Brayant Naranjo admitió subastar vehículos de la Gobernación del Quindío y aseguró que el gobernador estaba al tanto: “Asumo responsabilidad”

Brayant Naranjo Raigoza emitió un comunicado disculpándose públicamente por las irregularidades de corrupción en la Gobernación del Quindío. Reconoció su culpa en el desvío de fondos y señaló que otros actores políticos conocían y participaron en las decisiones ahora cuestionadas.

En su declaración, obtenida por Infobae Colombia, Naranjo admitió actos incorrectos, tales como el uso indebido de vehículos oficiales y transacciones inmobiliarias incluidas en investigaciones penales y disciplinarias.

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Asimismo, afirmó que no fue el único informado y responsable de las acciones bajo investigación, insistiendo en que varios miembros del entorno político de la región estaban al tanto de los hechos en cuestión.

“Asumo responsabilidad, sin evasivas y con la decisión firme de decir la verdad a todos los quindianos acerca de los hechos ampliamente conocidos y divulgados”, inició su mensaje el exsecretario de Agricultura del departamento, enfatizando su intención de asumir las repercusiones.

Reiteró: “Pido disculpas. Comprendo la indignación, el dolor y la preocupación que esta situación ha causado, y acepto la responsabilidad que me corresponde como servidor público”.

Expresó su descontento con aquellos que, según él, han evadido responsabilidades a pesar de haber estado al tanto de sus acciones. “Me produce dolor observar cómo actores políticos del departamento ahora se desentienden, a pesar de estar completamente informados sobre cada uno de mis actos como funcionario y como parte activa del departamento”, añadió en su mensaje.

Según Naranjo, las supuestas irregularidades se produjeron en un “contexto de intensa presión política y financiera”. Detalló que la campaña que llevó a Juan Miguel Galvis a la Gobernación estuvo llena de compromisos económicos personales que superaron sus capacidades, respaldados por promesas de contratos de obra y proyectos que nunca se concretaron.

Aseguró que, debido al incumplimiento de esas promesas, se encontró en una situación de deudas significativas y precariedades económicas. En una de sus explicaciones, mencionó un proyecto en la Secretaría del Interior por 25.000 millones, que se le escapó y fue otorgado a otros, mientras él ya había asumido compromisos financieros.

Contó que tras renunciar a la Secretaría de Agricultura, tomó la coordinación política de la campaña de Jesús Bedoya a la Cámara de Representantes, esperanzado en mantener un salario adecuado. Sin embargo, aclaró que “ese compromiso nunca se cumplió”.

Naranjo afirmó que el propio candidato Jesús Bedoya fue informado sobre las decisiones financieras adoptadas para manejar esa situación y que otros miembros del equipo político regional también estuvieron involucrados.

Respecto al uso de vehículos oficiales, admitió que la camioneta de la Secretaría del Interior fue entregada como parte del pago de salarios y para liquidar deudas previas.

Explicó que los recursos obtenidos se utilizaron para financiar reuniones políticas y entregarse, en parte, al secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez ‘Lucas’, para evitar complicaciones durante el proceso de transición de gobierno.

En su defensa, resaltó que “no actué con la intención de apropiarme de bienes públicos ni de afectar al departamento. Actué bajo una presión que debí manejar de mejor forma”.

Fue claro en afirmar que otros en la Gobernación y los equipos de campaña estaban al tanto de la situación.

Enfatizó que las responsabilidades no deberían recaer únicamente sobre él. “Varios estaban al tanto de lo que ocurría dentro de la Gobernación y de la campaña”, apuntó.

El exfuncionario también se pronunció sobre los negocios inmobiliarios irregulares y la presunta falsificación de documentos. Su caso está relacionado con la hipoteca de 200 millones sobre un inmueble, donde habría utilizado un poder general presuntamente falso emitido en Cartago.

Las investigaciones indican que estas operaciones beneficiaron a las sociedades Bienes e Inversiones del Café S.A.S. y AXM Consultancy & Trade S.A.S.

De acuerdo con los registros, el poder fue revocado en diciembre de 2025; no obstante, las gestiones relacionadas con la propiedad continuaron. Los informes sugieren posible desvío de activos públicos y afectación a los intereses patrimoniales del departamento y de particulares damnificados.

Naranjo subraya que toda esta red se formó en medio de compromisos políticos que no se cumplieron y expectativas contractuales “que finalmente no se materializaron”.

Brayant Naranjo enfatiza que otros integrantes del Gobierno departamental y de las campañas políticas eran conscientes de la situación. Considera injusto haber sido el único sujeto a acusaciones: “La presión se ha querido concentrar únicamente en mí, mientras otros hoy se desentienden y desconocen el compromiso y la lealtad que ofrecí durante años al proyecto político que respaldé”.

Fragmentos de audio y testimonios asociados al caso muestran a Naranjo discutiendo garantías por proyectos que involucraban recursos de más de 2.000 millones, reclamando apoyo financiero y mencionando la intervención directa del gobernador junto a otros individuos en decisiones controvertidas.

A pesar de los obstáculos, Naranjo mostró su disposición a colaborar con las investigaciones, a “identificar a los responsables y asumir la mía ante los ciudadanos y las autoridades”. Relató que su situación personal ha empeorado: “Los últimos días han sido los más complejos de mi vida. He tenido que abandonar mi tierra debido a presiones y amenazas que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia”.

Para finalizar, el exfuncionario expresó que este incidente requiere transparencia y madurez, confiando en que su proceso contribuirá a “restablecer la confianza y el equilibrio institucional” en el departamento.

Por último, fuentes consultadas por Infobae Colombia señalaron que Brayant Naranjo se encuentra fuera de Colombia. “Huyó”, concluyeron.