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América Latina y el Caribe podrían aumentar en un 11 por ciento su ingreso por habitante y reducir la desigualdad en un 6 por ciento si logra que los mercados sean más competitivos, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual advierte que la elevada concentración económica está frenando el crecimiento, los salarios y la productividad en la región.
El estudio, ‘Mercados para el desarrollo: mejorando vidas a través de la competencia’, concluye que la competencia no es un elemento secundario del desarrollo, sino un factor central para transformar el desempeño económico y social. “El informe demuestra que los mercados no son simplemente un elemento contextual en el desarrollo, sino que desempeñan un papel activo en impulsarlo”, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.
De acuerdo con el organismo, la región enfrenta niveles de concentración de mercado aproximadamente cuatro veces mayores que los observados en economías avanzadas.
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Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto:BID
Esta situación se traduce en precios más altos, menor innovación, baja productividad y salarios más reducidos. Con costos de producción similares, los consumidores de América Latina y el Caribe pagan precios cerca de un 15 por ciento más altos que los de países desarrollados mientras que los salarios netos son comparativamente más bajos, advierte el informe.
Además, señala que en promedio las empresas de la región aplican márgenes del 20 por ciento sobre sus costos, frente a márgenes del 35 por ciento en mercados más competitivos. Igualmente, los trabajadores reciben solo el 50 por ciento del valor que generan, una proporción inferior al 65 por ciento registrado en Estados Unidos y al 81 por ciento observado en otras economías avanzadas.
La estructura empresarial también refleja estas distorsiones, ya que, según el estudio, el 95 por ciento de las empresas de la región tiene hasta cinco trabajadores y concentra el 57 por ciento del empleo, mientras que las firmas más productivas, aquellas con más de 50 empleados, representan apenas el 10 por ciento del total y generan el 20 por ciento de los puestos de trabajo. Esta configuración, según el BID, limita el crecimiento de empresas medianas capaces de presionar precios, innovar y elevar salarios.
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Según informe del BID, los trabajadores reciben solo el 50 % del valor que generan. Foto:iStock
Matías Busso, economista principal del departamento de investigación del BID y uno de los editores del informe, explicó que la región ha logrado avances importantes en las últimas tres décadas, como el control de la inflación, la estabilización financiera y la expansión de la educación y las redes de protección social, pero advirtió que “el crecimiento se ha mantenido bajo”, en gran parte por la falta de competencia efectiva.
El organismo estima que una mejora sustancial en la competencia podría elevar el PIB per cápita en un 11 por ciento en el corto plazo. A largo plazo, en cambio, si los mercados alcanzan niveles laborales de competencia similares a los de las economías avanzadas, el aumento del ingreso por habitante podría llegar hasta el 25 por ciento, impulsado por mayor inversión, una asignación más eficiente de recursos y mejores empleos con salarios más justos.
Además del impacto sobre el crecimiento, el BID subraya efectos directos sobre la equidad. Una mayor competencia podría reducir la desigualdad de ingresos en un 6 por ciento, gracias a la creación de empleo formal, el aumento de los salarios reales y la reducción de precios de bienes y servicios esenciales, un alivio especialmente relevante para los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a mercados con alta concentración.
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“El crecimiento se ha mantenido bajo”, en gran parte por la falta de competencia efectiva. Foto:iStock.
Una región con bajo nivel de innovación y adopción de tecnología
El informe también señala que América Latina y el Caribe presenta un bajo nivel de innovación y adopción tecnológica frente a otras regiones. La innovación, definida como la introducción de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado respecto de prácticas anteriores, no se limita al desarrollo interno, sino que también incluye la adopción de tecnologías ya existentes en otros mercados.
Sin embargo, el documento señala que las estrategias empresariales de innovación en la región son limitadas y heterogéneas, y que muchas organizaciones optan por adquirir tecnologías desarrolladas por terceros en lugar de realizar actividades internas de investigación y desarrollo (I+D).
Esta brecha se refleja en el nivel de inversión, ya que, mientras que la empresa promedio de una economía avanzada destina cerca del 4 por ciento de sus ventas a actividades de innovación, en América Latina y el Caribe la proporción es de alrededor del 2,5 por ciento.
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Pero la diferencia es aún más marcada en inversión directa en investigación y desarrollo: en la Unión Europea, la empresa promedio invierte el 1,03 por ciento de sus ventas en estas actividades, frente a apenas el 0,26 por ciento en América Latina y el Caribe.
Además, solo el 20 por ciento del gasto en innovación de las empresas de la región se destina a investigación y desarrollo, mientras que en los países de la Ocde que no pertenecen a la región esta proporción alcanza el 50 por ciento, lo que confirma que la adopción de tecnología —principalmente mediante maquinaria importada— sigue siendo la principal fuente de innovación empresarial en la región.
Autonomía jurídica y separación funcional
El informe indica que las agencias de defensa de la competencia en América Latina y el Caribe cuentan con una autoridad legal más limitada, menores recursos financieros y niveles de productividad significativamente inferiores a los de sus pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). A ello se suma una menor independencia frente a la injerencia política, un factor clave dado que los agentes económicos involucrados en conductas anticompetitivas suelen tener influencia política.
El documento advierte que las agencias con mayor autonomía tienen más capacidad para investigar y sancionar prácticas que los gobiernos podrían no estar dispuestos a perseguir; no obstante, incluso aquellas con autonomía formal pueden mostrarse reticentes al asumir casos sensibles, ya que esta independencia rara vez está consagrada constitucionalmente y puede ser limitada mediante reformas legislativas impulsadas por los propios gobiernos.
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El BID identifica tres dimensiones de la autonomía institucional. La independencia frente al Poder Ejecutivo es poco frecuente en la región y solo se observa en casos como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile. La autonomía en los procesos de nombramiento de las autoridades, mediante mecanismos competitivos o con control legislativo, está presente en países como Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana.
La tercera dimensión, referida a que las agencias tomen decisiones finales sin intervención política, es común, con dos excepciones: Argentina y Colombia, “donde la resolución final de los casos la dicta un funcionario político que no se dedica exclusivamente a funciones de competencia (el secretario de Comercio en Argentina y el superintendente de Industria y Comercio en Colombia)”.
Colombia es señalada como un caso atípico, ya que su autoridad de competencia investiga y persigue un número elevado de casos pese a carecer de independencia formal. Según el informe, este desempeño se explica por su financiamiento significativo, un alto nivel de personal, una amplia autoridad legal y porque el funcionario a cargo de las investigaciones antimonopolio es percibido como técnicamente calificado e independiente.
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Competencia: la herramienta para reducir la informalidad
El informe también destaca que los mercados más competitivos permitirían ampliar el empleo formal y fortalecer la capacidad fiscal de los Estados al reducir la informalidad y ampliar la base tributaria. Según el BID, una economía con mayor competencia genera incentivos para la inversión productiva, eleva la productividad agregada y mejora la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para avanzar en esta agenda, el informe identifica tres prioridades. La primera es reducir la fragmentación de los mercados , causada por deficiencias de infraestructura, altos costos logísticos, barreras regulatorias y falta de armonización de normas, que mantienen a empresas y regiones aisladas y limitan su acceso a mercados laborales y cadenas de valor.
La segunda es diseñar regulaciones más inteligentes , eliminando normas que actúan como barreras de entrada o incentivan a las empresas a permanecer pequeñas para evitar mayores exigencias. La tercera es fortalecer las agencias de competencia , otorgándoles mayor independencia, recursos técnicos y capacidad sancionatoria.
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Una economía con mayor competencia genera incentivos para la inversión productiva. Foto:istock
El BID advierte que muchas autoridades de competencia en la región cuentan con presupuestos y personal significativamente menores a los de sus pares en economías avanzadas y con una autonomía limitada. Busso señaló que estos organismos “deben poder intervenir cuando se diseñan las regulaciones, no solo después”, para evitar que nuevas normas refuercen la concentración o excluyan a potenciales competidores.
El informe también documenta reformas que ya han mostrado resultados concretos. Entre ellas, la portabilidad numérica en telecomunicaciones , que amplió el acceso y redujo precios; la expansión de los pagos digitales , que reduce las barreras de transacción para empresas y consumidores; la portabilidad de préstamos , que amplió las opciones de crédito y redujo las tasas de interés; y una mayor competencia en compras públicas , que contribuyó a bajar los precios de bienes esenciales como la insulina.
Estas experiencias, según el BID, muestran que políticas públicas bien diseñadas pueden generar beneficios tangibles para consumidores, trabajadores y empresas en sectores clave como telecomunicaciones, banca y salud. Sin embargo, el organismo subraya que estas deben complementarse con mejoras en la calidad institucional y en la capacidad del Estado para implementar y hacer cumplir las reglas.
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Políticas públicas bien diseñadas pueden beneficiar a consumidores, trabajadores y empresas. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO
“Las reformas exitosas requieren más que leyes”, advierte el BID. “Exigen inversión en capacidad estatal, aplicación creíble de las normas mediante tribunales independientes y agencias autónomas, así como instituciones políticas estables para evitar retrocesos”. Para el organismo, impulsar la competencia no es solo una política económica, sino una estrategia central para elevar de forma sostenida el nivel de vida en América Latina y el Caribe durante la próxima década.
Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores. Mercados más sólidos y equitativos son clave para liberar todo el potencial de América Latina y el Caribe
Ilan Goldfajnpresidente del Grupo BID
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