Colombia
Así es como el decreto de emergencia eléctrica traslada la presión financiera a los generadores y prende las alarmas en el sector
El Decreto 0044, emitido durante la crisis del sistema eléctrico, ha generado preocupaciones entre los generadores de energía debido a la carga financiera que impone para mantener la continuidad del servicio. Según el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera), la norma transfiere responsabilidades a empresas con condiciones muy diferentes, lo que podría poner en peligro la inversión y la estabilidad del sector.
El principal argumento del sector es la manera en que el decreto reparte responsabilidades. Según el Ceera, esta normativa obliga a los generadores a hacer aportes solidarios de energía a las comercializadoras para prevenir interrupciones sin hacer distinciones entre diferentes tecnologías, tamaños de proyectos o situaciones financieras. Esta uniformidad, advierte, afecta especialmente a los actores más pequeños.
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La inquietud es particularmente elevada para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), que trabajan con márgenes ajustados, carecen de capacidad para regular el agua y están sujetas a esquemas financieros vulnerables a cambios en la normativa. Para este tipo de generadores, asumir nuevas responsabilidades en un entorno incierto puede afectar su viabilidad económica.
En un comunicado, el Ceera admitió que la situación del sistema eléctrico es complicada y que se requieren medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del servicio. Además, el propio Decreto 0044 menciona problemas estructurales antiguos: altas pérdidas, niveles de recaudo bajos, inversión insuficiente en infraestructura y una gran concentración de usuarios en condiciones precarias.
Sin embargo, el gremio subraya que convertir a los generadores en el respaldo financiero de estas fallas estructurales conlleva riesgos a largo plazo. Desde su perspectiva, la generación eléctrica es una actividad que requiere inversión significativa, reglas claras, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. En este contexto, trasladar la presión financiera al nivel de generación “desincentiva la inversión, afecta la bancabilidad de los proyectos y incrementa el riesgo regulatorio”.
A pesar de las críticas, el Ceera reafirmó su compromiso de colaborar de forma solidaria para enfrentar la actual emergencia del sistema. Sin embargo, enfatizó que las soluciones no deben poner en riesgo el futuro del sector ni erosionar la confianza de los inversionistas. “Solucionar la emergencia actual no puede significar generar riesgos para el futuro”, concluyó el gremio.
La declaración de emergencia económica también impactó a la industria eléctrica del país. El 21 de enero, el Ministerio de Hacienda oficializó el Decreto 0044 de 2026, el cual establece un mecanismo de reasignación de recursos dentro del mercado eléctrico, en medio de un desbalance financiero que enfrenta el sistema.
El diseño de esta normativa busca canalizar fondos desde empresas con resultados positivos hacia aquellas que enfrentan situaciones críticas. Para ello, se introducen dos instrumentos novedosos: un gravamen parafiscal y una obligación de entrega de energía, planteados como herramientas para distribuir las cargas económicas derivadas de la coyuntura actual.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el objetivo es mantener la prestación del servicio y evitar el colapso de empresas en riesgo financiero. Un caso crítico es el de Air-e, que está bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos por su situación operativa delicada.
El Gobierno enfatiza que esta medida no tiene la intención de penalizar a la industria, sino de protegerla en un contexto más grave. “Este no es un decreto en contra del sector eléctrico, sino uno diseñado para salvarlo de la inacción de gobiernos anteriores y decisiones que han estrangulado la política fiscal para la prestación del servicio. Estamos actuando para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se toman decisiones responsables y oportunas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
