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Seis centros de pensamiento del país se unieron para presentar una hoja de ruta concreta con propuestas y cambios normativos específicos que le puedan servir tanto al presidente que gane las elecciones de Colombia como al nuevo Congreso.
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Imagen de referencia. Foto:iStock
La iniciativa, la cual se denomina ‘Colombia Progresa 2630’, está liderada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el Centro Regional de Estudios Energéticos (Cree), Así vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) y el centro de pensamiento económico Anif.
Tras unos meses trabajando, cada uno de ellos hizo un diagnóstico en su campo, desde la competitividad hasta el sector energético, la salud, la seguridad y la inclusión financiera, y propuso una serie de reformas normativas y regulatorias que hacen falta en este momento para dinamizar la economía y resolver los problemas existentes.
“El problema más urgente que debe abordar el próximo presidente es tener un plan fiscal que sea creíble y que los mercados se lo compren”, manifestó José Ignacio López, presidente de Anif.
López asegura que Colombia debe impulsar un crecimiento económico sostenible, lo que exige fortalecer la inversión privada, profundizar el mercado de capitales y cerrar brechas en inclusión financiera.
José Ignacio López Gaviria, presidente de Anif , fue uno de los jurados. Foto:Andres Gonzalez
Entre otros, propuso ampliar el acceso al crédito formal, eliminar las barreras al uso del sistema financiero y aumentar la participación de pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales. También dijo que sería importante desmontar de manera gradual el Gravamen a los Movimientos Financieros o más conocido como 4×1000.
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“Es un impuesto muy distorsionante que hace que el costo de la formalidad sea alto. El país debería eliminarlo en un periodo de ocho años. El primero costaría 1,1 billones de pesos”, proyectó.
Del lado de la competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, presidente del CPC, aseguró que Colombia opera bajo un marco regulatorio complejo, fragmentado y costoso que desincentiva la innovación, retrasa los proyectos estratégicos y eleva los costos de transacción tanto para los ciudadanos como las empresas.
“Existe una cultura normativa que lleva a tener una estructura de pedir permisos muy densa. Ese tejido hace que el ímpetu de producir esté limitado. Además, hay un ambiente de control muy débil porque a la vez hay informalidad y contrabando, lo que genera una sensación de frustración e injusticia que afecta la productividad”, opinó.
Por ello, Maiguashca dice que será necesario aligerar el proceso de permisos, así como enriquecer la supervisión basada en riesgos. También aboga por la consolidación de ventanillas únicas, la depuración normativa permanente que permita eliminar duplicidades, la trazabilidad digital y que las instituciones regulatorias sean modernas y coordinadas.
Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Foto:Confecámaras
Propone desde reformar el Estatuto Aduanero hasta eliminar trámites duplicados, modernizar el régimen de zonas francas, tener reglas homogéneas para todos los medios de pago digitales o trámites digitales para traspasos de propiedad y notarías.
“Del próximo gobierno se espera volver a una Alta Consejería Presidencial para la Competitividad que gerencie las prioridades en términos de trabas a la competitividad de la producción privada y depurar más de 900 normas vigentes sin reglamentación”, indicó.
En el sector de la energía, Tomás González, director del Cree, afirmó que el país tiene en este momento una situación compleja debido a que la oferta no ha podido crecer al ritmo de la demanda en gas, energía eléctrica y petróleo. Además, dijo que todavía hay muchas deudas por pagar y que la transición energética ha perdido el rumbo.
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“Lo más importante para el próximo presidente será destrabar los proyectos para que tengamos energía”, dijo.
Una de sus propuestas es la expansión oportuna de la oferta energética debido a los cuellos de botella institucionales que siguen existiendo hoy en día, a la congestión y los retrasos de más de cuatro años en la expansión de redes o al aumento en los bloqueos y los ataques a la infraestructura.
Energía eólica. Foto:Presidencia de Colombia
“Es fundamental completar de inmediato la Creg con comisionados técnicos e independientes que restauren previsibilidad regulatoria y permitan resolver decisiones represadas en los distintos energéticos”, indicó.
También señaló que será importante sanear financieramente el sistema pues está en riesgo su viabilidad con el déficit histórico del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), las deudas acumuladas del sector público con las comercializadoras, las de la empresa Aire con el resto de la cadena, y los subsidios regresivos en combustibles líquidos y mal focalizados en energía eléctrica y gas natural.
“Una primera medida es la liberación del precio del diésel, que tendría un impacto fiscal cercano a los 8 billones. Con estos recursos puede atenderse la necesidad urgente de pagar las deudas que el sector público tiene con las empresas comercializadoras de energía que hoy superan los 6 billones. Estos recursos deben redirigirse también a reducir el déficit de cobertura y a modernizar la infraestructura eléctrica del Caribe”, sostuvo.
Finalmente, opinó que es indispensable apoyar la producción de hidrocarburos y carbón en los territorios productores mientras exista demanda para sostener los ingresos fiscales locales que contribuyen a financiar la inversión pública.
Del lado de la salud, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, manifestó que lo prioritario es tener un plan de financiamiento que solucione la crisis financiera que atraviesa el sector.
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Nueva EPS es una de las entidades de salud que más les adeuda a los hospitales. Foto:César Melgarejo.
“Es necesario estabilizar de inmediato el sistema con mayor liquidez. Para reducir este riesgo, se sugiere usar vigencias futuras y reservas técnicas, cambiar la dirección de algunos gastos ya planificados y acelerar el proceso de reconocimiento de pagos del Presupuesto Máximo”, sostuvo.
Respecto a la seguridad, el Cerac resalta que Colombia presenta una gran inseguridad como resultado de un ecosistema criminal en auge y altamente fragmentado, en el que múltiples organizaciones criminales especializadas y flexibles se enfrentan entre sí en disputas violentas.
Por ello, el centro propone ideas como incrementar las capacidades de la fuerza pública bajo una restricción fiscal estrecha, implementar un marco legal y operativo integral para desmantelar organizaciones criminales, una modernización del sistema judicial y la reorganización de la Policía Nacional.
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Entre tanto, Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, identificó cinco dimensiones en las que se ve el efecto positivo del ejercicio técnico y participativo de formular propuestas regulatorias. Nombró la seguridad jurídica, la eficiencia y fortalecimiento institucional, la legitimidad y la participación democrática, la competitividad y productividad y la modernización regulatoria.
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