Senador criticó eliminación de millonaria prima de servicios: “Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”

La eliminación de la prima especial de servicios otorgada a los congresistas ha reavivado un intenso debate político en Colombia, poniendo de manifiesto la desconexión entre una porción de la clase dirigente y la situación económica de millones de ciudadanos.

Pese a que el Gobierno avanza en la eliminación de este beneficio, varios legisladores han expresado su rechazo, alegando supuestas infracciones legales y defendiendo ingresos que sobrepasan considerablemente el promedio nacional.

La controversia aumentó después de que el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, afirmara que un congresista que percibe cerca de $32 millones mensuales “no está bien remunerado”, en una entrevista con W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La prima especial de servicios es uno de los componentes más discutidos del salario de los congresistas.

Según datos presentados en el debate público, este pago adicional asciende a cerca de $16,9 millones, que equivale a aproximadamente doce salarios mínimos mensuales, y se suma al salario base de los legisladores.

La medida, impulsada por el Ejecutivo, busca disminuir el salario total de los congresistas y otros altos funcionarios en un contexto de aumento del salario mínimo y discusiones sobre equidad social.

Zabaraín considera que la decisión no solo es inconveniente, sino también jurídicamente vulnerable. Calificó la medida como “populista” y “electorera”, argumentando que debió debatirse y aprobarse en el Congreso.

A su juicio, la eliminación de la prima afecta derechos adquiridos y podría ser impugnada en los tribunales. En defensa de esta postura, afirmó que los ingresos de los congresistas no son excesivos dado el peso de sus responsabilidades, una afirmación que provocó una oleada de críticas.

Las reacciones no se hicieron esperar. El exgobernador de Nariño y exembajador en Argentina, Camilo Romero, cuestionó públicamente esta postura.

En su cuenta en X, escribió: “El senador Antonio Zabaraín afirma que un congresista que gana $32 millones ‘no está bien remunerado’. Descarado. Esta es la clase política que insiste en mantener sus privilegios mientras menosprecia el incremento salarial de los trabajadores a dos millones. Son quienes deben ser derrotados por infames con el pueblo y Colombia”.

En contraposición a la postura de Zabaraín, otros congresistas abogaron por la eliminación de la prima, considerándola un acto de coherencia y justicia social.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, recordó al medio mencionado que durante casi una década se intentó reducir el salario de los congresistas a través de proyectos de ley que terminaron archivados.

Ella explicó que la eliminación de la prima fue la única opción viable tras el sistemático bloqueo en la Cámara de Representantes. “No podemos continuar ganando en la estratósfera mientras la gente vive con tan poco”, reiteró.

Desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo apoyó la medida, aunque solicitó que el debate se amplíe a otros altos cargos en el sector público y privado. Ocampo advierte que el problema estructural no es solo el salario mensual, sino el costo de las campañas políticas y cómo muchos dirigentes buscan recuperar esas inversiones una vez en el poder.

“Siempre he estado de acuerdo en reducir los salarios de los congresistas, pero también debería aplicarse a magistrados y otros funcionarios que asisten una vez al mes a juntas directivas y ganan 25 millones de pesos. El verdadero problema es el dinero que se gasta para ser elegido, que va de ocho a diez mil millones, y que luego tienen que recuperar del presupuesto”, destacó.

El debate también tiene un importante componente legal. La abogada Tatiana Pineda aclaró que el origen de la prima especial de servicios es legalmente cuestionable.

Acerca de los aproximadamente $35 millones que reciben actualmente los congresistas, aproximadamente $11 millones pertenecen a esa prima, creada por decretos presidenciales.

Pineda recordó que la Ley 4ª de 1992 solo permite el reconocimiento de primas bajo circunstancias específicas y no como un beneficio automático y generalizado.

En su análisis, destacó que el Consejo de Estado ya había anulado en 2013 partes de un decreto que autorizaba el pago indiscriminado de primas, precisamente por no establecer criterios claros. Posteriormente, el Decreto 2170 de 2013 volvió a establecer una prima especial de servicios, lo que, a su juicio, supera las competencias del Ejecutivo. “Un presidente no puede establecer nuevos factores salariales; eso solo puede hacerlo el Congreso mediante una ley”, advirtió, subrayando que la ilegalidad no genera derechos adquiridos.