El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 14 de septiembre de 2026, durante una alocución presidencial, la creación de un protocolo nacional de actuación para las universidades. El mecanismo fijará las condiciones bajo las cuales las autoridades —con la Policía Nacional como primera fuerza operativa— podrán intervenir en los campus de educación superior cuando se presenten situaciones de violencia, vandalismo o posibles actos terroristas.
El anuncio fue uno de los puntos centrales de la alocución presidencial del 14 de septiembre de 2026, en la que De la Espriella también abordó la crisis fiscal del país y ordenó revisar los privilegios de presos por corrupción que permanecen en guarniciones militares.
¿Qué establece el protocolo anunciado?
Según explicó De la Espriella, el protocolo contemplará escenarios específicos que justifican la intervención de las autoridades dentro de una institución universitaria. La Policía Nacional será la entidad operativa responsable en esos casos.
Los tres escenarios que el presidente mencionó con claridad son: la preparación de ataques terroristas desde instalaciones universitarias, el almacenamiento de elementos destinados a la violencia, y las agresiones contra ciudadanos o miembros de la Fuerza Pública ocurridas dentro o desde los campus.
“A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, afirmó el mandatario.
El protocolo deberá diferenciar entre el ejercicio legítimo de la protesta, que el Gobierno dijo que garantizará, y las situaciones que excedan ese marco. De la Espriella fue enfático en que la protesta pacífica, amparada por la Constitución, será respetada.
El debate sobre la autonomía universitaria en Colombia
El anuncio reabre un debate de larga data en Colombia sobre los alcances de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de 1991. Ese artículo garantiza a las instituciones de educación superior el derecho a gobernarse con sus propios estatutos, a manejar sus asuntos administrativos y académicos, y a darse sus propios reglamentos.
De la Espriella trazó una distinción entre la autonomía en asuntos educativos y la competencia del Estado en materia de orden público: “Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.
La posición presidencial es consistente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que ha señalado en reiteradas ocasiones que la autonomía universitaria no es un derecho absoluto y que el Estado puede intervenir para preservar el orden público, siempre que la medida sea proporcional y respete los derechos fundamentales de la comunidad académica.
“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, dijo el mandatario, y reiteró que el objetivo es proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar de manera pacífica.
Alcance y próximos pasos del protocolo
Al momento de la alocución, De la Espriella no entregó un cronograma para la adopción del protocolo ni publicó un decreto o resolución que lo formalizara. La implementación implicará un proceso de construcción entre el Gobierno, el Ministerio de Educación y, previsiblemente, las propias instituciones universitarias.
El presidente cerró este punto de su intervención destacando la función esencial de las universidades: “La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate. No puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”.
El anuncio es parte de un conjunto de medidas que De la Espriella presentó en la misma alocución, que incluyó la orden de revisar a los presos por corrupción alojados en guarniciones militares y estaciones de Policía, así como un diagnóstico de la situación fiscal del país, que el presidente calificó como “al borde del precipicio”.
