Exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, acusado por contrato irregular y peculado por más de $20.900 millones

El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue formalmente acusado el miércoles 28 de enero ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en relación con un contrato millonario de obra vial que supera los 20.900 millones de pesos, según El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación aclara que la acusación se centra en el contrato de obra No. 544, firmado el 26 de diciembre de 2014 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Desarrollo Vial Arauca, cuyo valor original fue de $16.387.075.143. Posteriormente, este contrato fue ajustado el 20 de agosto de 2015, añadiendo $4.572.396.230, elevando el costo total a más de 20.900 millones de pesos.

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Durante la audiencia, la Fiscalía especificó las supuestas irregularidades que se habrían llevado a cabo desde la fase de planificación del proyecto. Entre los principales señalamientos se encuentra la apertura del proceso de licitación sin llevar a cabo estudios previos de conveniencia y necesidad, así como la falta de análisis técnicos y económicos esenciales, como la planificación de la red eléctrica subterránea y la adecuada gestión predial.

“La Gobernación del departamento de Arauca, bajo la administración del doctor José Facundo Castillo Cisneros, gestionó y celebró el contrato de obra N° 544 del 26 de diciembre de 2014 con el consorcio ‘Desarrollo Vial Arauca’, cuya finalidad fue la construcción de la vía de doble calzada desde la Calle 13 con Carrera 16 hasta la Calle 1A, rom punto del monumento del Coleo Brigada 18, municipio de Arauca”, especificó el ente acusador.

La Fiscalía determinó que estas irregularidades comprometieron los principios de la contratación estatal, afectando la transparencia, planeación, economía y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Además, se estimó un detrimento patrimonial de más de 2.818 millones de pesos, provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP).

Uno de los aspectos más críticos subrayados por la Fiscalía se relaciona con los estudios previos del proyecto, que no incorporaron actividades esenciales para la obra, tales como la conexión de estructuras de alcantarillado pluvial y sanitario. También se omitió la gestión predial necesaria para asegurar la adquisición de los terrenos requeridos, lo que es un requisito legal fundamental para proyectos de infraestructura pública.

“No se definieron los términos y condiciones para la gestión y adquisición de los predios necesarios para llevar a cabo un proyecto de infraestructura considerado de utilidad pública e interés social”, advirtió la Fiscalía.

Estas carencias podrían haber causado serias falencias en la planificación contractual, limitando la libre concurrencia de oferentes y perjudicando el desarrollo social y económico de Arauca.

El exgobernador de Arauca, que ocupó cargos entre 2012-2015 y 2020-2021, ya se encuentra involucrado en varios procesos penales y disciplinarios por corrupción en la contratación estatal. En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 12 años y dos meses de prisión por favorecer al Consorcio Educando Arauca en la dotación de mobiliario para escuelas, a través de un proceso de licitación con condiciones restrictivas.

Además, en octubre de 2021, Castillo Cisneros fue detenido e imputado por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y financiación del terrorismo, presuntamente por conceder contratos a personas vinculadas con la guerrilla del ELN a cambio de protección política y armada.

Durante la audiencia, la Sala Especial de Primera Instancia reconoció a la Gobernación de Arauca y a la Contraloría General de la República como víctimas dentro del proceso penal, remarcando la gravedad del presunto desfalco y detrimento al erario público.

La Fiscalía subrayó que las acciones de Castillo Cisneros perjudicaron la ejecución de la obra vial, comprometiendo la calidad de vida de los ciudadanos y el patrimonio del departamento, al no adherirse a los principios de transparencia, planeación, economía e imparcialidad establecidos en la Constitución y la Ley 80 de 1993.