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Las autoridades judiciales han determinado que la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, ocurrida en octubre de 2002, constituye un crimen de lesa humanidad.
Esta calificación, establecida en una providencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá fechada el 7 de abril de 2025, llevó a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una investigación penal contra Luis Alberto “Lucho” Herrera, excilista profesional, y su hermano Rafael Herrera Herrera, ambos acusados de participación directa en estos hechos.
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El proceso cobró relevancia después de que, el 28 de enero de 2026, la Fiscalía anunciara la apertura formal de la indagatoria tras recoger varios testimonios que se consideran fundamentales para esclarecer la supuesta responsabilidad de los hermanos Herrera.
Según Noticias Uno, una de las declaraciones más impactantes fue la de un exparamilitar conocido como Ojitos.
Este individuo relató: “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”.
Otro implicado en el grupo armado, llamado ‘Menudencias’, proporcionó información acerca del destino de las víctimas, quienes supuestamente fueron asesinadas y enterradas en terrenos adyacentes a la finca de Herrera.
En su declaración, citada por el medio mencionado, especificó: “Metimos dos en el platón y dos adelante, los inhumanos en la vía Novilleros al Aguadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”.
Los testimonios de ambos paramilitares, que afirmaron haber actuado bajo órdenes de Herrera, también mencionaron la presunta entrega de $40 millones para la compra de armas y motocicletas para el grupo armado involucrado. Se indica que la motivación fue la creencia de que las víctimas planeaban secuestrar al exciclista, lo que les otorgó el estatus de milicianos de la guerrilla.
Las investigaciones judiciales permitieron, en 2008, el hallazgo de los cuerpos de dos de las víctimas en Silvania (Cundinamarca) y, tras el trabajo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), fueron entregados a sus familiares en diciembre de 2025. La Fiscalía informó que la identificación se logró mediante el análisis de muestras biológicas, mientras que la búsqueda de los dos campesinos restantes continúa.
Paralelamente, durante la instrucción penal por desaparición forzada, se incluyó un nuevo cargo contra Rafael Herrera Herrera: el delito de “acceso carnal violento” contra una menor de edad. La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, comunicó el 28 de enero que la posible agresión sexual se descubrió como parte de las pesquisas relacionadas con la actividad de los hermanos Herrera en la región del Sumapaz, durante el periodo investigado.
Los dos acusados serán formalmente vinculados en una indagatoria programada para el 6 de febrero por el delito de desaparición forzada, mientras continúan las investigaciones sobre los demás cargos señalados por la Fiscalía General de la Nación.
Las recientes acciones judiciales que implican al exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera han suscitado reacciones en su círculo cercano, donde insisten en que el proceso legal se basa en información errónea.
El abogado Hernando Benavides, representante de Herrera, fue categórico al declarar ante El Tiempo que, debido a que el caso está cubierto por la ley 600, no puede divulgar detalles públicos sobre el contenido del proceso.
Sin embargo, Benavides sí confirmó que fue la propia defensa del campeón de la Vuelta España en 1987 quien solicitó la indagatoria ante la Fiscalía. Según sus palabras, buscan aclarar la conducta del exciclista y, además, refutar las “falsas versiones” que, a su juicio, dieron lugar a una “sentencia anticipada” contra el individuo que impulsó la investigación hacia los hermanos Herrera.
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