Petro responde por la lista de Clinton y niega uso de recursos públicos para defensa de Verónica Alcocer y Nicolás Petro

El presidente Gustavo Petro respondió de forma pública a las acusaciones sobre el uso de fondos públicos para su defensa legal tras su inclusión en la conocida lista Clinton, una medida implementada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Su reacción se dio en medio de una controversia relacionada con un contrato que abarca la contratación de abogados, junto con las dudas acerca de si este respaldo incluye a su familia. Esta información fue compartida por Semana.

Según lo mencionado, la sanción del Tesoro estadounidense también afectó a Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, lo cual ha desatado un debate político y legal sobre cómo se debe defender el Estado colombiano frente a decisiones de autoridades extranjeras.

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El jefe de Estado se expresó a través de su cuenta personal de X para contestar a las críticas de sectores opositores.

En su mensaje, Petro negó que los fondos públicos financien la defensa de personas distintas al representante legal del Estado. “¿Y quién te dijo, Paola, que los abogados, que defiende el patrimonio y la imagen pública de Colombia, como lo han hecho todos los gobiernos anteriores, protegen a las personas que mencionas?”, escribió el mandatario, dirigiéndose directamente a la senadora Paola Holguín.

El presidente amplió su postura en el mismo mensaje, diciendo: “¿De dónde sale tal calumnia? Los recursos públicos solo pueden abarcar al representante legal y, según la constitución de la nación, el representante de la nación, aunque nadie lo acepte en su sectarismo violento”. El Gobierno asegura que la contratación se limita a la defensa institucional del Estado.

La aclaración del presidente fue en respuesta a un tuit previo de la congresista del Centro Democrático, quien hizo varias observaciones sobre la naturaleza de las sanciones. En su publicación, Holguín afirmó: “Petro, algunas aclaraciones: 1. Su ingreso, el de su esposa Verónica, su hijo Nicolás y su ministro del Interior Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se debe a la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, filtración de información de inteligencia y obstrucción a la justicia. Eso nada tiene que ver con la oposición”.

La senadora añadió en el mismo mensaje: “2. Esa sanción es personal; por ende, los abogados no pueden pagarse con recursos de la Nación. El contrato que usted acepta (Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026) podría constituir un posible detrimento patrimonial y abuso de autoridad. 3. Sus tuits no engañan a nadie y los constantes escándalos de corrupción de su Gobierno le han restado cualquier legitimidad”.

Este intercambio tuvo lugar tras otro mensaje de Petro, en el que mencionó gestiones políticas en el exterior. “Eso nos trajo las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones, muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción, y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en X, publicación que precedió la respuesta de la congresista.

El contrato de defensa legal, valorado en 10.000 millones de pesos, se ha vuelto el centro del debate, ya que implica el uso de recursos públicos para contrarrestar las repercusiones de la sanción internacional. Según lo informado, este contrato corresponde a la Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026, aprobado por el Gobierno para afrontar la situación que derivó en la inclusión en la lista SDN.

Debido a esta controversia, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado una indagación preliminar. El procurador Gregorio Eljach ha ordenado iniciar acciones para determinar si existen responsabilidades disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato y el posible uso de recursos del Estado.