Colombia
Defensoría del Pueblo respalda a la Corte Constitucional y pide acciones urgentes en Tibú y el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo expresó su apoyo al Auto 002 de 2026 emitido por la Corte Constitucional, el cual instruye a diversas autoridades, tanto nacionales como territoriales, a reportar sobre las medidas adoptadas para salvaguardar a la población de Tibú y el Catatumbo. Esta zona, situada en el norte de Norte de Santander, enfrenta una crisis humanitaria exacerbada por el incremento de la violencia armada y la consolidación de territorios por grupos armados ilegales.
La Corte Constitucional instó al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las acciones llevadas a cabo desde la emisión de la Alerta Temprana 017 de 2025.
Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Esta alerta señalaba los riesgos para la población civil que derivan de los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, así como del control territorial ejercido por el ELN, el cual ha impuesto restricciones a la movilidad y normas de conducta en las comunidades.
La Defensoría del Pueblo recordó que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se registraron situaciones como desplazamientos forzados, confinamientos, el uso de vehículos no tripulados y la presencia de artefactos explosivos en corregimientos de Tibú y El Tarra. La crisis se intensificó en los corregimientos de Pachelli, Angalia, Las Palmeras y Filogringo, donde las comunidades han experimentado serias afectaciones.
La Defensoría informó que el 31 de diciembre de 2025 alertó formalmente al Ministerio del Interior sobre la materialización de los riesgos mencionados en la alerta temprana y solicitó la pronta implementación del plan de acción recomendado. En enero de 2026, una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica verificó la situación en el terreno.
“Estas afectaciones fueron comprobadas directamente por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria que tuvo lugar entre el 6 y el 8 de enero de 2026 en Catatumbo, junto a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, actuando como Comisión Humanitaria”, comunicó la entidad.
El Auto 002 de 2026 ordenó al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), presentar un informe detallado en un plazo de diez días sobre la coordinación y los resultados de los planes de respuesta estatales a la Alerta Temprana No. 017 de 2025. El informe deberá incluir la existencia de un plan de acción integral, responsables, mecanismos de coordinación, medidas diferenciales para la población firmante de paz y resultados verificables.
A la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, la Corte solicitó que informen cómo han integrado la alerta temprana en sus planes de prevención y contingencia, qué acciones se activaron, cómo coordinaron la respuesta con el nivel nacional y qué recursos públicos se asignaron. Se requiere detallar montos, fuentes de financiación y la coherencia entre necesidades identificadas y recursos asignados.
La Corte Constitucional monitorea la respuesta institucional para verificar si las medidas implementadas han resultado en una protección efectiva y coordinada de la población civil. Las Salas Especiales de Seguimiento han observado que, a pesar de algunas acciones, la emergencia humanitaria persiste y los esfuerzos estatales no han producido resultados sostenibles.
La Defensoría del Pueblo subrayó la urgencia de que el Gobierno nacional cumpla a cabalidad con lo ordenado por la Corte Constitucional e implemente las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025. El propósito es evitar nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
“Este fallo busca que las entidades responsables rindan cuentas sobre las medidas adoptadas frente a los riesgos ya mencionados en la Alerta Temprana 017 de 2025, en la que se alertó sobre una grave situación de seguridad y posibles violaciones de derechos humanos en esta zona del país”, resaltó la Defensoría del Pueblo.
La Corte Constitucional seguirá con un monitoreo exhaustivo de la situación humanitaria en el Catatumbo, asegurando que las autoridades nacionales y territoriales implementen acciones oportunas, coordinadas y efectivas para proteger a la población civil afectada por la violencia y el desplazamiento forzado.
