Colombia
Accionistas de Falabella en Colombia habrían comprado predios del paramilitar Carlos Castaño: Fiscalía les embargó 522 hectáreas
La Reforestadora del Sinú, una subsidiaria del grupo chileno Solari, —accionista de Falabella en Colombia—, está enfrentando procesos judiciales después del embargo de 522 hectáreas de tierras en Córdoba debido a supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Recientemente, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó la restitución de 264 hectáreas a las víctimas del despojo, considerando que la adquisición se realizó durante un periodo de violencia armada y desplazamiento forzado.
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Según documentos judiciales obtenidos por El Espectador, la Fiscalía General de la Nación embargó las 522 hectáreas que la Reforestadora del Sinú adquirió hace 15 años en el municipio de Valencia, Córdoba.
Las autoridades afirman que estas tierras pertenecieron a líderes paramilitares como Carlos y Vicente Castaño Gil, quienes lideraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, encargado de la Oficina de Envigado.
Testimonios de exparamilitares recopilados entre 2018 y 2021 permitieron a la Fiscalía confiscar los terrenos e incluirlos en la lista de bienes destinados para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
El fallo judicial que ordena la restitución de las 264 hectáreas se basa en el hecho de que la compra de esos terrenos por parte de la Reforestadora del Sinú ocurrió en un contexto de asesinatos, desplazamientos y despojos forzados perpetrados por los Castaño y sus aliados.
Valencia, centro de la violencia paramilitar en los años 90 y 2000, fue el escenario de la lucha de Yolanda Izquierdo, quien representó a más de 800 familias despojadas de sus tierras.
Izquierdo fue asesinada en 2007; por su crimen están siendo juzgados Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche —exjefe de seguridad de los Castaño—, y Guillermo Alberto Mass Sánchez, uno de los vendedores de tierras a la Reforestadora.
La finca La 21, uno de los terrenos embargados, fue identificada por la Fiscalía como un centro de operaciones paramilitares y un lugar de encuentro entre miembros de las AUC, empresarios y políticos.
“Monoleche”, quien fue desmovilizado en 2004, proporcionó información sobre la propiedad de La 21 y otros terrenos, algunos de los cuales acabaron en manos de la Reforestadora del Sinú.
Según el expediente consultado por el diario nacional, la empresa compró en 2011 un lote de 117 hectáreas por 368 millones de pesos, así como, ese mismo año, adquirió a Mass Sánchez una finca de 50 hectáreas por 143 millones.
Cuatro años después, la Fiscalía incluyó este último terreno en la lista de bienes entregados por las AUC para la reparación de las víctimas.
La Reforestadora del Sinú argumenta que todas sus compras se llevaron a cabo con procesos de verificación rigurosos.
La empresa sostiene que, desde 2015, cuando surgieron los primeros señalamientos sobre los antecedentes de los terrenos, ha llevado a cabo investigaciones para distinguir los lotes adquiridos de aquellos vinculados a exparamilitares.
“Se puede diferenciar e identificar claramente el lote de la Reforestadora respecto al inmueble ofrecido por Roldán Pérez”, expresó la Reforestadora del Sinú a El Espectador.
Además, en 2012, contrató a la firma internacional Kroll para examinar los antecedentes judiciales de los vendedores.
El informe de Kroll, señalado por El Espectador, no encontró registros judiciales contra Héctor Téllez Ardila, uno de los vendedores, aunque no incluyó información sobre Mass Sánchez, quien luego fue vinculado al caso penal por el asesinato de Izquierdo.
Luis Enei, director del proyecto forestal de la Reforestadora, aseguró a El Espectador que la empresa no tenía forma de conocer los vínculos de algunos vendedores con el paramilitarismo al momento de las compras.
Enei advirtió que la compra a Mass Sánchez correspondió a una finca pequeña y que la compañía dispone de documentación que avala la legalidad de todas sus operaciones.
La Reforestadora sostiene que sus análisis de riesgo no pudieron prever la magnitud del conflicto armado en la zona ni los antecedentes de violencia que pesaban sobre los terrenos.
El contexto histórico en la región reafirma la complejidad del caso.
Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad documentan que Valencia y San Pedro de Urabá fueron epicentros de una estrategia sistemática de despojo paramilitar.
Los campesinos fueron forzados a vender sus tierras a precios muy bajos y a firmar documentos falsificados, en una operación liderada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y suegra de Monoleche, condenada en 2018 por el asesinato de Yolanda Izquierdo.
La Fundación para la Paz en Córdoba (Funpazcor) fue mencionada como instrumento para legitimar estas transacciones fraudulentas.
La situación legal de la Reforestadora del Sinú permanece activa.
El Tribunal Superior de Medellín ha programado para el 30 de junio de 2026 una audiencia pública en la que la empresa presentará sus argumentos para recuperar 117 hectáreas actualmente bajo control de las autoridades.
Además, el tribunal está analizando desde 2018 una reclamación sobre otras 405 hectáreas, supuestamente relacionadas con Héctor Fabio Jaramillo Cardona, alias Orión, exmiembro de la Policía y cofundador de los bloques Héroes de Tolová y Cacique Nutibara de las AUC. La Fiscalía alega que seis propiedades reclamadas por la Reforestadora estaban en manos de testaferros de Orión, aunque la empresa mantiene que no hay pruebas contundentes de que estos terrenos pertenecieran a estructuras criminales.
Mientras tanto, la Unidad de Restitución de Tierras está evaluando la situación de otros dos predios de la Reforestadora en San Pedro de Urabá, que tienen solicitudes de restitución pendientes.
La empresa sigue defendiendo que todas las compras se realizaron de buena fe y de conformidad con la ley, reiterando su posición ante los tribunales colombianos, como indicó a El Espectador.
