Luis Carlos Barreto Gantiva era el subdirector para el conocimiento del riesgo de la UNGRD, la entidad que maneja las emergencias y los desastres naturales en Colombia. Hoy está en la cárcel de Ibagué, recluido en un patio con sindicados por delitos comunes, y teme por su vida. La razón: se convirtió en el testigo de cargo más importante de la Fiscalía General en el escándalo de corrupción que sacudió a la entidad durante el Gobierno Petro, y las personas que va a hundir con su declaración lo saben.
El exfuncionario que decidió hablar
La historia de Barreto Gantiva es la del funcionario que primero intentó comprar el silencio de un colega y terminó convirtiéndose en testigo de la Fiscalía. Cuando Sneyder Pinilla, exdirector de la UNGRD, empezó a hablar sobre el saqueo de la entidad, Barreto Gantiva intentó sobornar para que no lo delatara. El intento fue detectado y quedó preso.
Desde la cárcel, tomó la decisión estratégica de cooperar con la justicia. A cambio de un principio de oportunidad, Barreto Gantiva se comprometió a declarar en varios procesos penales contra:
- Exministros del Gobierno Petro
- Excongresistas
- Exfuncionarios públicos
- Contratistas y empresarios vinculados al esquema de corrupción
El fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha descrito su declaración como clave para el proceso contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
El desvío de $100.000 millones que reveló
La declaración de Barreto Gantiva describe una operación de corrupción compleja. Según la Fiscalía, el esquema funcionó así:
En 2023, Barreto Gantiva coordinó con César Augusto Manrique Soacha —entonces director de la Función Pública— una reunión entre el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, y Olmedo de Jesús López Martínez, el entonces director de la UNGRD. El objetivo: reducir los recursos de un convenio que la ANT tenía con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La maniobra logró liberar $100.000 millones que quedaron a disposición de la UNGRD. A cambio, Barreto Gantiva y Manrique Soacha se aseguraron el control sobre cómo se gastarían esos recursos: es decir, quién se llevaría los contratos.
Por esos hechos, Barreto Gantiva ya fue condenado por los delitos de:
- Concierto para delinquir agravado
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Falsedad en documento privado
- Falsedad ideológica en documento público agravado
Preso entre delincuentes comunes, sin protección
Ahora Barreto Gantiva enfrenta otra batalla: la de su propia seguridad. En audiencia reciente imploró ser trasladado a un centro especial de reclusión para exfuncionarios públicos, como le corresponde por su condición y por su papel como testigo de la Fiscalía.
«Me encuentro en un sitio de reclusión en Ibagué; me trasladaron de la cárcel Modelo. Resulta y pasa que, por mi condición, yo debo estar en un sitio de reclusión especial.»
Según él mismo explicó ante la juez, estar en un patio de sindicados por delitos comunes «es un tema muy complejo», especialmente por la visibilidad de su caso y por las personas contra quienes está declarando. Su defensa ha solicitado en varias ocasiones la revisión de su situación carcelaria, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades judiciales.
El 29 de septiembre, la fecha que cambia todo
El principio de oportunidad que protege a Barreto Gantiva y que lo mantiene como testigo activo de la Fiscalía tiene una fecha límite: el 29 de septiembre de 2026 se decidirá si se prorroga o no.
Si se prorroga, el exsubdirector seguirá colaborando con la justicia y sus declaraciones continuarán siendo la base de los procesos contra los altos funcionarios implicados. Si no se prorroga, su situación jurídica cambia radicalmente.
La decisión importa no solo para él: el escándalo de la UNGRD involucra el manejo de miles de millones de pesos en recursos que debían destinarse a la atención de emergencias, entre ellas el terremoto del 10 de agosto de 2025 que devastó parte del Chocó. La corrupción no fue abstracta: tuvo víctimas reales.
