La salud será uno de los puntos decisivos para elegir al próximo presidente: así lo reveló encuesta de intención de voto

Por primera vez, la crisis del sistema de salud en Colombia ha desplazado a la corrupción y la seguridad como el eje central de la agenda electoral antes de las elecciones de 2026.

De acuerdo con una encuesta de opinión elaborada por la revista Cambio y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), las preocupaciones ciudadanas actualmente se centran en el deterioro financiero del sistema, las limitaciones en el acceso a servicios y la escasez de medicamentos, superando temas que tradicionalmente dominaban el debate público.

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Según el sondeo de Cambio/CNC, el 36,2% de los colombianos opina que la salud debe ser la mayor prioridad del próximo gobierno. El combate a la corrupción ocupa el segundo lugar con un 23,3%, y el enfrentamiento a bandas criminales solo representa un foco para el 12,5%. Este cambio indica una transformación significativa en las prioridades sociales de cara a las próximas elecciones en Colombia.

La crisis financiera que asola a hospitales y clínicas complica aún más la situación. Según informes de la Contraloría, aunque el giro directo de la Adres al sector salud aumentó un 27,2% entre 2024 y 2025, la deuda de los hospitales públicos se incrementó de 12,5 billones a 16,28 billones de pesos en menos de un año, representando un aumento del 30%.

Esta acumulación de deuda se acompaña de una distribución injusta de los recursos: en 2025, un 67,7% de los giros fue destinado a prestadores privados, mientras que los hospitales públicos solo recibieron el 23,2%.

El déficit presupuestario y el incremento de la deuda hospitalaria afectan la sostenibilidad del sistema y dificultan la prestación de servicios. Para el exministro de Salud, Fernando Ruiz, “La fragilidad financiera y operativa de los hospitales, tanto públicos como privados, es cada vez más alarmante”, sostuvo en una entrevista con Cambio.

La situación se complica aún más por la deuda acumulada de las entidades promotoras de salud (EPS), que supera los 32 billones de pesos. Según Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, “Cuando las EPS no cumplen con los pagos o los retrasan, el efecto dominó es inmediato: se interrumpe la prestación de servicios, se limita el acceso y se transfiere el costo de la ineficiencia financiera a los pacientes”, afirmó en una conversación con el medio nacional. Esta creciente brecha entre lo facturado y lo pagado ha debilitado la liquidez y la capacidad operativa de clínicas y hospitales en todo el país.

El acceso a medicamentos es otro punto crítico. La Defensoría del Pueblo señala que algunos pacientes destinan hasta el 90% de sus ingresos a la compra de fármacos que deberían ser gratuitos.

Más de un millón de acciones legales han sido interpuestas entre 2020 y 2025 debido a vulneraciones al derecho a la salud. La demora o denegación en la entrega de medicamentos esenciales, particularmente en regiones como Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y San Andrés y Providencia, afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

Según Claudia Vaca, delegada para el derecho a la salud de la Defensoría, “casi la mitad de los casos reportados por barreras de acceso a medicamentos siguen sin respuesta”. Además, el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Los Andes advierte que estas deudas obstaculizan la reposición de inventarios y generan múltiples fallas logísticas en la distribución de fármacos.

Ante este colapso, las intervenciones estatales buscan contener la crisis. Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud ha dispuesto la toma de control administrativo de al menos nueve EPS, incluidas la Nueva EPS y otras con millones de afiliados.

Sin embargo, datos de la Contraloría, citados por la revista Cambio, muestran que estas intervenciones han llevado a un aumento del 191% en el número de tutelas por acceso a salud entre 2022 y 2025.

Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, fue clara al señalar que las acciones del Gobierno han resultado en escasa o nula efectividad para mejorar el sistema y la crisis financiera de las EPS.

“Actualmente, 6 de cada 10 personas son usuarias de una EPS que está intervenida, es decir, gestionada por el Gobierno. Las medidas de intervención han sido completamente inútiles”, comentó Mayorga al medio nacional.

A pesar de los intentos del Estado, la Procuraduría General de la Nación ha advertido que la toma de control administrativo no ha significado una recuperación institucional. En la Nueva EPS, los gastos superan significativamente los ingresos y aumentan las alertas sobre las responsabilidades disciplinarias de sus directivos. La falta de un plan de acción sólido y los recursos suficientes amenazan con que la intervención solo administre el deterioro, sin arreglarlo.

El debate legislativo tampoco presenta avances. La prometida reforma a la salud, presentada por el Ministerio de Salud en marzo de 2023, tenía como objetivo rediseñar el modelo de atención, fortalecer el enfoque preventivo y transformar las EPS en instituciones gestoras de servicios de salud.

Sin embargo, tras casi cuatro años, la reforma ha fracasado dos veces en el Congreso. La principal fuente de conflicto radica en el rol de las EPS, la gestión de recursos por la Adres y el corto plazo para sanear las finanzas del sistema.

“La reforma asume que todas las EPS se convertirán en gestoras, pero para ello se les exige resolver sus problemas financieros en un tiempo muy limitado”, explicó García Ruiz a Cambio.

Además, los expertos advierten que persiste un desfase estructural entre el valor de las unidades de pago por capitación y el costo real de los servicios, lo que alimenta el riesgo de que el déficit solo se transfiera de un actor a otro si no se aborda adecuadamente.

La incapacidad del Estado y de los actores políticos para brindar soluciones claras ha convertido la crisis del sistema de salud en el eje de la campaña para 2026. Según datos de Cambio y el CNC, la preocupación por la salud entre los ciudadanos multiplica por casi tres la inquietud por el crecimiento de la criminalidad, posicionando el debate sobre la salud en el centro del escenario electoral.

Luis Jorge Hernández, del Observatorio de Salud Pública, sostiene que la próxima administración deberá reconstruir la confianza y evitar los errores de reformas fallidas. Para Clemencia Mayorga, “Hay más candidatos que propuestas”, una afirmación que destaca la falta de alternativas viables a corto plazo ante la urgencia social.