Colombia
Esto dice la carta de los camioneros a Petro: acusan incumplimiento del acuerdo del paro y advierten colapso del transporte
Las bases camioneras de Colombia, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro denunciando el incumplimiento estructural de los compromisos pactados y alertando sobre un inminente colapso del sector transporte.
El documento, dirigido a la opinión pública nacional e internacional, señala que ha pasado más de un año desde la firma del acuerdo sin avances significativos en su implementación, lo cual, según el gremio, pone en riesgo la subsistencia de más de 2,5 millones de familias que dependen de la actividad transportadora.
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Los camioneros afirman haber cumplido con todos los compromisos establecidos, incluyendo la entrega de insumos técnicos, información solicitada y una activa participación en espacios de diálogo. Sin embargo, comentan que la ejecución del acuerdo ha fracasado debido a la falta de coordinación institucional, un asunto que atribuyen a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
El gremio expresa que el Ministerio no ha logrado coordinar las entidades responsables ni garantizar el cumplimiento de las regulaciones del sector, lo que ha permitido la proliferación de prácticas ilegales y ha debilitado la gobernanza del transporte de carga en el país.
El primer punto crítico mencionado en la carta aborda la operación del sistema SICE-TAC, encargado de calcular los costos del transporte de carga. Las bases camioneras denuncian una manipulación técnica del sistema que, argumentan, disminuye artificialmente los montos a pagar a los transportadores.
Entre las principales quejas se encuentran:
- Aumentos injustificados de hasta el 120 % en el número estimado de viajes mensuales, lo que obliga a los conductores a laborar en condiciones de pérdida económica.
- Imposición de más de 100 horas laborales adicionales al mes, superando los límites legales.
- Subestimación del consumo de combustible, así como costos de mantenimiento y el valor real de los equipos.
- Parámetros de velocidad que no se corresponden con el estado real de las vías, incluyendo bloqueos, inseguridad y tiempos de espera en corredores como Bogotá–Medellín y Buenaventura.
De acuerdo con el gremio, estas prácticas fomentan la sobreexplotación de los conductores y aumentan el riesgo de accidentes viales.
El segundo punto se centra en la falta de intervención de los órganos de control. Los camioneros indican que no se ha conformado el Comité Interinstitucional establecido, que debería incluir entidades como la DIAN, la Fiscalía, la SIC, la Superintendencia de Transporte y la Procuraduría.
Según la carta, esta falta de control ha permitido infracciones como evasión tributaria, falsedad documental, descuentos ilegales y abuso de posición dominante, así como una proliferación de contratos temporales considerados irregulares.
El documento también expone irregularidades en el sector de volquetas y en los contratos de infraestructura gestionados por entidades como Invías, la ANI, gobernaciones y concesiones, donde se afirma que se paga a los transportadores sumas muy inferiores a las presupuestadas en las licitaciones públicas.
En un tercer punto, las bases camioneras destacan el incumplimiento de los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio, los cuales, según el gremio, no han participando activamente en las mesas de diálogo, pero sí han implementado medidas que afectan al sector.
Entre estas acciones mencionan el aumento del precio de ACPM, por encima de lo estipulado en el acuerdo, y el inicio de un proceso que podría imponer dumping en la importación de llantas, lo que generaría costos adicionales para los transportadores y la cadena logística.
La carta también aborda la situación del puerto de Buenaventura, denunciando prácticas irregulares por parte de navieras y patios de contenedores. Según el gremio, los camiones funcionan como bodegas sin costo, se forman filas de más de mil vehículos sin turnos de descarga y se cobran tarifas anticipadas en dólares a los importadores, a pesar de la falta de capacidad operativa.
Los camioneros piden la aplicación de los decretos 1017 y 2092, así como del artículo 1009 del Código de Comercio, y una intervención efectiva de la SIC y la Superintendencia de Transporte.
El cuarto punto menciona la situación de orden público. Las bases camioneras han reportado que en los últimos tres años y medio han sido asesinados 33 conductores mientras realizaban su trabajo, además de un aumento en la extorsión, quema de vehículos y amenazas contra líderes del gremio.
Finalmente, solicitan a la Presidencia de la República y a los organismos de derechos humanos que tomen medidas inmediatas para proteger la vida, el trabajo y la seguridad de los transportadores, resaltando que el acuerdo de 2024 es un compromiso del Estado, jurídicamente vinculante.
