Los chats que revelan secretos del doble homicidio de hermanas en Malambo, en el que un menor de edad es señalado como coautor

La conmoción por el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, en el barrio Maranata de Malambo, Atlántico, persiste.

A medida que avanzan los procedimientos judiciales contra los presuntos responsables, las autoridades están revelando más detalles que iluminan las circunstancias del horrendo crimen, que involucra a un menor de 17 años señalado como coautor.

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El 6 de marzo de 2026, se llevó a cabo la audiencia sobre la medida de aseguramiento del adolescente para considerar la aplicación de un modelo de justicia restaurativa que contemple medidas no privativas de libertad, solicitado por los abogados del menor, Rogelio Roldán y Juan Benavides de la firma Legalpro, tras declararse inocente en la audiencia de imputación anterior, celebrada en la mañana.

Infobae Colombia tuvo acceso a esta audiencia, donde se revelaron detalles sobre el escalofriante crimen y varios chats que involucran a las hermanas, así como otros aspectos del asesinato a manos de quienes se cree eran sus parejas.

Durante la audiencia, la fiscal del caso informó que Maricruz Noriega, madre de las víctimas, tenía conocimiento de los posibles vínculos de los implicados con grupos criminales de la zona y les había advertido que “no se relacionaran con ese tipo de personas”.

Las conversaciones entre las víctimas y sus agresores fueron conocidas por la madre, quien fue alertada por un tercero que le hizo recordar que tenía abierta la sesión de WhatsApp de su hija de 14 años. Allí encontró pruebas de los posibles romances narrados en mensajes desde el 15 de febrero, tres días antes de que desaparecieran.

“Observé muchas cosas que me preocuparon. Mis hijas se comunicaban con muchas personas”, dijo la madre, refiriéndose a los dos jóvenes involucrados en la investigación.

Sobre el menor de edad y su hija de 14 años, Noriega aseguró que “tenían una relación amorosa, porque se trataban de ‘amor’. Se conocían desde antes”.

La situación era similar con su hija mayor, ya que la joven de 17 años había salido con uno de los presuntos homicidas, alias Tata, el martes de carnaval, justo antes de su muerte.

El miércoles 18 de febrero, el día que ambas salieron de su hogar sin considerar el peligro inminente, la madre les manifestó su descontento. De hecho, los relatos indican que las menores le comunicaron que estaban “ya acostadas y que no planeaban salir”.

Noriega testificó que incluso “les envié dinero para la merienda”. Sin embargo, mediante un tercero, se enteró de que las jóvenes habían salido de casa, a pesar de que alguien trató de impedirlo. Ellas insistieron en irse tras recibir un mensaje de “si quieren, vengan ya”, solicitaron un transporte y abandonaron su vivienda sin autorización.

Después de la desaparición de sus hijas, la madre intentó contactar varios números telefónicos para preguntar por ellas, pero mencionó que fue bloqueada, incluso por el menor implicado.

Posteriormente, uno de los involucrados la contactó, enviándole un panfleto con las iniciales B.R.C (Bloque Resistencia Caribe), aparentemente destinado a un familiar, solicitando que “aclarara su situación” o “sería un objetivo militar”.

Desde entonces, comenzaron a llegarle mensajes extorsivos pidiendo 50 millones de pesos por las menores. Ante las súplicas de la madre, la cifra se redujo a 20 millones por ambas, y luego a 10 millones: 5 por cada una.

Los detalles de dichos chats fueron revelados, incluyendo uno donde se le exigía a la madre que se realizara un depósito en una cuenta de Nequi y le instaban a “colaborar”, advirtiendo que “matarían a la primera”.

“Te quedan 10 millones y agradece que si colaboras te las mando vivas porque tu marido es costeño (sic)”, se puede leer en uno de los mensajes.

Estos mensajes cobraron sentido, ya que durante la audiencia, la fiscal reveló que los presuntos asesinos afirmaron en los interrogatorios que uno de ellos, el menor de edad, podría ser un blanco del grupo criminal Los Costeños, y que las hermanas Hernández “lo iban a poner para que lo mataran (los miembros del grupo criminal)”.

De este modo, estando en manos de sus presuntos asesinos, las menores fueron llevadas al patio de la vivienda donde fueron invitadas, porque “las iban a matar por matonas”. Uno de los implicados cuestionó a una de las jóvenes sobre “quiénes eran esos chicos que nos iban a poner”, a lo que ella respondió “que eran unos novios que tenían”.

Momentos después, se perpetraron los asesinatos de las dos hermanas Hernández, una de ellas a tiros y la otra degollada. Luego de esto, los implicados fueron a buscar herramientas para cavar agujeros en diferentes lugares y así enterrar los cuerpos.

Durante la audiencia sobre la medida de aseguramiento del menor implicado, se dio a conocer que tanto él como el otro sospechoso, alias Tata, quien está bajo la autoridad, posiblemente estarían conectados con estructuras armadas relacionadas con las disidencias de las Farc, y habrían recibido instrucciones “sobre dónde, cuándo y a quién hay que matar” desde Bogotá.

Además, la fiscal mencionó la presunta implicación del menor de 17 años y de “Tata” como posibles vínculos financieros entre estos grupos en la capital y figuras criminales en Barranquilla, con pagos por asesinatos en lo que parece ser un plan de “limpieza social de Los Costeños”.

La fiscal que está a cargo de los hechos del menor de edad argumentó ante el juez que las solicitudes de los abogados defensores para considerar una medida no privativa de libertad no son adecuadas, ya que aún cuando las indagaciones no han resultado en acusaciones definitivas, se considera que el joven podría evadir controles, ya sean electrónicos o de las autoridades.

De hecho, la fiscal argumentó que si se le impone la obligación de presentarse regularmente, no se observarían cambios de conducta, ya que el joven puede “continuar delinquiendo”.

“La obligación de respetar y mantener una buena conducta no es evidente”, afirmó la fiscal, que añadió que tampoco se puede imponer restricciones a ciertos lugares y reuniones, porque esto “no garantiza la no repetición de un hecho tan trágico que tiene al país consternado”.

Incluso argumentó que “permitir una caución para suavizar una medida no privativa no es factible en este caso: él tiene poder, tiene recursos, siempre paga, y puede seguir cometiendo crímenes”. Del mismo modo, desaconsejó una eventual “privación de libertad en horarios establecidos”, porque el menor puede salir a cualquier hora sin control familiar.

“Ninguna de las medidas no privativas solicitadas son viables. Sus derechos no pueden prevalecer sobre los derechos de la comunidad”, comentó la fiscal al juez del caso, recordando que el menor previamente “burló” a las autoridades al fugarse del Centro de Reeducación El Oasis, en Atlántico.

El menor enfrenta acusaciones de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, secuestro extorsivo agravado, no comparecencia y dos órdenes de captura.