Centros de pensamiento proponen agenda económica y social al próximo gobierno: estas son sus prioridades

La iniciativa busca pasar del diagnóstico a la acción con recomendaciones regulatorias y jurídicas dirigidas al Ejecutivo y al Congreso para el periodo 2026-2030.

Seis centros de pensamiento presentaron una hoja de ruta para el próximo gobierno y el Congreso con propuestas concretas de política pública y cambios regulatorios aplicables desde el primer día de administración. El documento, denominado Colombia Progresa 2630, parte de un diagnóstico sobre los principales fallos estructurales del país y busca traducirlos en medidas jurídicas y operativas para el periodo 2026-2030.

Según José Ignacio López, presidente de Anif, la iniciativa pretende reflejar la inmediatez del próximo cuatrienio sin perder una visión de largo plazo y con un objetivo central: lograr que Colombia crezca de manera incluyente. La propuesta fue construida mediante diálogo técnico y revisión de literatura especializada, y será entregada formalmente al próximo gobierno como insumo regulatorio y legislativo.

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), explicó que la iniciativa funciona como un bloque transversal orientado a mejorar la competitividad del país. Según señaló, Colombia opera bajo una cultura normativa excesivamente enfocada en pedir permisos previos y en exigir que todo esté “perfecto” antes de producir, lo que termina frenando el impulso empresarial. Esa densidad regulatoria -agregó- no solo limita la innovación, sino que también encarece la actividad productiva y afecta directamente a los ciudadanos al reducir la oferta de bienes y servicios.

Advirtió que el sistema combina controles previos muy pesados con supervisión posterior débil, lo que termina perjudicando al empresario formal frente al informal. En ese contexto, se deteriora la confianza en las instituciones —“¿para qué pago si se roban los impuestos?”— y se incentiva la evasión. Por eso, la propuesta plantea simplificar trámites y procesos para facilitar la producción, mejorar el cumplimiento y, en última instancia, elevar el crecimiento económico.

El trabajo reúne al Consejo Privado de Competitividad, Anif, el Centro Regional de Estudios de Energía, Así Vamos en Salud, CERAC y la Fundación para el Estado de Derecho, cada uno responsable de un capítulo sectorial. La particularidad del documento es que no se limita a recomendaciones generales: incluye instrumentos normativos -leyes, decretos y resoluciones- para su implementación inmediata. 

1. Inclusión financiera y mercado de capitales

El capítulo económico, desarrollado por Anif, advierte que el crecimiento reciente ha dependido del consumo y no de la inversión, lo que limita el empleo formal y la productividad. 

Entre las principales propuestas están ampliar el acceso al crédito formal, ajustar el cálculo de la tasa de usura, impulsar pagos digitales interoperables, reformar el mercado de capitales y facilitar la participación de pymes en la financiación empresarial. También se plantea desmontar gradualmente el 4×1000 para fomentar la formalización y la bancarización. 

El objetivo: movilizar ahorro hacia inversión productiva y elevar el crecimiento potencial.

2. Competitividad y eficiencia normativa

El Consejo Privado de Competitividad, liderado por Ana Fernanda Maiguashca, sostiene que Colombia opera bajo un marco regulatorio complejo y costoso que frena la innovación y la inversión. 

La agenda propone pasar de permisos previos extensivos a supervisión posterior basada en riesgos, crear ventanillas únicas interoperables, eliminar duplicidades normativas y depurar más de 900 normas vigentes sin reglamentación. 

La meta es un Estado regulador más ágil que reduzca costos de transacción y aumente productividad.

3. Energía: seguridad y transición

El documento, elaborado por el ex ministro y director del CREE, Tomás González, advierte que el país enfrenta estrechez energética, caída de reservas de gas y pérdida de señales de inversión. 

En otras palabras, la transición energética no tiene un rumbo concreto y está a la deriva. “Hay que repensar la transición y destrabar los proyectos para evitar un racionamiento”, resume González.

Las recomendaciones se agrupan en cuatro frentes: universalizar acceso eléctrico, acelerar proyectos estratégicos, sanear financieramente el sector y redefinir la transición energética con realismo económico. 

Entre las medidas figura liberar el precio del diésel y la gasolina para aliviar el déficit fiscal del sector y garantizar sostenibilidad del sistema. 

4. Salud: estabilizar antes de reformar

Según el ex ministro Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, el sistema atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo la prestación del servicio y la vida de los colombianos. 

Se plantea inyectar liquidez inmediata, crear una mesa nacional de solución, preservar el aseguramiento y fortalecer la atención primaria, junto con historia clínica interoperable y un estatuto laboral para el talento humano. 

5. Seguridad: condición para el desarrollo

CERAC, liderado por Jorge Restrepo, afirma que Colombia enfrenta un ecosistema criminal fragmentado que eleva costos económicos y reduce la inversión. 

La agenda propone fortalecer la fuerza pública sin afectar la estabilidad fiscal, modernizar justicia, reorganizar la policía y adoptar una ley integral contra organizaciones criminales. 

6. Reforma regulatoria transversal

El capítulo jurídico, liderado por Andrés Caro,Director de la Fundación para el Estado de Derecho, plantea simplificar el marco normativo para mejorar competitividad, confianza inversionista y eficiencia institucional. 

En conjunto, la iniciativa busca aportar al debate electoral con propuestas propositivas y ejecutables. La apuesta, según sus autores, es pasar del diagnóstico recurrente a la implementación concreta para “sacar al país adelante” en el próximo cuatrienio.