos constituyen una falta disciplinaria”.
Una eventual confirmación de los hechos podría llevar a la aplicación del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), vigente en Colombia, que establece sanciones específicas para situaciones en las que un servidor público obstaculiza la labor de una autoridad competente.
El artículo 48 de esta norma incluye entre sus faltas gravísimas “obstruir, impedir o retardar injustificadamente una investigación disciplinaria, fiscal, penal o administrativa”, aunque la tipificación se puede extender a casos donde no se responde a un requerimiento policial en cumplimiento de funciones legales.
La Procuraduría General de la Nación ha señalado que, según la gravedad y calificación de la falta, las sanciones pueden incluir desde destitución e inhabilidad general, suspensión en el cargo, multa y amonestación escrita hasta inhabilidades especiales en el ejercicio del servicio público.
La elección de la sanción se determina tras un proceso que verifica la conducta y la responsabilidad individual de los involucrados.
Durante 2024, la Procuraduría General de la Nación proyecta emitir hasta 100.000 decisiones disciplinarias en el país, lo que indica un aumento en el control sobre aquellos que ocupan cargos públicos.
Este enfoque responde a la necesidad de que los funcionarios colaboren plenamente con las autoridades, especialmente cuando estas llevan a cabo procedimientos judiciales o administrativos autorizados.
La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra el ex-personero de Solano, Caquetá, Carlos Mario Carvajal Gaitán, por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Según el Ministerio Público, se investiga si el investigado incumplió su obligación de presentar dentro de los 15 días hábiles posteriores a su salida del cargo en marzo de 2022, el respectivo informe de gestión sobre los asuntos de su competencia a la persona entrante.
“También se investiga su supuesta omisión en el pago de múltiples contribuciones del Sistema Integrado de Seguridad Social, incluidas las parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y al Ministerio de Educación Nacional para Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, así como a la Caja de Compensación Familiar del Caquetá (Comfaca)”, indicó la Procuraduría.
El ente de control ha calificado provisionalmente los actos en el primer caso como grave bajo culpa gravísima, y respecto a la presunta omisión de los pagos como gravísima también bajo culpa gravísima.
