La Indagación Fiscalía Alcocer inició formalmente el miércoles 5 de agosto de 2026, cuando la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación abrió un proceso para verificar la autenticidad y el alcance de audios atribuidos a la exconsejera colombo-española Eva Ferrer. Una indagación previa es el proceso judicial inicial que busca recopilar pruebas y establecer si los hechos denunciados constituyen un delito. En las grabaciones, la exfuncionaria realiza señalamientos sobre una presunta gestión irregular de recursos públicos y la influencia en la adjudicación de contratos estatales, vinculando a funcionarios y personas allegadas a Verónica Alcocer.
¿Qué implica la Indagación Fiscalía Alcocer?
La Indagación Fiscalía Alcocer se centra en material probatorio que recopila conversaciones de Eva Ferrer. Ella describe una supuesta red integrada por funcionarios del Estado y allegados a la esposa del presidente saliente. Este grupo habría gestionado requerimientos económicos directos y ejercido injerencia en decisiones operativas de diversas entidades nacionales. Entre los datos expuestos en las grabaciones, Ferrer afirma que los gastos de manutención y representación atribuibles a Alcocer ascenderían a 50.000 euros mensuales, equivalentes a aproximadamente 183,2 millones de pesos colombianos.
Los señalamientos de la exasesora se fundamentan en deudas no saldadas por servicios logísticos y consultorías prestadas durante la campaña presidencial de 2022. Ferrer reclama el pago de 48.000 euros por concepto de honorarios y servicios presuntamente impagos tras la culminación de la contienda electoral.
Próximos pasos en el proceso legal
Frente a estas controversias de carácter civil y mercantil, se ha confirmado una audiencia de conciliación formal para el 13 de agosto. La cita se llevará a cabo en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. A esta audiencia están convocadas las partes involucradas, incluyendo a Verónica Alcocer y al empresario catalán Manel Grau, quien habría actuado como intermediario en los acuerdos con la consultora internacional.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis forense del material fonográfico. Este proceso de Indagación Fiscalía Alcocer busca determinar si los hechos expuestos constituyen conductas punibles relacionadas con la administración pública o la financiación de campañas políticas, según reportó El Tiempo.
Puntos clave de los señalamientos en los audios incluyen:
Presunta red de contratación: Involucrando funcionarios del Estado y allegados a Verónica Alcocer.
Gestión irregular de recursos: Requerimientos económicos directos e injerencia en decisiones operativas en entidades.
Gastos elevados: Mantenimiento y representación de Alcocer por 50.000 euros mensuales.
Deudas de campaña: Reclamo de 48.000 euros por servicios no pagados a Eva Ferrer.
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