Colombia
Consejo de Estado se declara competente para tramitar demanda de pérdida de investidura a Gustavo Petro como senador
El Consejo de Estado determinó que tiene la autoridad para tramitar una demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro por acciones durante su tiempo en el Senado, según lo reporta El Tiempo.
La Sala Plena del tribunal revisó el caso tras un largo debate jurídico sobre la viabilidad de una demanda dada la actual condición de Petro como Presidente, quien tiene un fuero especial de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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La demanda fue interpuesta en noviembre de 2022, poco después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia. El caso, abierto en febrero de 2023, estuvo inactivo casi dos años hasta que la Sala Plena del Consejo de Estado se reunió el 10 de febrero de 2026 para determinar si podía proceder con la solicitud, a pesar de que el demandado ya no era senador.
La Sala consideró que la reclamación se refiere a eventos que ocurrieron durante el periodo parlamentario y, aunque el demandado es ahora jefe de Estado, los hechos investigados destacan su actuación como congresista.
Según El Tiempo, la cuestión clave era: “¿Es competente el Consejo de Estado para conocer de una solicitud de pérdida de investidura de un senador cuando el demandado es Presidente de la República en ejercicio?”
La demanda contra Petro se basa en supuestas inasistencias no justificadas en sesiones plenarias del Senado en 2018. Se alega que el entonces senador dejó de asistir a al menos cinco sesiones sin justificar adecuadamente sus faltas. Una de ellas se atribuye a razones médicas, pero la justificación presentada por el médico privado Jorge Barrios no fue registrada ni validada por la EPS Sanitas, como requiere el reglamento.
El mismo medio citó el documento aclarando que: “El 28 de agosto de 2018, el señor Petro Urrego no asistió a la sesión plenaria programada para ese día, alegando que sufría de una tortículis según lo expuesto en la justificación dada por el médico privado Jorge Barrios. La justificación no fue registrada ni validada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”.
La demanda sostiene que “es habitual que los legisladores busquen consultorios poco confiables para validar sus inasistencias, y por ello, el sector público necesita un control más riguroso sobre aquellos servidores públicos que intentan justificar sus faltas mediante tales prácticas”.
El demandante solicita la aplicación del parágrafo 2 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, que prevé la pérdida de investidura por “inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias donde se discutan proyectos de ley o mociones de censura”.
En noviembre de 2022, el Consejo de Estado había determinado que no era competente para tratar demandas de pérdida de investidura contra congresistas que ya ocupan la Presidencia. El argumento principal era que el tribunal debía abstenerse debido al fuero presidencial que se les otorga.
Sin embargo, el demandante presentó un nuevo recurso, lo que llevó a la Sala Plena a reconsiderar y aceptar la demanda. Según lo informado por Semana, los magistrados concluyeron que “sí tienen competencia y ahora se iniciará una investigación al mandatario por la demanda que fue presentada en su contra por pérdida de investidura durante su periodo como congresista”.
La revista destacó que la causal mencionada en el recurso está contemplada en el artículo 183 de la Constitución, y que el proceso se inicia en primera instancia en el contencioso administrativo, reconociendo la representación legal de Pedro Alejandro Carranza como abogado defensor de Petro.
De acuerdo con El Tiempo, la decisión del Consejo de Estado no afectará directamente a Petro, ya que ya no ocupa su cargo en el Senado. Sin embargo, el caso podría establecer un precedente sobre la competencia de los tribunales para abordar demandas de pérdida de investidura cuando el demandado ha cambiado de puesto y cuenta con fuero especial.
Además, la resolución profundiza el debate institucional entre el presidente y las cortes, en un contexto de tensiones previas relacionadas con investigaciones que involucran su administración.
Semana también observó que este proceso podría generar una nueva controversia política y legal, en un ambiente donde Petro ha criticado decisiones recientes del tribunal, como la autoridad otorgada al Consejo Nacional Electoral para investigar posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.
