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Con el objetivo de atender las afectaciones de las intensas lluvias que hay en el país, en especial, en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro revivió la propuesta de poner en marcha un decreto de inversiones forzosas que permita destinar los recursos del sector financiero.
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Presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros. Foto:Captura de pantalla.
“Saldrán decretos sobre la inversión forzosa”, aseguró el mandatario el jueves en la noche durante un Consejo de Ministros.
La idea de poner inversiones forzosas a este sector no es nueva. De hecho, el mandatario quiso colocarlas hace dos años para reactivar la economía, pero finalmente el sector llegó a un acuerdo con el Gobierno denominado ‘Pacto Por el Crédito’ para sectores específicos como vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo.
Pese a ello, según dijo el mandatario, la banca incumplió con los compromisos que se adquirieron en agosto del 2024 y que contemplaban créditos de 250 billones de pesos en 18 meses.
“La banca privada me engañó. No desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y sacaron el dinero del país y ahora, incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos”, afirmó en un consejo de ministros.
No obstante, en un comunicado emitido por la propia Presidencia la primera semana de febrero se indica que a dos meses de que concluya el compromiso suscrito, al cierre de diciembre de 2025, la ejecución de este programa había llegado al 84,1 por ciento.
¿Qué son las inversiones forzosas?
Una inversión forzosa ocurre cuando un porcentaje mínimo de los ahorros de la gente se destina a créditos que obligatoriamente van a ciertos sectores o se usan para comprar títulos como los que en el pasado eran el Fondo Financiero Agropecuario o el Fondo Financiero Industrial.
Según una entrevista realizada con anterioridad por este medio a Alexandra Restrepo, expresidenta de Finagro, la entidad se fondea desde hace más de 30 años con inversiones de la banca comercial y a través de Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) se encargan de dar créditos en condiciones de fomento a los campesinos.
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Crédito. Foto:IStock
“Desde la Ley 16 de 1990, el sector agropecuario cuenta con un esquema de financiamiento diferenciado debido a las barreras históricas para acceder a este tipo de crédito. En ese momento, se fijó que un porcentaje de los ingresos que tienen los bancos vaya a estos TDA. Finagro se encarga de regresar esos recursos a través de crédito de redescuento para poder ofrecer tasas subsidiadas e instrumentos financieros mucho más cómodos y más baratos”, explicó en ese momento.
Sin embargo, hay expertos que consideran que esta medida es inconveniente pues en vez de ayudar a impulsar el crédito pondría a todos los colombianos a pagar ese mayor costo.
“Se convertiría en una especie de impuesto que genera el incentivo contrario”. Volver a esta idea de “inversiones forzosas” que el país desarrolló con fuerza en los 60s es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario. Logra justamente el resultado contrario al esperado y además está demostrado en nuestra historia económica”, opinó el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
Cruz Roja en Córdoba Foto:Cruz Roja
Estas inversiones forzosas se sumarían al impuesto al patrimonio a las grandes empresas que también quiere colocar el Gobierno en la emergencia económica ya decretada. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, empezarían a pagar una tarifa de 0,6 por ciento las que tengan patrimonios líquidos de 10.000 millones de pesos y una tasa de 1,2 por ciento, las de 30.000 millones de pesos o más.
En total, se busca que sean unas 15.000 empresas las que asuman esta mayor carga para poder recaudar un total de 8 billones de pesos.
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Para el presidente del centro de estudios económicos Anif, José Ignacio López, tanto el impuesto al patrimonio de las empresas como las inversiones forzosas que se acaban de anunciar podrían poner “en riesgo” el ahorro de los colombianos.
“Son dos políticas que casi ningún país aplica, menos para dar frente a una emergencia. Poner en riesgo la inversión, el crédito y el ahorro no es el camino. ¿Por qué no usar recursos no ejecutados y reducir burocracia para atender la emergencia?”, sentenció.
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