Tres organizaciones de derechos humanos —la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz; y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos— presentaron el 9 de septiembre de 2026 dos informes conjuntos sobre el balance de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. La conclusión central: la política de Paz Total fue ineficaz en materia de seguridad, y todos los frentes de la violencia se incrementaron.
Los números del fracaso: de 15.120 a 28.802 efectivos armados
El dato más duro de los informes —titulados «Los alcances del cambio: brumas en el horizonte» y «Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto»— es el crecimiento de los grupos criminales. Entre diciembre de 2022 y julio de 2026, los integrantes de organizaciones armadas ilegales pasaron de 15.120 a 28.802 efectivos: un incremento del 90%.
El Clan del Golfo fue el de mayor expansión: creció un 152% y extendió su presencia a 429 municipios, casi el 39% del territorio colombiano. Las disidencias de las FARC crecieron un 109% y alcanzaron presencia en 376 municipios. La Segunda Marquetalia aumentó un 108%, y el ELN lo hizo en un 22%. Todos estos grupos sostuvieron negociaciones en distintas fases con el gobierno Petro y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Las organizaciones concluyen que la Paz Total «no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad».
El impacto humano: desplazamientos, minas y asesinatos de líderes
El crecimiento de los grupos armados tuvo consecuencias directas sobre la población civil. Solo en 2025, Colombia registró más de 120.000 desplazamientos forzados. Entre enero y agosto de ese año, los civiles afectados por artefactos explosivos aumentaron un 145%, con un total de 544 víctimas; las víctimas de minas antipersonal crecieron un 23%.
Las desapariciones forzadas aumentaron en un 34% durante el periodo analizado. En cuanto a líderes sociales, se registraron 618 expedientes de asesinatos. Las agresiones totales contra defensores de derechos humanos cayeron un 12% respecto al gobierno de Iván Duque, pero los niveles siguieron siendo preocupantes.
«La expansión de los grupos armados disparó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, golpeando con mayor severidad a comunidades indígenas y afrodescendientes», advierte el informe.
Lo que sí funcionó: reducción de pobreza y garantías institucionales
Los informes no ofrecen un balance únicamente negativo. Las mismas organizaciones reconocen avances concretos en materia social: la pobreza monetaria cayó al 28% y la extrema pobreza al 9,6%. Se instalaron Mesas Territoriales de Garantías en 29 departamentos. También se reconoció el campesinado como sujeto de especial protección constitucional, avanzó la Jurisdicción Agraria y Rural, y las agresiones atribuidas a la Fuerza Pública durante la protesta social disminuyeron de forma significativa.
Pero las organizaciones advierten que esos avances no pueden depender de la voluntad de una sola administración. El documento cierra con una alerta al nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, expresando preocupación por los anuncios de recortes al gasto social y la reactivación de un enfoque predominantemente militarista de la seguridad. «Los derechos humanos no pertenecen a un gobierno, ni pueden depender de la administración de turno», concluyen.