Colombia
apelaciones frenan devolución de bienes por $480.000 millones ordenada por juez a sus herederos
La millonaria herencia del ganadero vallenato José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández volvió a quedar en el centro de la controversia judicial. Cuando parecía inminente la restitución de bienes valorados en más de $480.000millones a sus herederos, recursos de apelación presentados el viernes 13 de febrero suspendieron la entrega material de los activos y trasladaron el expediente al Tribunal Superior de Bogotá.
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La decisión inicial había sido adoptada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, que ordenó levantar la mayoría de las medidas cautelares impuestas sobre el patrimonio del empresario.. El fallo favorecía a la viuda del ganadero, la exreina María Mónica Urbina, ya sus hijos, al concluir que la Fiscalía no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar el origen ilícito de los bienes.
Con la radicación de las apelaciones por parte de distintos intervinientes, el proceso entra ahora en una fase decisiva. Hasta que la segunda instancia resuelva, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) continuará administrando las propiedades que permanecen bajo su control.
Un fallo que cambió el rumbo del proceso
La exreina María Mónica Urbina viuda de José ‘Ñeñe’ Hernández. Foto:Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO
En primera instancia, el juzgado desestimó la pretensión de la Fiscalía General de la Nación de extinguir el dominio sobre la mayor parte del patrimonio de Hernández. El despacho detectó que el ente acusador no logró acreditar que los bienes provinieran de actividades ligadas a la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.
El juez fue enfático al señalar que la llamada “presunción de origen ilícito”, prevista en el artículo 152A de la Ley 1708 de 2014, no fue invocada formalmente en la demanda. Según el análisis judicial, esa omisión procesal resultó determinante, pues dicha figura no opera de manera automática y debía ser solicitada y sustentada expresamente por la Fiscalía.
Además, el despacho cuestionó la solidez del acervo probatorio. Particularmente, puso en duda la consistencia del testimonio de un informante conocido como ‘La Penca’, cuyas declaraciones calificó de contradictorias e insuficientes para establecer un nexo claro entre el patrimonio del ganadero y actividades de narcotráfico o testaferrato.
Los bienes en disputa y el alcance económico
La sentencia en primera instancia que ordena devolverle bienes a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández. Foto:EL TIEMPO
La sentencia de primera instancia ordenó devolver 72 bienes inmuebles, entre fincas y lotes ubicados en Cesar, La Guajira y Bolívar, así como cinco estaciones de servicio y 76 vehículos. También incluye la restitución de la sociedad Agropecuaria El Búfalo SA y cerca de mil cabezas de ganado, activos clave en la estructura productiva regional.
De concretar la devolución, se trataría de uno de los reveses más significativos para la Fiscalía en materia de extinción de dominio en los últimos años, tanto por el monto involucrado como por el perfil público del caso. La cifra global, superior a los $480.000 millones, refleja la magnitud de un patrimonio que durante años estuvo bajo sospecha.
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No obstante, el mismo fallo precisó que no todos los bienes quedarían automáticamente liberados. Algunos activos específicos continuarían bajo la administración de la SAE, al considerar que en esos casos sí se cumplieron los requisitos legales para mantener las medidas cautelares.
La apelación y lo que viene en segunda instancia
La sentencia en primera instancia que ordena devolverle bienes a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández. Foto:EL TIEMPO/Archivo Particular
El efecto inmediato de las apelaciones es la suspensión de la orden de entrega. Aunque el fallo representaba un triunfo jurídico para la familia Hernández, la restitución material no podrá ejecutarse hasta que el Tribunal Superior de Bogotá revise integralmente la decisión.
En esta nueva etapa, los magistrados deberán evaluar si, en efecto, existieron falencias procesales que afectarán la actuación de la Fiscalía o si el análisis probatorio del juzgado fue ajustado a derecho. El estudio incluye tanto la valoración de los testimonios como el examen de la estrategia jurídica del ente investigador.
La sentencia ha sido calificada como “mixta” porque no resuelto de manera uniforme la situación de todos los bienes ni de todos los vinculados. También abordó la situación jurídica de activos relacionados con otras personas, entre ellas Armando de Jesús Gnecco, lo que añade complejidad al expediente.
Un caso con alto impacto político y judicial
La sentencia en primera instancia que ordena devolverle bienes a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández. Foto:EL TIEMPO/Archivo Particular
El proceso alrededor de la fortuna del ‘Ñeñe’ Hernández ha tenido repercusiones que trascienden lo estrictamente patrimonial. El empresario fue asesinado en mayo de 2019 en Uberaba, estado de Minas Gerais (Brasil), en un hecho que, según informes oficiales de la Policía Militar de ese país, se produjo tras un forcejeo derivado de un aparente intento de robo mientras se movilizaba en taxi.
Desde entonces, su nombre ha estado ligado a investigaciones de alto perfil, lo que convirtió la acción de extinción de dominio en un caso emblemático sobre la capacidad del Estado para desmantelar patrimonios presuntamente vinculados a economías ilegales.
La decisión de primera instancia puso sobre la mesa un debate sensato: el rigor con el que la Fiscalía debe estructurar sus demandas y la necesidad de cumplir estrictamente los requisitos legales en procesos donde se discuten patrimonios de gran envergadura. Para expertos en derecho penal y extinción de dominio, el caso podría sentar un precedente sobre los estándares probatorios exigibles.
Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá. Su pronunciamiento no solo definirá el destino de una fortuna multimillonaria, sino que también enviará un mensaje sobre el alcance y los límites de la acción de extinción de dominio en Colombia. Mientras tanto, los bienes siguen en pausa, bajo la custodia estatal ya la espera de una decisión definitiva.
