Colombia
Envían a casa por cárcel a la funcionaria del Inpec que portaba un arma ilegal durante evento político del Centro Democrático en Tolima
Una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), conocida como Mónica Fernanda Joven Urbano, permanecerá en prisión domiciliaria mientras se desarrolla su proceso judicial. Fue arrestada en flagrancia durante un evento político del Centro Democrático, liderado por la candidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Honda (Tolima).
El operativo policial tuvo lugar cerca de las 10:40 a.m. del 26 de febrero de 2026, en el sector Alto del Rosario, frente a la catedral, donde decenas de personas se reunían para escuchar a la candidata de derecha.
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De acuerdo al informe oficial, agentes de la Estación de Honda realizaban controles de registro e identificación en los accesos al evento, pero una asistente despertó sospechas.
Al ser requerida, la mujer de 30 años llevaba en su bolso una pistola calibre 25 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos. No tenía el permiso necesario para portar el arma.
Los agentes procedieron a su captura inmediata, y ella afirmó que el arma pertenecía a un familiar y que la llevaba por “la inseguridad en la localidad”, según conoció El Tiempo, .
La Policía confirmó su identidad y la puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La funcionaria ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017 y, tras un periodo de prueba, formalizó su carrera penitenciaria en 2019.
Se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas, en Cundinamarca, que alberga a 2.644 personas privadas de la libertad.
En el momento de los acontecimientos, la funcionaria estaba de vacaciones, según confirmó una fuente de la regional central del Inpec al medio citado. Además, está adscrita a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto, lo que le otorga fuero sindical.
El Inpec aclaró en un comunicado: “Es esencial señalar que la presencia de esta persona en dicha actividad fue en un ámbito estrictamente personal, individual y desvinculada de cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec”. La entidad también inició investigaciones administrativas y disciplinarias para aclarar las circunstancias del caso y definir la situación de la funcionaria en la institución.
La detención de esta funcionaria armada en un evento político generó inquietud en la campaña de la candidata Valencia y en el partido Centro Democrático.
La parlamentaria relató en Blu Radio que la policía se activó por “movimientos sospechosos” de la detenida: “Lo que la seguridad nota son movimientos extraños. Cuando uno filma, normalmente la gente fija la mirada en la tarima y luego en el celular para asegurarse de que esté grabando. La mujer tenía el celular como si estuviera grabando, pero en realidad miraba hacia otros lados, prestando atención a cosas que no eran su filmación, y eso llamó la atención de la Policía”.
Valencia subrayó que la funcionaria “no tenía los permisos, incurrió en el delito de porte ilegal de armas” y enfatizó la necesidad de revisar los dispositivos incautados para identificar posibles contactos: “Me imagino que las autoridades habrán confiscado su celular para investigar con quién estaba comunicándose, qué mensajes poseía. Creo que ahora comienza la investigación de inteligencia”.
El Centro Democrático reiteró que la captura ocurrió a escasos cinco metros de la tarima, en una zona donde se incrementó la seguridad debido a amenazas previas contra candidatos y agresiones en otras regiones.
Valencia recordó las recientes tragedias que han afectado a su movimiento, como el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, y la destrucción de su sede política en Neiva, así como agresiones en Soacha y Duitama.
“Me impactó ver a la gente llorando después de que los apedrearon, gritando y enfrentando situaciones en las que parecía que sus vidas estaban en peligro. El nivel de hostigamiento que estamos viviendo es alarmante, y que surja el hecho de que haya personas armadas en las manifestaciones es preocupante”, aseguró la candidata.
La Fiscalía mantiene la investigación abierta y la funcionaria permanecerá bajo prisión domiciliaria mientras se determina su responsabilidad penal.
