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La Corte Suprema de Justicia ha decidido suspender las interceptaciones a la línea telefónica a nombre de Jaime Ramírez Cobo, una figura clave en el escándalo de presunta corrupción vinculado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), tras descubrir que el presidente Gustavo Petro hacía uso de dicha línea.
Esta decisión, según informa Semana, tiene un impacto directo en la investigación que involucra a congresistas y altos funcionarios de la Casa de Nariño, dado que las evidencias recolectadas a través de la línea ahora restringida incluyen comunicaciones directas del presidente y de la embajadora Laura Sarabia en el Reino Unido.
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Desde el despacho del magistrado Misael Rodríguez, la indicación fue clara ante el descubrimiento: “Esa línea no podía continuar siendo interceptada”, informó una fuente judicial al medio mencionado.
Esta rápida reacción contrasta con situaciones anteriores, como el caso del expresidente Álvaro Uribe en 2018. En esa ocasión, la Corte Suprema, que también investigaba a Uribe, mantuvo las escuchas de las llamadas, incluso después de confirmar que se trataba de conversaciones entre Uribe y su abogado, argumentando que había competencia judicial para hacerlo.
En cuanto a Gustavo Petro, el alto tribunal no tiene la potestad de investigar al jefe de Estado, quien actualmente no enfrenta ningún tipo de proceso en esa corporación.
Así lo confirmaron fuentes del alto tribunal a Semana, situando el uso de la línea en el centro del debate: no se ha aclarado oficialmente por qué el presidente usaba el número de Ramírez Cobo, señalado como operador político al servicio de congresistas y funcionarios.
Ramírez Cobo, quien trabajó en la Presidencia hasta el 31 de enero de 2024, mantuvo una relación de confianza con Laura Sarabia, con quien estuvo vinculado de manera cercana al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Su cercanía ha llevado a que, según lo reconstruido por Semana, su línea estuviera disponible eventualmente para el presidente. No obstante, no hay una explicación oficial sobre dicho uso, lo que añade incertidumbre al caso.
El número intervenido pertenece a un hombre mencionado en varios testimonios en la investigación, en los que se indica que él actuaba como facilitador en la asignación de contratos públicos y en gestiones legales para asegurar esos trámites.
La Fiscalía General de la Nación posee chats y grabaciones en los cuales Ramírez Cobo está involucrado en la gestión de fondos desde el Ministerio de Hacienda por más de 700.000 millones de pesos.
En uno de estos intercambios, se documentó que Ramírez envió a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, una matriz de contratos por 92.000 millones de pesos dirigida a tres municipios.
Estas listas de contratistas fueron proporcionadas directamente por representantes a la Cámara: se destacan los nombres de Wadith Manzur, de Córdoba, y Karen Manrique, de Arauca, según chats entregados por la exasesora del ministro Bonilla.
La razón de la intervención telefónica se basa en la necesidad de esclarecer la posible responsabilidad de parlamentarios aforados, ya que Ramírez Cobo actuaba como el enlace entre ellos y la administración pública, según la Corte Suprema. Aunque él no tiene fuero y, por lo tanto, no está bajo investigación directa por la Corte, su papel ha sido fundamental para fortalecer el caso contra los legisladores involucrados.
Desde el punto de vista judicial, no hay actualmente ningún cargo formal ni investigación abierta contra Ramírez Cobo, excepto por el testimonio directo de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien lo identifica como intermediario entre legisladores y dicha cartera.
Otro testimonio incluido en el caso no aportó elementos significativos para la Fiscalía, que ahora busca obtener una nueva declaración que le permita avanzar hacia una imputación formal.
Fuentes cercanas al proceso han indicado a Semana que, si se formaliza su vinculación, se le podría ofrecer un preacuerdo a cambio de colaboración en la investigación contra el exministro Luis Fernando Velasco.
En marzo de 2025, se reportó que Ramírez Cobo se fue de vacaciones a Europa, coincidiendo con la reactivación de la investigación tras las acusaciones contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron señalados como testigos clave. Las pruebas en poder de la Fiscalía indican que Ramírez mantuvo conversaciones con Pinilla y Benavides para acelerar contratos destinados a beneficiar a contratistas indicados por legisladores.
En resumen, la suspensión de las interceptaciones ordenada por la Corte Suprema evidencia la fragilidad de los controles en torno al uso de líneas institucionales y la complejidad del entramado político y judicial que involucra al exasesor Ramírez Cobo y la cúpula del poder colombiano.
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