La destitución de Adith Rafael Romero Polanco fue oficializada en la Unidad para las Víctimas, tras siete meses en el cargo

La destitución de Adith Rafael Romero Polanco como director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue oficializada el 22 de enero de 2026, mediante el Decreto 055 emitido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Esta decisión se considera una “declaración de insubsistencia” y surge tras diversas críticas y denuncias sobre la gestión interna de la entidad responsable de la política pública para las víctimas del conflicto armado.

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El cese fue señalado por el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, y conlleva la salida inmediata de Romero Polanco, junto con la asignación temporal de Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo encargado del organismo, según informó Semana.

La revista también menciona que funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro habían solicitado anteriormente la renuncia de Romero, aunque esta se demoró debido a asuntos personales del exfuncionario.

Los antecedentes laborales de Romero Polanco dieron lugar a preocupaciones desde su nombramiento en mayo de 2025.

Por otra parte, según El Espectador, su experiencia laboral se centraba principalmente en el cargo de escolta en empresas de seguridad privada como Sevicol y Seguridad Oncor. Desde diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación se destacó la escasa experiencia para liderar la Unidad para las Víctimas, un organismo de alta sensibilidad en derechos humanos.

La llegada de Romero a la dirección de la Unidad estuvo marcada por dinámicas políticas.

Su nombramiento se debió a la recomendación de un influyente clan político de Santander encabezado por el senador Gustavo Moreno, quien llevó su maquinaria política, especialmente de Barrancabermeja, hacia la administración del organismo. Testimonios recogidos por la revista relacionan este respaldo con el apoyo parlamentario al Gobierno en el Congreso.

Existen investigaciones en curso por parte de la Procuraduría y la Contraloría sobre la gestión de Romero, tras denuncias ventiladas por Semana.

Estas investigaciones se enfocan en posibles irregularidades en contrataciones y servicios dentro de la Unidad.

Adicionalmente, la senadora Paloma Valencia hizo público un contrato directo por $112.455 millones otorgado a una unión temporal sin experiencia legal comprobada, lo que encendió alertas sobre los controles técnicos y los procesos de fiscalización en la entidad. Las denuncias también mencionan presuntas cuotas políticas y vínculos con otros congresistas, como Jairo Castellanos y Alfonso Eljach.

En cuanto a las respuestas internas, Semana informa que el DPS aclaró la asunción de Breiner Rafael Osorio Pinto como director interino.

Ni Romero ni el senador Moreno aceptaron responder a las solicitudes de información de los medios respecto a las investigaciones o los señalamientos que involucran su gestión. Voceros oficiales de la Unidad emitieron un comunicado negando cualquier irregularidad mencionada en los recientes reportes.

El contexto se vuelve aún más relevante, considerando que la Unidad para las Víctimas es la encargada de la atención y reparación integral de más de nueve millones de colombianos afectados por el conflicto armado. Los recursos y atribuciones de la entidad son esenciales para la protección de derechos y la reparación institucional.

En medio de rumores sobre esfuerzos internos para identificar la fuente de las filtraciones a los medios, persiste la incertidumbre sobre el futuro y la transparencia en la gestión de una de las entidades más críticas del sector público colombiano.