Angélica Lozano alerta que la emergencia económica podría caer en la Corte Constitucional: “El presidente sabe que es improcedente”

La declaración de emergencia económica y social por 30 días, establecida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha generado un intenso debate jurídico y político en el país. A las pocas horas de la publicación del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, se comenzaron a plantear dudas sobre su legalidad, especialmente desde sectores opositores.

Una de las primeras críticas provino de la senadora Angélica Lozano Correa, quien advirtió que la medida no cumple con los requisitos constitucionales y podría ser anulada por la Corte Constitucional en las próximas semanas.

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Según Lozano, la emergencia económica no debe utilizarse como un recurso para remediar fallas en la gestión fiscal ni para suplir la falta de acuerdos políticos en el Congreso, lo que, a su juicio, está ocurriendo en este caso tras el fallo de la reforma tributaria.

A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, la congresista cuestionó la decisión del Ejecutivo y afirmó que no hay hechos nuevos, sobrevinientes o imprevisibles que justifiquen el uso de una figura excepcional como el estado de emergencia.

“La emergencia económica no debería ser un atajo para corregir errores de gestión”, apuntó Lozano, recordando que la Constitución solo permite esta herramienta en situaciones verdaderamente excepcionales, como desastres naturales o eventos abruptos que alteren repentinamente el orden económico y social.

En este contexto, fue contundente al señalar que el rechazo de una reforma tributaria por sí solo no constituye una causa válida para declarar la emergencia económica.

“Solo si hay una catástrofe, una avalancha, la erupción de un volcán, un evento nuevo e imprevisible podría decretarse la emergencia económica. El presidente sabe que esto es improcedente”, subrayó la senadora.

Uno de los puntos más delicados en el pronunciamiento de Lozano se refiere al momento en que fue expedido el decreto, justo cuando la Corte Constitucional está en vacancia judicial, periodo que se extiende desde el viernes pasado hasta el 10 de enero.

Según la congresista, esta circunstancia no es casual y corresponde a una estrategia para ganar tiempo antes del control constitucional obligatorio.

“Por eso esperó hasta hoy, cuando la Corte Constitucional cierra y entra en vacancia judicial,” señaló Lozano, quien anticipó que, una vez que el alto tribunal retome labores, el decreto será revisado rápidamente y podría permanecer vigente solo dos o tres meses.

Incluso, la senadora hizo una comparación política para ilustrar su crítica: “En Colombia, pasamos de un presidente que decía ‘voten mientras estén libres’ a uno que casi dice ‘recauden mientras la Corte anula ese decreto ilegal’”, indicó.

El Decreto 1390 justifica la emergencia económica en una “situación grave e inminente” derivada del fracaso de la reforma tributaria, la presión del gasto público, el pago de la UPC en salud, los subsidios energéticos, las sentencias judiciales pendientes y las restricciones fiscales.

Sin embargo, para Lozano y otros juristas, muchas de estas causas son estructurales y previsibles, lo que podría debilitar la defensa del Gobierno ante la Corte Constitucional.

La jurisprudencia del alto tribunal ha sido consistente en exigir que las emergencias económicas se basen en hechos sobrevinientes, es decir, situaciones nuevas, extraordinarias e imprevisibles, criterio que podría no cumplirse en este caso.

Aunque la Corte se encuentra actualmente en vacancia judicial, existen varios caminos posibles para el análisis del decreto:

1. Activar la Corte en vacaciones

Los magistrados podrían solicitar al Consejo Superior de la Judicatura que habilite personal mínimo para admitir el decreto, comenzar su estudio y solicitar pruebas al Gobierno sobre las razones de la declaratoria.

2. Esperar hasta enero

Si el tribunal no se activa durante el receso, la Sala Plena podría reunirse en enero y dar prioridad al caso. En este escenario, el magistrado ponente tendría la facultad de ordenar una medida cautelar, suspendiendo temporalmente los impuestos decretados mientras se decide el fondo del asunto.

La senadora también advirtió sobre los riesgos legales que enfrentaría el Gobierno si la emergencia es declarada inconstitucional. En tal caso, los ministros que firmaron el decreto podrían enfrentar responsabilidades jurídicas, y las medidas tributarias adoptadas perderían validez.

Adicionalmente, existe un impacto fiscal significativo: si la Corte anula los impuestos decretados, el Estado podría verse obligado a devolver los recursos recaudados, lo que abriría nuevos boquetes en las finanzas públicas y podría agravar la llamada “bomba fiscal” que herede el próximo gobierno.

Mientras el Gobierno insiste en que la emergencia económica es crucial para evitar un colapso fiscal y asegurar derechos fundamentales, sectores opositores, liderados por Angélica Lozano, consideran que se trata de un uso inapropiado de una figura excepcional.

Ahora, la discusión se traslada al ámbito jurídico. El futuro del decreto y de los impuestos que se implementen dependerá de la solidez de los argumentos del Gobierno ante la Corte Constitucional, en un pulso que podría definir la dirección fiscal y política del país en los próximos meses.