Magistrado Camargo impulsa inexequibilidad de emergencia económica Petro

La emergencia económica Petro enfrenta una nueva fase en la Corte Constitucional, donde el magistrado Carlos Camargo Assís impulsa la declaración de inexequibilidad del Decreto 1390 de 2025. Este decreto, una medida de estado de excepción que permite al Gobierno expedir normas con fuerza de ley ante situaciones extraordinarias, fue inicialmente suspendido de manera provisional por el alto tribunal el 29 de enero de 2026. La decisión de la Sala Plena, que contó con seis votos a favor y dos en contra, consideró que “prima facie” el estado de excepción no se ajustaba a la Constitución.

El Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de la República y diecisiete oficinas asesoras legales, ha solicitado la nulidad del Auto 082 de 2026, el cual formalizó la suspensión provisional. Según Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Casa de Nariño, la cautela “desconoció la cosa juzgada” y “vulneró el principio de legalidad”, argumentando que un precedente de 1994 es “inmutable, obligatorio y vinculante”.

¿Qué implica la insistencia de Camargo sobre la emergencia económica Petro?

La propuesta del magistrado Camargo busca ir más allá de la suspensión provisional y lograr que la Sala Plena declare la inconstitucionalidad de todo el acto administrativo que declara la emergencia económica Petro. Este planteamiento se suma a las deliberaciones de la Corte, programadas para este jueves 9 de abril, sobre el expediente que mantiene frenado el decreto.

El Gobierno argumenta que la Corte Constitucional excede sus competencias al definir el alcance de sus propias facultades interpretativamente, sin una atribución clara y expresa en la Constitución o la ley. Por su parte, el centro de estudios Dejusticia también presentó una solicitud de nulidad el 13 de febrero, aunque considera la emergencia inconstitucional, estima que la suspensión provisional también lo es. El magistrado Camargo manifestó un impedimento para conocer la nulidad de Dejusticia, debido a una demanda previa contra su elección, pero la Sala Plena lo rechazó el 11 de marzo.

El proceso jurídico se ha caracterizado por múltiples recursos y un intenso debate sobre los límites de las instituciones. A continuación, se detallan los principales puntos de conflicto en este caso:

Legalidad de la emergencia: La Corte Constitucional evalúa si el Decreto 1390 de 2025 cumple con los requisitos constitucionales para declarar un estado de emergencia económica.
Precedente de 1994: El Gobierno invoca una sentencia de 1994 que, a su juicio, estableció un precedente “inmutable” sobre los estados de excepción y las competencias de la Corte.
Facultades de la Corte: Se discute si el Auto 082 de 2026, que suspendió la emergencia provisionalmente, excedió las atribuciones de la Corte Constitucional.
Nulidades y recursos: Tanto el Gobierno como Dejusticia han presentado solicitudes de nulidad, lo que prolonga el debate y exige a la Sala Plena abordar múltiples frentes jurídicos.

Esta situación plantea un escenario complejo para el Gobierno en su intento de validar la emergencia económica, según El Tiempo. La decisión final de la Corte Constitucional definirá no solo el futuro del decreto, sino también los límites interpretativos de sus propias competencias frente a los estados de excepción.

La Sala Plena de la Corte Constitucional continúa analizando los recursos y argumentos presentados, en un debate que impactará la gestión de futuros estados de excepción en el país. Encuentre más noticias de Colombia.