Colombia
Funcionario de la Alcaldía de Medellín recibió órdenes de terceros para contratos irregulares durante la administración de Daniel Quintero, dice la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación señaló que la corrupción encontrada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) no fue un evento aislado o el resultado de acciones individuales; más bien, fue el resultado de una maniobra planificada que involucró a altos funcionarios y afectó directamente la gestión regional de Medellín y otros nueve municipios en la zona metropolitana.
Durante la audiencia de imputación, el ente acusador manifestó que Juan David Palacio Cardona, anterior director del Amva, recibía órdenes de un “tercero” para nombrar subdirectores ambientales y tomar decisiones clave dentro de la entidad.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Aunque este tercero no fue identificado formalmente durante el proceso judicial, la Fiscalía dejó en el aire una de las preguntas más comprometedoras del caso: ¿quién dictaba realmente el poder detrás de las decisiones del Amva?
La audiencia virtual se llevó a cabo en el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín.
En este contexto, la Fiscalía formuló acusaciones de peculado, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado contra Palacio Cardona, así como contra Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales del Amva, y Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, según información de Caracol Radio y El Colombiano.
El fiscal anticorrupción fue claro al afirmar que el papel del exdirector fue crucial para mantener el esquema bajo investigación.
“Sin la aprobación del director, la política de contratación no habría podido mantenerse”, dijo el funcionario judicial, enfatizando que las decisiones administrativas y contractuales estaban directamente bajo la dirección general del Amva.
Según la Fiscalía, durante 2020 y 2021 se firmaron seis contratos bajo la modalidad de apoyo a la gestión, totalizando más de $18.000 millones. Estos acuerdos tenían como objetivo formar, fortalecer grupos de rescatistas y adquirir kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19.
Sin embargo, el ente acusador resaltó que los contratos fueron otorgados de manera directa, sin estudios de mercado ni verificación de precios, lo que habría generado sobrecostos y el cobro de suministros que nunca fueron entregados. Se estima que el daño al erario público ascendería a $2.481 millones.
Uno de los aspectos más graves presentados en la imputación fue la supuesta eliminación de información institucional al concluir el mandato de Palacio Cardona como director del Amva. Según la Fiscalía, el exfuncionario ordenó el formateo y borrado de datos en los equipos de la secretaría y otras áreas clave.
El propósito, de acuerdo al fiscal, era evidente: “eliminar la trazabilidad de las acciones ilegales” y dificultar la reconstrucción de las decisiones administrativas y contractuales que están actualmente bajo investigación.
La Fiscalía también destapó que parte de los fondos presuntamente malversados habrían terminado financiando la campaña política de Misael Cadavid Jaramillo para la Cámara de Representantes en el periodo 2021-2022. Cadavid, quien era gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, ya fue detenido en este proceso.
Este aspecto amplía el alcance del caso, vinculando las presuntas actividades corruptas con intereses electorales y políticos.
A pesar de que la Fiscalía no nombró oficialmente al tercero que daba instrucciones a Palacio Cardona, durante la audiencia se mencionó que documentos y declaraciones anteriores han señalado a Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como una figura influyente en decisiones estratégicas del Amva, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Este señalamiento, aunque aún no formalizado judicialmente, refuerza la hipótesis de que el Amva habría sido explotado como parte de una estructura de poder político-administrativo más amplia.
La Fiscalía fundamentó la seriedad del caso bajo la Ley 1908 de 2018, que aborda los delitos cometidos por organizaciones criminales.
“Se acredita la existencia de un grupo estructurado conformado por más de tres personas”, indicó el fiscal, al señalar que actualmente hay siete personas formalmente investigadas.
