Nelfy Melo, salpicada en escándalo de la Fundación San José, rechazó privilegios: “Simplemente fui una estudiante que siguió instrucciones”

El lunes 26 de enero, Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho en la Presidencia de Colombia, emitió un comunicado en el que se defiende y reafirma la legalidad y transparencia de sus títulos otorgados por la Fundación Universitaria San José. Esto ocurrió tras las acusaciones de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien reveló al menos 24 casos que demostrarían un ‘cartel de diplomas’.

En su declaración, que fue inicialmente informada por medios como Caracol Radio y más tarde divulgada por Infobae Colombia, la funcionaria garantizó haber cumplido con todos los requisitos académicos y desmintió cualquier acusación de trato preferencial debido a su posición o su relación con el Gobierno. Su defensa busca, según lo expresado en el comunicado, proteger su honor frente a las críticas en las redes sociales.

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Melo Morales subrayó que las acusaciones no reflejan su realidad profesional y argumentó que su proceso fue realizado conforme a los requisitos establecidos, sin ningún tipo de privilegio. Se distanció de la polémica surgida luego de que se conocieran investigaciones sobre otros casos de titulación en la Fundación San José, así como el anuncio del Ministerio de Educación sobre un pliego de cargos contra dicha institución.

En su explicación, la secretaria afirmó que comenzó sus estudios en el Politécnico Gran Colombiano en 2019 y más tarde homologó materias en la Fundación San José, donde aprobó todas las asignaturas requeridas. Francisco Pareja, representante legal de la Fundación, confirmó que Melo Morales cumplió con cada ciclo académico y los créditos adicionales necesarios, logrando así los títulos de Ingeniería Industrial y Administración de Empresas.

“Para quienes no están familiarizados con la dinámica académica, mi titulación múltiple no fue un evento fortuito ni irregular. Se basa en la legítima figura de la homologación y en el cumplimiento de créditos adicionales, un modelo educativo estandarizado y válido en Colombia”, declaró la funcionaria, quien es parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en su calidad de secretaria de despacho.

Asimismo, enfatizó que su proceso se fundamentó en la homologación de estudios previos y la obtención de créditos adicionales, un mecanismo reconocido por el sistema educativo colombiano. “No fueron títulos ‘simultáneos’ obtenidos de la nada, como se ha afirmado, sino el resultado de una progresión académica”, agregó en su comunicado, negando cualquier irregularidad o ventaja por su posición en el gobierno.

La funcionaria afirmó que era consciente de su obligación de presentar la prueba Saber Pro, que es un requisito legal para recibir el título profesional, y que cumplió con esta obligación según la normativa vigente. Aclaró que las ceremonias de graduación son programadas por la universidad y que el calendario de exámenes es establecido por el Icfes, al señalar que no tuvo influencia en la coordinación entre ambas entidades para la realización del examen requerido por el Estado.

Conforme a esto, la secretaria mencionó que, debido a cambios en la agenda del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, respecto a las fechas de la prueba de 2024, la universidad le solicitó que presentara una declaración juramentada. “Fue la universidad la que me expresó que este documento era un requisito obligatorio en su proceso interno, diseñado para solventar la situación generada por el cambio de fechas del Icfes”, mencionó la funcionaria.

“En esta declaración, afirmé bajo juramento que tanto mi pago como mi citación al examen eran verídicos, declaraciones que son completamente ciertas, ya que efectivamente presenté y aprobé la prueba”, añadió Melo Morales, quien negó versiones sobre posibles beneficios irregulares, “negocios” relacionados con títulos o favores políticos. Aclaró que sus títulos no resultaron en ascensos ni mejoras en sus condiciones laborales, y negó cualquier participación en actos indebidos.

Y dejó claro que “es absolutamente falso y malintencionado” plantear la existencia de un ‘negocio’ de grados para el círculo cercano del presidente. “No he buscado privilegios, ni el jefe de Estado tiene interés en participar en actos de tal índole. La mejor prueba de mi buena fe es que, hasta el día de hoy, soy parte del personal contratado bajo las mismas condiciones iniciales, sin haber recibido cambios de cargo debido a mis títulos”, recalcó.

En este contexto, Melo Morales anunció que ha presentado derechos de petición ante la universidad y las autoridades para exigir aclaraciones sobre la exposición de datos personales y la cobertura mediática de su situación sin opciones para ofrecer su versión. Además, aseguró que proseguirá con acciones legales para restablecer su reputación y obtener respuestas claras sobre sus títulos y el proceso institucional correspondiente en su caso.

“No hubo dolo, plan ni beneficio indebido; simplemente fui una estudiante que siguió las instrucciones de su universidad”, manifestó la funcionaria, quien pidió solidaridad hacia otros estudiantes afectados por la incertidumbre con respecto a la validez de sus títulos. Destacó que este problema impacta a miles de personas cuyo futuro académico y laboral depende de la legitimidad de sus diplomas, en medio del escándalo que sacude a la institución.