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El anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de poner un impuesto al patrimonio a las grandes empresas para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias no ha sido bien recibido por el sector empresarial, el cual asegura que este nuevo tributo afectaría la inversión y el empleo del país. Adicional a ello, diferentes expertos señalan que no podría ser recaudado de manera inmediata, con lo cual no serviría para obtener los recursos rápidos que se necesitan.
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Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:ELTIEMPO.
En total, el Gobierno busca que sean unas 15.000 empresas las que asuman esta mayor carga que estaría establecida en un nuevo decreto de emergencia económica que buscaría recaudar 8 billones de pesos para enfrentar los efectos de las inundaciones en diferentes departamentos, como es el caso de Córdoba.
Según Ávila, empezarían a pagar una tarifa de 0,6 por ciento las que tengan patrimonios líquidos de 10.000 millones de pesos y una tasa de 1,2 por ciento, las de 30.000 millones de pesos o más.
“Se trata de un impuesto a la inversión, a la decisión de las empresas de tener recursos para desarrollar el país. Se suma a las tributarias, a las decisiones de impuestos al uso de energía o en materia laboral, a las actuaciones de la Superindustria y a la estigmatización del sector empresarial, entre muchas otras acciones. Atacar a las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo y oportunidades”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
En la misma línea, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, comentó que este impuesto no existe en casi ningún lugar del mundo y que solo nos empobrecería más y nos dejaría peor para futuras calamidades. “¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio de las empresas?”, sentenció.
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Trabajadores. Foto:Banco de Bogotá
Por su parte, el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, afirmó que gravar la riqueza y la inversión productiva con un impuesto al patrimonio a empresas seguirá espantando la inversión.
“¿Acaso no se dan cuenta que la relación inversión a PIB es hoy la peor en más de dos décadas? ¿Acaso no se dan cuenta que es con más inversión que aumenta el crecimiento y el empleo? ¿Acaso no está viendo que los grandes capitales se están yendo del país?”, sostuvo.
Investigadores del Banco de la República aseguraron en un informe publicado en junio del 2025 que esta política fiscal implementada en Colombia en 2010 para afrontar un inesperado impacto climático de La Niña afectó la estructura de capital de las empresas afectadas, así como los ingresos, la inversión, la productividad y el empleo, entre otros.
Según sus investigaciones, las empresas afectadas que anticiparon el impuesto sobre el patrimonio recibieron significativamente menos crédito bancario y tuvieron tasas de interés de préstamo más altas que las empresas que no anticiparon el impuesto.
“Nuestros resultados sugieren que el impuesto al patrimonio causa diversas distorsiones financieras y reales en las pymes. Este impuesto actúa como una “confiscación” del capital de la empresa y, por lo tanto, reduce su rentabilidad actual y esperada, desincentiva nuevas inversiones y también afecta la provisión de crédito bancario y comercial”, se puede leer.
¿Cuándo se recaudarían los impuestos?
La cuestión, según diferentes expertos, es que los recursos de este impuesto tampoco llegarían de inmediato. Esto por cuenta de que se trata de un tributo directo, el cual se recauda cuando los contribuyentes presentan sus declaraciones ante la Dian, algo que para las compañías ocurre generalmente entre marzo y abril del año siguiente al periodo fiscal.
Gobierno quiere sacar una nueva emergencia económica. Foto:iStock
“Si el Gobierno quiere colocar un impuesto al patrimonio a las empresas hoy, este será pagadero en el 2027, porque los activos y pasivos, que son los que lo conforman, están en el impuesto de renta y se causan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Este es el problema que no han entendido”, aseguró el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, quien catalogó la medida como “antitécnica” y hasta “expropiatoria”.
Una opinión similar comparte Luis Fernando Calderón, director de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, quien considera que este impuesto no caería automáticamente a las arcas públicas en el momento en que se anuncie.
“Incluso si el impuesto se aprueba en el primer trimestre de 2026, el grueso del recaudo no se materializaría hasta que las compañías presenten su declaración en 2027. Esa mecánica implica que los recursos no estarían disponibles de forma inmediata para atender la emergencia climática”, manifestó.
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Adicional a ello, surge el interrogante de si con este nuevo impuesto se está cayendo en una doble tributación, ya que el patrimonio de las empresas, en últimas, corresponde al de sus socios.
En ese sentido, Junco afirmó que hoy en día una empresa paga una tarifa de renta de 35 por ciento y, a su vez, los socios que reciben utilidades tienen que hacer frente a dividendos, los cuales pueden ser hasta del 39 por ciento.
Comercio. Foto:Mauricio Moreno / El Tiempo.
“Es muy difícil que las empresas sobrevivan si les mandan pagar un impuesto al patrimonio. La carga tributaria no solo está en el impuesto a la renta, en la sobretasa, en la ganancia ocasional, en el IVA, sino en los dividendos que reciben los accionistas, si llega a haber utilidades y también en el impuesto al patrimonio que pagan esos accionistas. Las empresas tendrán dos opciones, cerrar o evadir”, aseguró el exfuncionario, quien recordó que las empresas ya han sido asfixiadas con el impuesto de retención en la fuente.
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También es importante resaltar que según un informe de la firma PwC, Colombia es el país con la tasa corporativa más alta de la región y de la Ocde, con una tasa de 35 por ciento.
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