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Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien admitió haber liderado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Barú, cerca de Cartagena en Colombia, afirmó conocer a los que dieron la orden. También hizo mención de una poderosa organización criminal transnacional detrás del homicidio.
En un testimonio brindado en una entrevista a Caracol Radio, declaró que la verdad permanece oculta debido a la falta de voluntad institucional y a los riesgos que conlleva revelar los nombres de los responsables.
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Durante la conversación, Pérez Hoyos afirmó que el asesinato de Pecci fue ordenado por una entidad criminal de alcance internacional y con recursos prácticamente ilimitados.
“Se trata de una organización extremadamente poderosa fuera del país, que tiene la capacidad de hacer lo que desee, incluyendo asesinatos,” expresó, aunque se abstuvo de proporcionar nombres o detalles sobre sus miembros.
El confeso autor del crimen indicó que su participación se dio bajo órdenes directas de sus superiores en esa organización, a la que pertenecía desde hacía varios años. “Este trabajo me llegó por instrucción de los jefes,” explicó, reiterando que actuó desde una posición subordinada.
Admitió que sus motivaciones estaban impulsadas por la ambición personal, afirmando: “Lo hice con un corazón lleno de codicia para avanzar en la organización sin considerar las consecuencias.”
También mencionó que se ofreció una recompensa de 3 millones de dólares para silenciar a los implicados en el crimen, indicando que esta oferta está diseñada para asegurar la impunidad de quienes ordenaron el homicidio y evitar que se revelen los autores intelectuales.
En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Pérez Hoyos expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a la familia del fiscal asesinado. “Quiero aprovechar este espacio para, de todo corazón, pedirles perdón,” aseguró, refiriéndose al daño ocasionado a los familiares de Pecci, especialmente a su madre y hermanos.
Asimismo, afirmó que intentó colaborar con la justicia desde el principio, pero que sus aportes fueron desestimados.
En este contexto, apuntó directamente al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien acusó de bloquear la escucha de su información. “Me manifestó en múltiples ocasiones que no le interesaba ese contenido,” indicó.
De acuerdo a su narración, este bloqueo ha dificultado la identificación de los responsables intelectuales del crimen. Además, agregó que su vida corre peligro debido a posibles represalias de la organización criminal, que según dijo, habría destinado cerca de tres millones de dólares para asesinarlo a él y a otros involucrados desde el último año.
El testimonio abarcó serias alegaciones sobre supuestas irregularidades judiciales que, según expresó, también habrían afectado a su familia. Afirmó que su esposa fue injustamente procesada y que su defensa descubrió recientemente una supuesta ocultación de pruebas que podrían haber demostrado su inocencia.
Respecto a posibles conexiones con conocidos criminales de Medellín, Pérez Hoyos negó conocerlos directamente, aunque reconoció que en el mundo del crimen los alias complican la identificación real de las personas.
Finalmente, reiteró su disposición de colaborar con la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación y aseguró que solo un marco legal adecuado permitiría revelar la verdad completa. “Sí, sé quiénes son los autores intelectuales,” concluyó, insistiendo en que la justicia colombiana tiene el poder para esclarecer uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.
A este escenario se suma una nueva acción legal emprendida por la familia del fiscal paraguayo. Los familiares de Marcelo Daniel Pecci Albertini han interpuesto una demanda de reparación directa que reclama una indemnización superior a 2.000 millones de pesos contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de Colombia y la cadena Hoteles Decameron, argumentando que el homicidio fue posible debido a fallas graves en seguridad y prevención.
De acuerdo con la demanda, la Policía Nacional solo actuó después de que el crimen se había consumado, a pesar de que —según el documento— el plan para asesinar a Pecci se habría activado el 2 de mayo de 2022, ocho días antes del ataque que ocurrió el 10 de mayo, mientras el fiscal se encontraba de luna de miel en las playas de Barú en Cartagena. Para la familia, esta reacción tardía constituye una omisión crucial.
El documento judicial argumenta que tanto el Estado colombiano como la cadena hotelera deben ser responsables por los daños causados. “Se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —Ministerio de Defensa y Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado,” se indica en la demanda citada por el juzgado.
Además, los demandantes aseguran que varios de los implicados en el crimen ya tenían condenas vigentes, lo que, en su opinión, evidencia una falla estructural en la acción estatal para neutralizar la amenaza.
En el caso de Hoteles Decameron, la familia Pecci sospecha una posible filtración de información sobre la ubicación del fiscal, lo cual habría hecho más fácil la ejecución del asesinato.
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