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Hay mucha incertidumbre con la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional los efectos del decreto del gobierno de Gustavo Petro que fijó el aumento de 23 por ciento del salario mínimo para este 2026, lo que representa 17,9 puntos porcentuales por encima de la inflación (5,10 por ciento).
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Salario mínimo subió un 23 por ciento este año. Foto:ISTOK
Este medio preguntó a diferentes expertos laboralistas qué podría venir tanto para los más de 2,4 millones de trabajadores que ganan este salario, el cual quedó en 1’750.905 pesos más el auxilio de transporte para este año, como para las empresas, a las cuales les tocaría tomar decisiones.
La conclusión es que, como el alto tribunal otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir un nuevo decreto que realmente tenga en cuenta los parámetros establecidos por ley para realizar un aumento del mínimo, tales como la inflación, la productividad o el crecimiento, no debería ocurrir nada hasta después de esa fecha.
Luego de ello, el Gobierno tendría la posibilidad de establecer un aumento diferente, que se vería reflejado con posterioridad.
“Entre el 1 de enero y la fecha en que se expida el nuevo decreto, el incremento del mínimo vigente será el mismo porcentaje del 23 por ciento y, a partir del nuevo, el incremento se modificaría”, explicó Juan Pablo López, socio y director de la firma López & Asociados.
Esto significa que las diferentes compañías deben seguir pagando el mínimo de 1’750.905 pesos hasta que se conozca el nuevo decreto que emita el Gobierno.
Adicional a ello, López asegura que esta medida no puede tener efectos retroactivos, por lo que las empresas no les pueden quitar a los trabajadores ese mayor aumento que les han entregado hasta el momento. “No hay manera de hacer un descuento o de pedirles a las personas el mayor valor que se les ha pagado”, asegura.
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Consejo de Estado suspendió el aumento. Foto:iStock
Ante ello, Vicente Umaña, socio de la firma Posse Herrera Ruiz, apunta que la quincena que se pague hoy o en los próximos días debe seguir con ese incremento del 23 por ciento. También indica que el nuevo incremento que determine el Gobierno no podría ser igual a ese 23 por ciento.
“El incremento no podría ser igual, debería ser menor. Deben corregir la sustentación que dio origen al aumento inicial y, en consecuencia, no puede ser igual”, señaló.
Sobre si la cifra debería ser menor, Mauricio Montealegre, socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, opina algo distinto. “La realidad es que podrían expedir un nuevo decreto con la misma, incluso una superior en un escenario extremo. Ahora bien, el presidente Petro anunció una nueva mesa de concertación para revisar este asunto, por lo que se espera que salga un aumento ajustado con base en los criterios definidos por el propio Consejo de Estado”, indicó.
De igual manera, Umaña sostuvo que cuando se conozca el nuevo incremento, habría que reajustar todos los servicios que también suben con el mínimo.
“Si ese porcentaje cambia, también se tendrían que reducir las cuotas de administración, las multas o el transporte, que suben cada año con el incremento del mínimo”, dijo.
En la misma línea, Santiago Martínez, socio de Godoy, aseguró que por ahora no pasaría nada. “Se debe esperar a que se expida un nuevo decreto y quizás, el Consejo de Estado aclare qué sucede si el Gobierno no lo expide. Importante tener presente que cualquier incremento que hayan hecho superior al mínimo no puede disminuir unilateralmente”, explicó.
Impacto del aumento del mínimo
Según un informe del centro de pensamiento Fedesarrollo, el aumento de 23 por ciento que tuvo el mínimo podría generar una pérdida de hasta 600.000 empleos formales frente a un escenario en el que el crecimiento se hubiera limitado al reconocimiento de la inflación y la productividad. Además, generaría un aumento de hasta tres puntos porcentuales en la informalidad.
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“Podría incidir en las decisiones de contratación, en la fijación de precios de bienes y servicios y llevar al banco central a aumentar las tasas de interés. En consecuencia, puede afectar el crecimiento de la economía”, se puede leer en el análisis firmado por la economista Ximena Cadena.
Empresas tendrían que hacer cuentas. Foto:Istock y Presidencia
En concreto, señala que las empresas podrían reaccionar de diferente manera: desde reducir la demanda de empleo formal hasta sustituirla por contratación informal, ajustar su planta de personal o adoptar tecnologías que disminuyan la necesidad de mano de obra.
Otro documento del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia calculó que se podrían perder hasta 734.000 trabajos por cuenta de los mayores costos laborales de las empresas y de un mayor costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés.
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La mayor afectación ocurriría en los sectores de las actividades profesionales, con la pérdida de 390.537 empleos; seguido del rubro del comercio, que tendría 71.917 puestos de trabajo menos; y el de la construcción, con 54.537 menos.
Igualmente, en el sector del entretenimiento se perderían 44.225 empleos; en la manufactura, 42.774; y en la rama del alojamiento y los restaurantes, otros 32.958.
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