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El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha firmado un contrato por $10.000 millones con Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, para proporcionar defensa internacional y asesoría legal especializada al presidente Gustavo Petro debido a su inclusión en la lista de sanciones de EE. UU., lo que ha generado interrogantes en el ámbito político.
El expresidente Álvaro Uribe comentó al respecto en su cuenta de X que los colombianos tienen derecho a saber si se están utilizando recursos del erario nacional para pagar al abogado del presidente.
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“Los ciudadanos merecen conocer si es verdad que el fisco nacional financia al abogado de Petro, que costaría 10 mil millones de pesos”, afirmó el líder del Centro Democrático.
El exmandatario colombiano (2002-2010) compartió una denuncia de la senadora María Fernanda Cabal, quien fue la primera en revelar el contrato en su cuenta oficial de X.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro aseguraba que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso por la inclusión en la lista OFAC. Este es un asunto personal de Petro, no de carácter institucional. ¡Debería responder como persona natural, no con recursos del Estado!”, enfatizó Cabal.
Adicionalmente, la senadora del Centro Democrático hizo referencia a una entrevista otorgada por el abogado Daniel Martin Kovalik a Blu Radio, donde compartió detalles sobre la defensa del presidente Petro en los Estados Unidos.
“En una entrevista con Blu Radio, el abogado Daniel Kovalik, representante de Petro, afirmó hace dos meses que su defensa era gratuita. ¿Por qué decidieron firmar un contrato con el abogado por 10.000 millones de pesos?”, cuestionó la senadora María Fernanda Cabal.
Según el documento presentado por Dapre, se ha definido un convenio por un total de 10.000 millones de pesos, equivalentes a dos millones de libras esterlinas. Los pagos se realizarán en cuatro entregas iguales, con una tasa máxima fijada en 5.000 pesos por cada libra esterlina.
El cronograma de pagos estipula que la duración del contrato se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. En los primeros cuatros meses de ese año, se harán pagos mensuales de 500.000 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 2.500 millones de pesos cada vez.
El desembolso de cada cuota estará condicionado a la entrega y aprobación de informes que demuestren el progreso del proyecto. Asimismo, se requerirán reuniones periódicas con la Presidencia y la presentación de análisis técnicos en relación a sanciones internacionales.
El acuerdo establece que, si se alcanza el objetivo del contrato antes de la fecha límite, los pagos pendientes se realizarán en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la entrega del informe final de trabajo y la factura respectiva, siempre que reciban el visto bueno del supervisor asignado.
Como parte de sus obligaciones, Amadeus Consultancy Limited debe garantizar la confidencialidad total de toda la información y resultados derivados de su trabajo, considerando la naturaleza reservada y estratégica de la defensa legal implicada.
La supervisión del contrato estará a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Además, se estipula que cualquier resultado intelectual generado será exclusivamente propiedad del Estado colombiano y permanecerá confidencial, salvo en los casos donde se autorice su divulgación.
El documento destaca que la asesoría solicitada no podía ser asumida por empleados de planta, lo que justificó la contratación directa y la excepción en los límites de honorarios normales. Una gran parte del trabajo se llevará a cabo en el extranjero, ya que el proceso se desarrolla ante autoridades y organismos internacionales.
La representante Katerine Miranda ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría investigar el contrato.
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