Traslado billones pensiones: Fedesarrollo alerta impactos fiscales y jurídicos

El posible traslado billones pensiones, específicamente unos $25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones, es el eje de un reciente análisis de Fedesarrollo. Este centro de pensamiento alertó sobre las significativas implicaciones de un decreto que busca modificar los tiempos de dicho movimiento de recursos pensionales en Colombia. La reforma pensional, adoptada mediante la Ley 2381 de 2024, es el marco legal para este proceso, el cual está generando preocupación entre expertos.

Fedesarrollo, en un estudio liderado por Juan Pablo Zárate, excodirector del Banco de la República, y los investigadores Manuela Franco y José Julián Parra, puntualizó que el decreto propuesto modifica la reglamentación del traslado entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media (RPM). Esto, explican, generaría una pérdida de rentabilidad para el ahorro de los afiliados y afectaría las finanzas públicas, el mercado de capitales y la seguridad jurídica del país.

¿Qué implicaciones tiene el traslado billones pensiones para Colombia?

El análisis de Fedesarrollo subraya varios puntos críticos asociados al traslado billones pensiones anticipado. Primero, el uso de estos recursos podría incrementar el gasto pensional futuro y reducir los ahorros destinados a respaldar el sistema. Segundo, modificar reglas por vía reglamentaria afectaría la credibilidad del sistema pensional y la confianza en su sostenibilidad.

Los efectos se proyectan en varios frentes:
Pérdida de rentabilidad para el ahorro de los usuarios.
Impacto en las finanzas públicas, con un posible aumento del gasto pensional futuro.
Afectación al mercado de capitales por el movimiento masivo de recursos.
Incremento de la incertidumbre sobre la seguridad jurídica del sistema pensional.

A febrero de 2025, más de 119.000 afiliados habían optado por el traslado, acumulando un ahorro cercano a los $25 billones. Esta cifra representa aproximadamente el 76% de las transferencias proyectadas para Colpensiones en 2026. Según el centro de pensamiento, la propuesta del decreto establece que los recursos se trasladarían en 15 días hábiles tras su expedición, o un mes después de la decisión del afiliado, lo que difiere de la ley que indica el traslado al consolidarse el derecho a la pensión.

Cuestionamientos jurídicos sobre el decreto

Existe una discusión sobre la legalidad de este decreto. Los expertos de Fedesarrollo señalan que, por el principio de jerarquía normativa, un decreto no debería modificar el contenido de una ley de la República. La Ley 2381 estableció un régimen de transición para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, además de una ventana de dos años para traslados a quienes estén a menos de diez años de la edad de pensión. Sin embargo, el decreto busca anticipar el traslado efectivo de los recursos. La motivación del decreto también es cuestionada, pues los recursos no estaban diseñados para financiar gasto corriente, sino para fortalecer el ahorro de largo plazo a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), administrado por el Banco de la República, según El Tiempo.

El traslado billones pensiones implicaría mover el ahorro de un esquema de capitalización individual (fondos privados) hacia uno de reparto (Colpensiones). Mientras los fondos privados gestionan los ahorros mediante portafolios de inversión, Colpensiones depende, en gran medida, de transferencias del Presupuesto General de la Nación. Para profundizar en estos temas económicos, consulte más noticias de economía.