Colombia
Armando Benedetti afirmó que con el decreto de emergencia económica se podría ayudar a prevenir el alcoholismo: “Es triste”
El debate en el ámbito político colombiano se intensificó tras la negativa de 17 gobernadores a implementar el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Gustavo Petro, lo que provocó un nuevo episodio en las redes sociales debido a la reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti.
En esta ocasión, el jefe de la cartera reafirmó su apoyo al Estado de Emergencia Económica y Social (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025) en una publicación en su cuenta de X.
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El viernes 16 de enero de 2026, Benedetti argumentó que el aumento del IVA en bebidas alcohólicas, uno de los elementos del decreto, podría contribuir a reducir el alcoholismo en Colombia.
“Es sorprendente que, a pesar de que incrementar los precios del alcohol podría disminuir su consumo y prevenir el alcoholismo y sus efectos, los gobernadores prefieran priorizar las ventas sobre la vida”, publicó el ministro en su cuenta de X, un día después de expresar sus reparos al comunicado oficial de la Federación Nacional de Departamentos, donde los 17 gobernadores confirmaron que no aplicarían esta resolución de la administración Petro.
Al concluir su publicación del viernes, Benedetti expresó: “Es lamentable que consideren inconstitucional proteger la vida”.
El grupo de 17 gobernadores que optó por no implementar el reciente decreto tributario emitido por el presidente Gustavo Petro ha provocado una intensa confrontación con el Gobierno nacional, poniendo a prueba la autonomía regional en contraposición a la legislación central.
Por ello, Benedetti advirtió el jueves 15 de enero de 2026, en un video que compartió en X, que este tipo de resistencia no tendría respaldo legal y podría traer consecuencias legales o disciplinarias para los mandatarios, mientras la Corte Constitucional evalúa la validez del decreto.
La controversia aumentó tras el anuncio de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien declaró que su departamento tampoco aplicará el impuesto sobre el consumo de licores establecido en el decreto, un tributo considerado esencial para las finanzas regionales, después de que su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un pronunciamiento similar.
Varios gobiernos departamentales expresaron preocupaciones similares y apoyaron la decisión de Rendón, quien se negó a implementar las medidas fiscales hasta que la Corte emita un fallo definitivo.
Rendón justificó la postura de Antioquia al explicar a los medios que: “Antioquia inaplicará, por excepción de inconstitucionalidad, el decreto que impuso una carga tributaria excesiva durante la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie, Antioquia no aplicará el decreto que estableció Petro (sic)”.
El líder departamental expresó que, desde su perspectiva, esta medida representa una amenaza directa para la capacidad fiscal de las regiones y alertó sobre los posibles efectos adversos en la gestión de los recursos públicos.
“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones, y por eso la Constitución nos otorga una herramienta de defensa inmediata frente a actos que exceden los límites constitucionales”, añadió el gobernador antioqueño.
Así, Benedetti reaccionó con firmeza ante la actitud de los mandatarios departamentales en un video publicado en sus redes sociales.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores inviten a no acatar la ley”, afirmó el jefe de la cartera del Interior, al señalar que ningún gobernador tiene la autoridad para suspender la aplicación de un decreto nacional por sí mismo, atribución que la Constitución reserva exclusivamente para la Corte Constitucional.
“Si ellos afirman que no acatarán la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, reiteró Benedetti.
El ministro también advirtió sobre las posibles repercusiones personales para quienes ignoren la normativa.
“Podría haber prevaricato por no acatar la ley. Y también podrían ser responsables con sus propios bienes y recursos, su peculio. Lo que se espera recaudar a través de los impuestos que se están estableciendo”, explicó Benedetti.
Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, figura notable entre los mandatarios que rechazan la medida, advirtió que la decisión del Ejecutivo podría tener serias repercusiones en la financiación de servicios públicos esenciales y la autonomía financiera de las regiones.
En una entrevista con Caracol Radio – W, Toro insistió la mañana del viernes 16 de enero que la oposición de los gobernadores no busca un conflicto con la Casa de Nariño.
“No estamos en busca de confrontación, sino simplemente informando al país sobre lo que estamos enfrentando y lo que podría suceder si se aplica este decreto”, comentó Toro, quien también confirmó que el lunes 19 de enero se reunirán con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras los departamentos preparan acciones legales para defender lo que consideran derechos fundamentales.
La mandataria añadió: “Cada gobernador actuará de forma individual, pero con un sustento jurídico, que es lo que estamos analizando para garantizarlo”.
Toro, excongresista y expresidenta del Partido de la U, subrayó las repercusiones de la centralización de los impuestos sobre licores y cigarrillos, cuya renta pertenece constitucionalmente a los departamentos.
Según expuso, la implementación del decreto dejaría a los gobiernos regionales sin recursos para cumplir sus obligaciones en áreas como salud, educación y deporte, que dependen de estos ingresos: “Si se aplica el decreto, no tendremos fondos para cumplir con nuestras obligaciones en salud y educación”.
La preocupación de la Federación Nacional de Departamentos (FND) se centra en cómo esta medida afectará sus finanzas.
Toro detalló que, en el Valle del Cauca, la recaudación por licores y cigarrillos ya ha disminuido un 40% debido al contrabando.
“Estos ingresos son esenciales para financiar el régimen subsidiado. Y cuando disminuye la recaudación, debemos compensar, porque la ley establece que se debe pagar el régimen subsidiado. ¿Cómo lo haremos? Ver cómo logramos con las rentas propias cubrir el déficit”, planteó la gobernadora.
La mandataria también hizo hincapié en el ciclo vicioso que genera un aumento de impuestos sobre estos productos: “Una botella de aguardiente que cuesta hoy 40.000 pesos podría llegar a costar cerca de 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos se irían al gobierno central”.
En la misma línea argumentativa, Toro cuestionó la reorientación de recursos hacia Bogotá y cómo esto afectaría las finanzas locales, mientras que las obligaciones de los gobiernos regionales permanecen intactas.
Frente a las investigaciones solicitadas por el oficialismo debido a la negativa de los gobernadores, Toro aseguró que sus decisiones cuentan con solide respaldo jurídico, y que las acciones incluyen tutelas y estudios legales robustos.
“Vamos a presentar tutelas y, además, ya se está realizando el análisis jurídico necesario para respaldar nuestras acciones. No actuaremos de forma arbitraria, sino de acuerdo a la ley y en busca de justicia”, concluyó la gobernadora del Valle del Cauca.
