La veeduría ciudadana VERCONTROL radicó el 5 de octubre ante el Consejo de Estado una solicitud formal para que ese tribunal estudie una demanda de pérdida de investidura contra la exsenadora María José Pizarro. La causal que invoca la organización es el presunto tráfico de influencias durante el trámite de la reforma pensional en 2024, según informaron Pulzo y Blu Radio.
Juan Carlos Calderón España, presidente de VERCONTROL, presentó la petición. Es la misma organización que impulsó la demanda que derivó en la decisión de primera instancia del Consejo de Estado del 25 de septiembre, por la cual ese tribunal decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name. Ese fallo es de primera instancia; Name anunció apelación.
La conexión con el fallo de Iván Name
Los argumentos de VERCONTROL parten de los hallazgos consignados en el fallo contra Name. Según ese documento, Name estuvo ausente de 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se discutió la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Durante la mayor parte de esas ausencias, las sesiones estuvieron presididas por Pizarro, quien se desempeñaba como primera vicepresidenta del Senado.
A esto se suma el testimonio del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, quien señaló que parte de la presunta colaboración de Name con el trámite legislativo consistía en cederle la presidencia de las sesiones a Pizarro. La petición de VERCONTROL incluye la práctica de testimonios de Olmedo López y de Sneyder Pinilla como elementos probatorios.
La hipótesis de VERCONTROL es que Pizarro habría aprovechado su posición directiva al frente de las plenarias para impulsar de manera presuntamente irregular la aprobación de la reforma, según Pulzo. Es una presunción de la veeduría, no una conclusión de la justicia.
La posición de Pizarro y el alcance de la solicitud
El Consejo de Estado no ha admitido ni resuelto la petición: lo que VERCONTROL radicó es un primer paso para que el tribunal decida si estudia o no el caso. La pérdida de investidura es un proceso judicial distinto al proceso penal; su efecto es la inhabilitación para ser elegida al Congreso.
El 28 de septiembre, María José Pizarro negó públicamente vínculos con el caso Name y defendió la legalidad de su actuación al frente de las sesiones del Senado, según El País.
Antecedentes del caso Name y la reforma pensional
El fallo del 25 de septiembre del Consejo de Estado fue la primera decisión judicial en Colombia que decretó la pérdida de investidura de un congresista por tráfico de influencias en relación con el escándalo de la UNGRD. Name, cuyo cargo como senador terminó con el período legislativo 2022-2026, anunció que apelará la decisión. La reforma pensional fue aprobada en abril de 2024 bajo el gobierno de Petro.
