Un total de nueve personas, presuntamente involucradas en una red de corrupción, fueron arrestadas durante una investigación coordinada por la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios de la Policía Nacional, dos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres civiles que habrían trabajado en la Sijin y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las autoridades indican que este grupo cobraba grandes sumas de dinero para influir en procesos de lavado de activos.
Según información proporcionada por la Fiscalía, las detenciones tuvieron lugar en varias localidades del país, incluyendo Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta). Un equipo especializado de la Fiscalía realizó las investigaciones necesarias para desmantelar esta organización.
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Entre los arrestados se encuentran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos pertenecientes a la Dijin de la Policía Nacional.
También fueron capturados otros funcionarios como Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, empleados del CTI, así como Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec.
Los acusados presuntamente exigieron pagos entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares. Su objetivo era evitar medidas cautelares de extinción de dominio sobre sus bienes, eludir órdenes de captura y frustrar otras acciones judiciales.
La Fiscalía ha documentado hechos sucedidos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En varios de estos casos, los implicados se reunieron con las víctimas en Bogotá y Villavicencio (Meta), donde presentaron información confidencial sobre procedimientos judiciales para presionar y aumentar los cobros ilegales.
El ente de control también reveló que, como parte de sus acciones, algunos miembros de la red eliminaron pruebas materiales y evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones. Además, coaccionaron testigos para que dieran información falsa sobre los familiares del ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos, en represalia por la falta de pago de las sumas demandadas.
La investigación también indica que los detenidos intimidaron a uno de los investigadores principales para acceder a detalles de los procesos que les interesaban, lo que permitió a la red interferir en el desarrollo de varias diligencias judiciales.
El ente de control detalló que fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que forman parte del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, imputarán a los detenidos delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
Las autoridades han señalado que este caso evidencia la capacidad de estas redes de corrupción para infiltrarse en organismos judiciales y de seguridad, así como los peligros que representan para la transparencia institucional.
Según la información proporcionada por la Fiscalía, los nueve capturados se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las audiencias de imputación y se sigue recolectando evidencia material. La Fiscalía ha indicado que el proceso de judicialización continuará su curso y que no se descarta identificar a más personas involucradas en la red.
