Economia
Gobierno aprobó el inicio de la enajenación de sus activos en Coltel, operadora de Movistar en Colombia
El Gobierno dio otro paso en su plan de enajenación de activos en el sector de telecomunicaciones al fijar el precio de sus acciones en Coltel, la sociedad que opera bajo la marca Movistar en Colombia, y establecer el marco jurídico que permitirá avanzar en la venta de su participación accionaria.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto 1481 de 2025, expedido el 30 de diciembre de ese año.
Precio por acción y expectativas de recaudo
De acuerdo con el decreto, el precio de referencia para cada acción de Coltel fue establecido en $772,38, cifra que servirá como base para el proceso de oferta pública de venta de títulos. El Gobierno proyecta que la transacción podría generar ingresos superiores a $850.000 millones, los cuales ingresarán al Estado como resultado directo del plan de enajenación.
La participación estatal en Coltel asciende a aproximadamente 32,5% de la sociedad, porcentaje heredado de la histórica operación de privatización del antiguo operador estatal Telecom, y que continúa bajo control del Ministerio de Hacienda.
Movistar Foto:Google Maps
Régimen transitorio especial
Una de las piezas centrales del decreto es la creación de un “régimen transitorio especial”, diseñado para preservar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, garantizar los derechos de los usuarios y mantener las condiciones de competencia en el mercado durante el proceso de venta.
Este esquema aplicará mientras se materializa el plan de desinversión y se asegura la transición de los accionistas en la compañía.
Etapas del proceso de venta
La venta se estructurará en dos etapas:
- Primera etapa: venta exclusiva para públicos con derechos especiales, como trabajadores activos y pensionados vinculados a Coltel, sindicatos, asociaciones de empleados, fondos de pensiones, cooperativas y cajas de compensación familiar, entre otros interesados con prioridad.
- Segunda etapa: apertura al público general, incluyendo inversionistas institucionales y personas naturales interesadas en adquirir acciones.
Este diseño busca garantizar que actores locales vinculados a la empresa puedan participar antes de que el grueso de las acciones se ofrezca en el mercado amplio.
Contexto de la operación
En noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, bajo condiciones, la integración entre Tigo y Movistar, lo que marcó un hito importante para una eventual fusión que podría reorganizar el mercado móvil nacional.
Sin embargo, aunque la aprobación de la SIC representa el primer paso, aún restan etapas fundamentales antes de que la fusión sea una realidad. Para que la integración se concrete, Millicom (propietaria de Tigo) debe avanzar en la compra de la participación estatal en Coltel y, de forma paralela, en la adquisición de la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE-Tigo.
Esta última primera etapa de venta de acciones, valorada en cerca de $2,09 billones, incluyó la oferta dirigida a trabajadores, pensionados y otros grupos vinculados, según condiciones de la Ley 226 de 1995.
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