Alerta por posibles interrupciones en servicios de salud y entrega de medicamentos a partir de enero lanzó la Defensoría

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por posibles interrupciones en la provisión de servicios de salud y distribución de medicamentos a partir del 1 de enero de 2026, lo que impactaría a usuarios en diversas regiones.

Esta alerta surge tras los comunicados de varias instituciones de salud y gestores farmacéuticos que informaron sobre problemas administrativos y financieros que podrían comprometer la atención médica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado oficial, la Defensoría subrayó la obligación de todas las entidades del sistema de asegurar redes de atención adecuadas para todos, conforme a los principios de universalidad y disponibilidad. Esto incluye a EPS, IPS, ESE, gestores, y otros proveedores de servicios.

Entre los recientes acontecimientos que provocaron esta alerta se encuentran los comunicados emitidos por el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, y el Hospital Regional de Sogamoso. En ellos se informó sobre la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026, citando como razones comunes la mora, fallas en sistemas de radicación y falta de cumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS.

Adicionalmente, el gestor farmacéutico Colsubsidio anunció que cerrará de forma definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para afiliados a Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional, indicando que la entrega se realizará únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025. Según la Defensoría, la comunicación no detalla rutas de transición, puntos alternos de dispensación ni mecanismos para asegurar la continuidad terapéutica de los pacientes.

La comunicación, según la Defensoría, no especifica rutas de transición, puntos alternos de dispensación ni mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes.

Para reducir los posibles efectos negativos, la Defensoría del Pueblo ha pedido al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y otros organismos pertinentes que informen sobre las rutas oficiales de contacto por territorio para la atención y manejo de casos de EPS intervenidas.

Asimismo, se solicitó que se envíe documentación sobre los mecanismos de coordinación y respuesta establecidos para trabajar con la Defensoría, así como información sobre acciones, planes y medidas tomadas tras el informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, con el objetivo de asegurar un acceso completo, continuo y oportuno a medicamentos y servicios de salud.

La Defensoría también pidió detalles del plan de choque de la superintendencia, que debe incluir programación, planes de visita y resultados relacionados con el acceso y disponibilidad de medicamentos. Además, se requiere un informe individual por EPS sobre pagos realizados por reembolsos de gastos de bolsillo, discriminando solicitudes presentadas, pagadas, no pagadas y devueltas o rechazadas.

El comunicado resalta que es responsabilidad de las EPS intervenidas y de los gestores farmacéuticos implementar e informar de inmediato sobre los planes de contingencia necesarios para prevenir la interrupción abrupta de los servicios y la entrega de medicamentos, evitando impactos directos sobre la salud de los usuarios.

La Defensoría del Pueblo recordó la importancia de mantener líneas eficientes de comunicación y coordinación institucional, incluyendo los Puestos de Mando Unificado en Salud (PMU) y las reuniones de seguimiento territorial, con la participación de actores tanto institucionales como comunitarios, para asegurar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la salud en todo el país.

En su mensaje final, la entidad reafirmó que la continuidad de los servicios y la garantía del acceso a medicamentos son esenciales para atender adecuadamente las necesidades de los usuarios y fortalecer los canales de colaboración entre el Estado y los proveedores de salud.