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La crisis de Air‑e volvió a flotar este 25 de enero con la salida de Nelson Javier Vásquez Torrescuarto agente especial interventor en apenas 16 meses. La renuncia, aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reabre preguntas sobre la estabilidad de la empresa y, sobre todo, el rumbo real del proceso de intervención estatal en la región Caribe.
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Más de cinco millones de usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena siguen esperando resultados concretos de una intervención que, en lugar de estabilizar el servicio, parece sumadas medidas en una rotación de mandos, de choque y Tensiones financieras que no terminan de aclararse.
Nelson Javier Vásquez Torres fue el cuarto interventor de Air-e. Foto:archivo particular
La dimisión de Vásquez, quien había asumido el cargo en junio de 2025, se da en medio de una crisis que no cede y que ha obligado al Gobierno a tomar decisiones excepcionales. El interventor permanecerá en funciones hasta el 29 de enero. Mientras se nombra a su sucesor, para evitar dejar un vacío en la conducción de la compañía.
Su salida se suma a las de Carlos Diago, Edwin Palma —hoy ministro de Minas— y Diana Bustamante, quienes tampoco permanecieron mucho tiempo en la cabeza del proceso. El relevo constante se ha convertido en el síntoma más visible de una intervención que no logra consolidar el liderazgorumbo, ni resultados.
El hueco financiero
Air‑e enfrenta una deuda acumulada que supera los $2,5 billonessegún estimaciones oficiales, y necesitaría al menos $5,5 billones para equilibrar sus finanzas y operar con estabilidad durante un año.
Air‑e enfrenta una deuda acumulada que supera los 2,5 billones de dólares. Foto:aire-e
Sin esos recursos, la compañía se mueve en modo supervivencia: apenas logra sostener la operación y no tiene margen para inversiones que mejoren la infraestructura, reduzcan pérdidas técnicas o estabilicen la calidad del servicio. Esto explica, en buena parte, los apagones frecuentes y las fallas que aún golpean a millas de usuarios.
La crisis financiera también ha provocado medidas controvertidas: el Gobierno expidió un decreto, bajo la emergencia económica, que impone una contribución del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas generadoras para nutrir el Fondo Empresarial de Superservicios.
Además, se definió un cobro temporal de 8 pesos por kilovatio hora a todos los usuarios del país para atender deudas urgentes del sistema. Estas medidas han generado rechazo en el sector energéticoque las consideran desproporcionadas y contrarias a la estabilidad del mercado.
El Gobierno busca algo de aire
Tras la renuncia de Vásquez, se abrió el proceso para elegir al próximo interventor. Entre los nombres que se barajan están Miguel Varelaexfuncionario del Ministerio del Trabajo, y Germán Londoñoespecialista del sector energético; Cualquiera de ellos llegaría a una silla caliente que exige tanto ingeniería administrativa como manejo político.
Vásquez permanecerá en funciones hasta el 29 de enero mientras se nombra a su sucesor, Foto:cortesia
La intervención estatal —activa desde septiembre de 2024— nació con la promesa de garantizar la continuidad operativa y mejorar la prestación del servicio. Pero los resultados han sido limitados. Air‑e arrastra problemas estructurales de varias décadas: redes obsoletas, pérdidas técnicas y no técnicas elevadas, recaudo insuficiente, tarifas históricamente altas y una relación desgastada con los usuarios.
Aunque Superservicios destaca algunos avances operativos, como garantizar un porcentaje significativo del suministro de energía para 2026, estos progresos no se sienten con la contundencia esperada en los territorios. Los constantes cambios en la dirección, la falta de recursos y decisiones tardías alimentan la percepción de que el proceso está atrapado en su propia dinámica burocrática.
Las voces del Caribe: hartazgo y desconfianza
La renuncia de Vásquez provocó nuevas reacciones en la región. Líderes gremiales y usuarios coinciden en que la situación se ha vuelto insostenible. El presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, Norman Alarcón, aseguró que este nuevo cambio “agrega otro grado de incertidumbre al sector eléctrico”al representar la falta de respaldo real del Gobierno y la ausencia de medidas definitivas para salvar a la empresa.
Norman Alarcón es el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Foto:Cortesía Norman Alarcón
El gremio denunció que el Gobierno no ha tenido la voluntad política para garantizar la sostenibilidad financiera de Air‑ea a través del Fondo Empresarial, como sí ocurrió con otras empresas del sector. Crítico, además, el mantenimiento del régimen tarifario heredadoresponsabilidad compartida entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, que según la Liga elevó las tarifas a niveles nunca vistos y profundizó el desgaste social.
También advierten que, sin un replanteamiento profundo y sin cumplimiento estricto de las normas, el deterioro podría provocar un efecto dominó en el Sistema Interconectado Nacionaluna alerta que resume el trasfondo del problema: Air‑e dejó de ser solo un caso regional para convertirse en un riesgo nacional.
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El quinto interventor heredará una empresa endeudadacon usuarios exhaustos, con presiones políticas, con un territorio históricamente golpeado por el mal servicio y con un modelo tarifario cuestionado. Pero más allá del nombre del reemplazo, lo que el Caribe exige es un giro en la estrategia; de lo contrario, el cambio de interventores seguirá siendo apenas otro capítulo en una historia larga de frustraciones eléctricas.
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