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Al cierre de 2024 advertimos que Colombia entraba en una fase prolongada de incertidumbre, bajo crecimiento, fragilidad institucional; con especiales alertas en frentes como la seguridad, relaciones internacionales, salud y el energético. El balance 2025 confirma que esas advertencias no fueron exageradas ni infundadas: describían con precisión el rumbo que terminaron tomando la economía y el país.
Se inicia el 2026 en medio de hechos relevantes para nuestro país y el mundo. El más extraordinario es sin duda la intervención del Gobierno de los Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro para su procesamiento ante la justicia norteamericana. Hecho de gran impacto en términos de política internacional, que tendrá con seguridad grandes implicaciones sobre Colombia en términos de seguridad, migración, relaciones internacionales, así como en términos económicos. Si a Venezuela le va bien, a Colombia le va bien. Un buen futuro de Venezuela es quizás la más importante oportunidad para Colombia en el futuro.
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Dentro del país, terminamos el año lleno de noticias extraordinarias, con grandes implicaciones económicas. La ‘emergencia económica’ decretada por el Gobierno y los decretos que imponen nuevos impuestos a los contribuyentes por más de 16 billones de pesos son reflejo de varias realidades:
i) El Gobierno reconoce que se encuentra en una situación fiscal muy grave.
ii) Entre las soluciones consideradas por el Gobierno no estuvo la reducción del gasto público. En su opinión, los contribuyentes deben asumir todas las necesidades que tenga el Estado.
iii) Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la situación puede ser significativamente más grave que los 16 billones.
iv) Colombia paga los intereses más altos de los emisores con riesgos económicos equivalentes, gracias a la inmensa incertidumbre que genera el Gobierno en el mercado, incluyendo la aplicación de la ‘Cláusula de escape de la regla fiscal’ que minó sensiblemente nuestra credibilidad entre los acreedores.
v) Días antes de la declaratoria de ‘emergencia económica’, el Gobierno adelantó una ‘inusual’ operación de tesorería que denota el desespero por la caja y levantó grandes preguntas entre otros acreedores.
vi) La deuda pública colombiana ha aumentado más de 370 billones durante los últimos tres años.
A lo anterior hay que sumarle la convicción que tienen la gran mayoría de los analistas constitucionales de que la ‘emergencia económica’ y las medidas derivadas de la misma no tienen fundamento y, por lo tanto, a pesar de las múltiples advertencias al Gobierno, serán declaradas inconstitucionales en unos meses, generando gran impacto durante su presunción de constitucionalidad, y gran inestabilidad en las reglas jurídicas que afectan las actividades económicas.
En otro frente totalmente distinto, el Gobierno Nacional decretó un aumento salarial del 23,7 por ciento. Fue una gran sorpresa para la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, ya que la inflación anual acumulada hasta noviembre había sido de 5,3 por ciento, la productividad total de los factores fue determinada por el Dane en 0,91 por ciento, el crecimiento del PIB en Colombia para el 2025 se espera que sea del 2,9 por ciento, se había proyectado una inflación para el 2026 ligeramente superior al 4 por ciento, y los representantes de las centrales de trabajadores habían indicado formalmente que su solicitud era de 16 por ciento. La decisión del Gobierno equivale a 4,6 veces la inflación de 2025, 5,9 veces la que era la inflación proyectada para 2026, 8,1 veces el crecimiento del PIB y un 48 por ciento de incremento frente a lo solicitado por los trabajadores en su escenario más optimista.
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Claro que esto tendrá un efecto en ingresos para alrededor de dos millones de personas que será importante, el tema es que tendrá costos inmensos para muchas personas más, especialmente los más de 11,3 millones de trabajadores informales que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, para quienes no habrá aumento salarial, pero sí gran aumento en el costo de los componentes de la canasta esencial.
El resultado será un gran empobrecimiento para todos los afectados por la inminente inflación. Una medida populista e irresponsable, pensada solo con lógica electorera que producirá gran daño general.
Por otro lado, el 26 de diciembre, el Gobierno radicó ante la Registraduría el comité de recolección de firmas para convocar una asamblea nacional constituyente. Se trata de un acto político. Más allá de la probabilidad que le asignemos, constituye un intento por modificar estructuralmente algunos de los pilares fundamentales del modelo social colombiano.
El proyecto que fue dado a conocer incluye la creación de un tribunal constitucional, la modificación del mandato fundacional del Banco de la República y la implementación de un cambio en el modelo económico del país, que sin ser detallado, habla de aumentar la participación del Estado y el mantenimiento del control sobre los denominados ‘sectores estratégicos’. Todas estas son señales muy malas para la certidumbre y la libre economía.
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Entorno internacional
El contexto global de 2025 fue exigente. El mundo avanzó hacia un orden geopolítico más fragmentado, con tensiones comerciales, reconfiguración de cadenas de suministro y una política exterior estadounidense más transaccional. Aun así, la economía global mostró resiliencia y logró crecer cerca del 3,2 por ciento.
En este escenario, Colombia requiere una política exterior prudente, orientada a reducir vulnerabilidades y fortalecer alianzas estratégicas. Sin embargo, el país introdujo tensiones innecesarias en su relación con Estados Unidos, principal socio comercial, inversionista y aliado estratégico; fricciones que respondieron más a dinámicas políticas internas y electorales que a una estrategia de interés nacional.
El deterioro de esta relación no es un asunto retórico. Tiene implicaciones concretas sobre el acceso a mercados, el financiamiento externo, la cooperación en seguridad y la percepción de riesgo del país.
Crecimiento insuficiente
En lo interno, Colombia cerró 2025 con un crecimiento cercano al 3 por ciento, mejor que el de los años anteriores. Aunque positivo, es un resultado insuficiente y sobre todo muy vulnerable.
El impulso provino principalmente del consumo de los hogares y el Gobierno, apoyado en remesas, menor inflación y una gradual normalización financiera. La inversión productiva, en cambio, continuó rezagada, afectada por la incertidumbre regulatoria, fiscal y ahora también institucional, agravada por el uso de instrumentos excepcionales.
Una economía que crece apoyada en el gasto público, mientras la inversión pierde dinamismo, reduce su crecimiento potencial y compromete su sostenibilidad. Sin inversión no hay productividad, sin productividad no hay empleo formal, y sin empleo formal no hay cohesión social ni sostenibilidad fiscal.
Empleo e informalidad
El mercado laboral reflejó estas tensiones. La tasa de desempleo disminuyó, impulsada principalmente por el crecimiento del empleo informal, que supera el 55 por ciento.
Los incrementos reales del salario mínimo en los últimos años, sin mejoras equivalentes en productividad, han expulsado trabajadores del empleo formal hacia la informalidad, reduciendo la base de cotizantes y debilitando el sistema de protección social.
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Crisis de energía y salud
Dos sectores ilustran con claridad los límites de gobernar por emergencia. En energía, la ausencia de una ruta clara de transición, el desabastecimiento de gas, el aumento de importaciones y el incremento de precios han convertido la seguridad energética en un problema económico crítico. El riesgo de un apagón dejó de ser una advertencia técnica.
En salud, la situación ya es una crisis abierta. Cierre de servicios, dificultades en el suministro de medicamentos, aumento de tutelas y presión financiera sobre clínicas y hospitales afectan directamente a los pacientes. Antes de cualquier reforma estructural, es indispensable estabilizar la operación del sistema y garantizar su financiación. El Gobierno ha olvidado a los pacientes y ha concentrado sus esfuerzos en convertirla en una causa ideológica.
Finanzas públicas
El próximo gobierno tendrá una inmensa tarea en términos de tratar de estabilizar las finanzas públicas y para esto se requerirá de un consenso nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, conscientes de la compleja realidad que hay que superar. Parece una frase ingenua, pero el tamaño del desafío es tan grande que sin duda tendremos que dar conversaciones en estos términos.
Un llamado final
El balance del 2025 deja un mensaje claro, las advertencias se cumplieron. Pero deja una advertencia adicional, quizá más importante: las crisis no se resuelven erosionando las reglas.
Colombia necesita enfrentar sus problemas con responsabilidad fiscal, respeto por la Constitución, una política exterior pragmática y una estrategia clara de crecimiento e inversión.
El 2026 será decisivo, no solo para el rumbo económico del país, sino para la solidez de sus instituciones y la confianza de quienes invierten, trabajan y producen en Colombia.
BRUCE MAC MASTER
Para EL TIEMPO
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