‘Ley SIM Card’ avanza en el Congreso para regular líneas móviles y enfrentar extorsiones que se originan desde cárceles

El Congreso de la República está avanzando en el análisis de una propuesta legislativa destinada a regular la compra y activación de tarjetas SIM y e-SIM en Colombia, en respuesta al aumento de las extorsiones en diversas regiones del país. Esta iniciativa, conocida como ‘Ley SIM Card’, se halla en su segundo debate en la Cámara de Representantes, según lo informado por Semana.

Según la información publicada, el proyecto tiene como objetivo establecer controles más rigurosos sobre las líneas de telefonía móvil, un recurso que, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, es frecuentemente empleado para realizar extorsiones, especialmente desde instituciones penitenciarias.

Durante la discusión sobre la legislación, se mencionó que el 70 % de los casos de extorsión se originan en cárceles del país, lo que ha llevado a los congresistas que apoyan la iniciativa a proponer cambios en el marco regulatorio de las telecomunicaciones móviles.

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, uno de los promotores del proyecto, explicó que la falta de controles adecuados sobre la venta de tarjetas SIM ha facilitado la perpetración de este delito. De acuerdo con sus declaraciones, actualmente no hay suficientes restricciones para la adquisición y activación de líneas móviles, lo cual dificulta la identificación de los responsables cuando estos números se utilizan para fines delictivos.

La propuesta legislativa estipula que todas las líneas telefónicas móviles deben estar obligatoriamente registradas a nombre de una persona completamente identificada. Para ello, se requiere un proceso de verificación que incluye identificación personal y validación biométrica del usuario.

El proyecto detalla que, para la venta y activación de una tarjeta SIM, “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que prestan servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar inmediatamente en sus bases de datos: el nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, el número de identificación, el tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), el número del móvil, el IMEI, el correo electrónico y los datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad, prevenir suplantaciones y establecer un responsable por el servicio de telecomunicación móvil”.

De este modo, cada número celular estaría vinculado a un usuario específico, quien sería responsable de las actividades asociadas a esa línea. La finalidad es eliminar la comercialización indiscriminada de tarjetas SIM sin trazabilidad y reducir el uso anónimo de líneas móviles.

Otro aspecto del proyecto se enfoca en el control de llamadas provenientes de centros penitenciarios. La iniciativa sugiere que el Gobierno nacional debe colaborar para “implementar el control a las llamadas desde los centros de reclusión, conforme al artículo 11 de la Ley 1908 de 2018”, utilizando sistemas tecnológicos que permitan identificar el origen de las comunicaciones.

Según el texto del proyecto, los usuarios que reciban llamadas desde cárceles deberán ser informados acerca de su origen. En este sentido, se establece que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles tendrán la obligación de advertir al receptor sobre la procedencia de la llamada, respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

La iniciativa también aborda la cancelación de líneas vinculadas a actividades delictivas. Se establece que “la Policía Nacional solicitará periódicamente a los operadores de telefonía móvil, cuando sea necesario, la cancelación de líneas asociadas a denuncias o condenas por estafas, robos o delitos tipificados por la ley”. Asimismo, se prevé que los operadores deben hacer efectivas estas solicitudes de manera inmediata.

Este aspecto pretende fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante números telefónicos identificados como utilizados para la comisión de delitos, especialmente en casos de extorsión recurrente.

Durante la presentación del proyecto, Triana destacó que el avance de esta iniciativa es crucial ante el aumento constante de la extorsión en distintas regiones del país, un fenómeno que afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general. Según el congresista, la regulación de las tarjetas SIM representa una de las herramientas propuestas desde el Legislativo para enfrentar este problema.