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El juez Hugo Junior Carbonó Ariza, encargado del proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la republica, fue catalogado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) como una persona en riesgo extraordinariodebido a una serie de amenazas, seguimientos e intimidaciones que han puesto en peligro tanto su seguridad como la de sus familiares.
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La decisión de elevar el nivel de riesgo a “extraordinario” fue tomadaa tras una reevaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de esa entidad. En la determinación se tuvo en cuenta la exposición mediática del caso judicial, las amenazas directas, así como hechos delictivos que ya han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.
Ante este panorama, las autoridades han dispuesto un refuerzo en el esquema de protección para el togado, que incluye desde vehículos ciegos hasta personal especializado en seguridad, con el fin de preservar su integridad y garantizar la debida administración de justicia en un proceso de alto impacto político y mediático.
Amenazas, seguimientos y contexto de riesgo
Nicolás Petro, hijo del presidente; Hugo Carbonó, juez que lleva el proceso en su contra. Foto:redes sociales
Según el informe presentado por la UNP y citado en el documento oficial, el juez ha sido objeto de amenazas sistemáticas, seguimientos en sus desplazamientos y otras formas de intimidación que, en conjunto, superan su capacidad de autoprotección. Este nivel de riesgo fue exacerbado tras su designación al caso contra Petro Burgos, que incluye cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las amenazas no se han limitado al juez. El análisis de riesgo también reporta que su hija fue abordada en Bogotá por personas que afirmaron conocer la actividad judicial de su padre, un hecho que incrementó la percepción de vulnerabilidad del núcleo familiar frente a quienes buscan desincentivar el avance del proceso judicial.
Además, el historial de intimidación contra Carbonó tiene antecedentes recientes, incluyendo mensajes y advertencias vinculadas a figuras del mundo criminal como alias ‘El Negro Ober’ y ‘Tommy Masacre’, reconocidas por su actividad delictiva en Barranquilla y alrededores, e incluso con sentencias en su contra dictadas por el mismo togado en procesos anteriores.
Riesgo extraordinario confirmado y medidas adoptadas
La audiencia se lleva a cabo este miércoles de manera virtual. Foto:Captura de vídeo
La UNP desarrolló que el nivel de riesgo para el juez es extraordinario, con una puntuación técnica que supera los umbrales ordinarios de protección, debido a la combinación de amenazas directas, contexto criminal hostil y su alta exposición pública. Este diagnóstico se basa en varias metodologías de evaluación diseñadas para medir la vulnerabilidad de funcionarios sometidos a presiones externas.
En función de esto, el Comité recomendó y la UNP adoptó una serie de refuerzos al esquema de protección ya existente para Carbonó. Entre las medidas están:
- Vehículo blindado para desplazamientos rutinarios, permitiéndole movilizarse con mayor seguridad en la ciudad y sus alrededores.
- escoltas adicionales, que trabajarán de manera coordinada para reducir el riesgo en todo momento.
- Chaleco antibalas obligatorio, que deberá portar durante cada trayecto como parte de su equipo de protección personal.
El esquema de protección fue diseñado inicialmente por la UNP con base en los riesgos identificados y ahora se refuerza ante nuevas condiciones de vulnerabilidad derivados del caso judicial en curso.
Rol del Consejo Superior de la Judicatura y coordinación institucional
Hugo Carbonó, juez que lleva el proceso en su contra. Foto:redes sociales
La resolución de riesgo también ordena al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) asumir la responsabilidad de la financiación y administración del esquema de seguridad, en virtud de sus competencias institucionales. Mientras tanto, la UNP continuará prestando el servicio bajo el principio de subsidiariedad, acompañando al juez en su protección personal y en actividades relacionadas con el cumplimiento de sus funciones.
Paralelamente, se ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las investigaciones relacionadas con las amenazas ya la Alcaldía de Barranquilla coordinar esfuerzos operativos que complementan las medidas de seguridad dentro de su jurisdicción, como parte de la cooperación interinstitucional para proteger a servidores públicos expuestos a riesgos excepcionales.
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El impacto de la exposición mediática en la seguridad judicial
Especialistas en amenazas a servidores judiciales coinciden en que casos de alto perfil como el de Petro Burgos elevan la vulnerabilidad de los funcionarios, Especialmente cuando hay difusión intensa en medios y redes sociales. La exposición puede facilitar que grupos interesados en desestabilizar o presionar el proceso identifiquen rutinas, ubicaciones y patrones del juez, algo que, según el análisis de la UNP, se ha evidenciado en los últimos meses.
La combinación de riesgos reales como mensajes de intimidación, seguimientos y antecedentes de violencia con la connotación política del caso hace que la protección no sea solo una ayuda técnica, sino una garantía del Estado para que la justicia se administre sin temor ni condicionamientos, prioridad que la UNP y otros órganos institucionales han subrayado como fundamental en todo Estado de derecho.
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