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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó el Índice de Pobreza Digital (IPD), la primera medición oficial que cuantifica las privaciones digitales en Colombia, y reveló que 16,79 millones de personas, equivalentes al 37,9 por ciento de la población mayor de 11 años, enfrentan limitaciones en conectividad, acceso a dispositivos o habilidades digitales. El documento técnico advierte que estas barreras inciden directamente en la capacidad de estudiar, trabajar, acceder a servicios del Estado y participar en la economía digital.
Según el informe, el IPD adopta un enfoque basado en privaciones y se articula con la visión de pobreza multidimensional. El objetivo es “identificar y cuantificar las privaciones digitales específicas que enfrenta la población colombiana”, así como “focalizar eficientemente los recursos y esfuerzos gubernamentales hacia las áreas y grupos más afectados”
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El documento señala que la pobreza digital no se limita a la ausencia de conexión. Se estructura en tres dimensiones: conectividad digital de calidad, acceso a dispositivos adecuados y habilidades digitales básicas. Una persona se considera en privación si no cuenta con internet fijo o móvil con una velocidad mínima estimada de 5 Mbps por persona, si no dispone de un dispositivo por cada integrante mayor de 11 años en el hogar o si carece de competencias digitales esenciales.
En el caso de la conectividad, el DNP establece que un hogar presenta privación cuando no tiene internet fijo o móvil, o cuando la velocidad promedio de descarga por persona es inferior al umbral definido. Para ello se utilizan datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE y registros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), lo que permite estimaciones a nivel municipal y departamental.
El informe precisa que “alrededor de 16,79 millones de personas se encuentra en condición de pobreza digital, que equivale al 37,8 por ciento del total de personas mayores de 11 años (44,33 millones)”.
Esta medición confirma que cerca de cuatro de cada diez colombianos tienen restricciones para interactuar plenamente con el entorno digital.
El documento puede ser tramitado en dos formatos. Foto:iStock
La segunda dimensión del índice evalúa la disponibilidad de terminales como computadores de escritorio o portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. De acuerdo con la Canasta Básica TIC (CBT), contar con un dispositivo adecuado es un requisito para habilitar la conectividad con calidad.
El IPD considera que un hogar está en privación cuando el número total de dispositivos —incluidos smartphones— es inferior al número de personas mayores de 11 años que lo integran. Además, se incorpora el uso efectivo de estos equipos, medido a partir de la frecuencia declarada en la ECV. Si una persona no utiliza internet o dispositivos al menos una vez por semana, se considera en situación de privación.
El documento advierte que el uso de dispositivos en el país se concentra en entretenimiento y redes sociales, lo que evidencia una brecha entre acceso y aprovechamiento productivo. También señala que la persistencia de equipos antiguos o de baja gama limita el acceso a aplicaciones y servicios avanzados, generando nuevas formas de exclusión tecnológica.
La persistencia de equipos antiguos o de baja gama limita el acceso. Foto:iStock
La tercera dimensión analiza las habilidades digitales básicas, definidas como prácticas concretas que evidencian la capacidad de usar herramientas digitales para fines educativos, laborales y de información. El informe destaca que la carencia de estas competencias constituye una de las principales barreras para la inclusión.
En Colombia, la dimensión de habilidades digitales aporta la mayor proporción a la brecha digital, con una participación de 35,1 por ciento, según antecedentes del índice de brecha digital del MinTIC citados en el documento. Esto indica que, aun cuando exista acceso material, la falta de capacidades limita el aprovechamiento de la tecnología.
El IPD también identifica diferencias significativas por nivel de ingreso, edad, sexo, ubicación urbana o rural y pertenencia étnica. Departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés presentan mayores niveles de incidencia. Asimismo, los hogares del quintil de menores ingresos exhiben tasas de desconexión muy superiores a las de los quintiles altos, lo que refleja una relación directa entre pobreza monetaria y exclusión digital.
El DNP sostiene que la pobreza digital puede profundizar ciclos de vulnerabilidad y consolidar una “trampa de pobreza”, en la medida en que limita la posibilidad de invertir en educación, mejorar la empleabilidad y acceder a oportunidades productivas. En este contexto, el IPD se plantea como herramienta para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir las brechas digitales y promover una inclusión más amplia en la economía del conocimiento.
Celulares Foto:iStock
El DNP recomienda que las estrategias no se limiten a ampliar la cobertura de internet. Las acciones deben abordar simultáneamente conectividad de calidad, acceso a dispositivos adecuados y fortalecimiento de habilidades digitales, dado que la pobreza digital es multidimensional y acumulativa.
Se sugiere focalizar recursos en departamentos y municipios con mayores niveles de incidencia, especialmente en zonas rurales y apartadas como Vichada, Guainía y Vaupés. La asignación debe basarse en evidencia territorial para reducir brechas regionales.
El informe enfatiza la necesidad de facilitar el acceso a computadores, tabletas y teléfonos inteligentes con capacidad suficiente para soportar aplicaciones modernas. Se plantean esquemas que incluyan subsidios, financiamiento blando o programas de dotación dirigidos a hogares de bajos ingresos y estudiantes.
El DNP recomienda fortalecer programas de alfabetización digital, con enfoque diferencial para personas mayores, población rural y comunidades étnicas. La formación debe orientarse no solo al uso básico, sino al aprovechamiento productivo de herramientas digitales.
Se plantea coordinar esfuerzos entre entidades del orden nacional y territorial, así como con el sector privado y organizaciones sociales, para optimizar recursos y evitar duplicidades. El índice puede servir como instrumento de planeación y seguimiento.
El documento señala que la exclusión digital está vinculada a la pobreza por ingresos. Por ello, recomienda integrar estrategias digitales con programas sociales existentes, de modo que la inclusión tecnológica acompañe procesos de generación de ingresos y empleabilidad.
Se sugiere institucionalizar la medición del Índice de Pobreza Digital como herramienta permanente de seguimiento, permitiendo evaluar avances, identificar retrocesos y ajustar políticas según resultados.
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