Así estarían usando las bandas criminales las criptomonedas para lavar de dinero: por qué extorsionan y piden rescates para pagar por este medio

Las organizaciones delictivas en Colombia han aumentado significativamente el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como métodos principales para el lavado de dinero y el cobro de rescates.

Este fenómeno, visible en ciudades clave como Medellín, y en la región del Valle de Aburrá y el Parque Lleras, ha ido en aumento desde 2021 y pone a prueba los mecanismos de control del Estado, aprovechando el anonimato y la rapidez que brindan los sistemas digitales, junto con la falta de regulaciones efectivas.

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La capacidad de utilizar criptomonedas ha permitido a estos grupos mover grandes sumas derivadas de actividades como el narcotráfico y la extorsión, eliminando el riesgo y la visibilidad asociados al traslado físico de efectivo, según una investigación realizada por El Colombiano. Las transacciones se llevan a cabo en segundos y evitan el rastreo por parte de bancos tradicionales, facilitando la dispersión y ocultamiento del dinero ilícito.

Un caso destacado de este modus operandi es el secuestro del influenciador Roberto Felipe Mejía Caicedo, ocurrido entre el 17 y el 19 de enero de 2024 en Envigado. Sus captores, miembros de La Oficina, exigieron más de $3.000 millones en criptomonedas como requisito para su liberación. Durante su cautiverio, Mejía Caicedo entregó 184.000 dólares (equivalentes a $670 millones) en monedas digitales antes de ser rescatado.

La demanda de rescates en criptomonedas se ha propagado entre otras organizaciones delictivas en un esfuerzo por evadir controles bancarios y complicar la identificación de los autores intelectuales y materiales. Estas operaciones emplean cuentas digitales, mezcladores y testaferros, dispersando los fondos y aumentando la dificultad de cualquier intento de rastreo.

Las criptomonedas como Bitcoin y las denominadas monedas digitales estables, que están vinculadas al dólar, permiten movimientos internacionales rápidos, menores costos operativos y eludir el proceso de verificación de identidad requerido por plataformas centralizadas. Esto aporta a que los recursos circulen a través de plataformas descentralizadas y acaben en manos de aliados, tanto dentro como fuera de Colombia.

“El dinero del narcotráfico o de la extorsión se convierte en Bitcoin o Stablecoins (como USDT) en cuestión de segundos, evitando los radares de los bancos locales. Esto permite que las estructuras intercambien fácilmente las cripto por efectivo,” afirmó un investigador de la Fiscalía en una conversación con el mencionado medio.

No obstante, el uso de monedas digitales también conlleva riesgos para los delincuentes. Al optar por plataformas poco reguladas, pueden perder una gran cantidad de fondos debido a comisiones elevadas o volatilidad extrema, un riesgo que solo se mitiga parcialmente con opciones como USDT, que mantiene paridad con el dólar.

En ciertos casos, al intentar blanquear cantidades cercanas a un millón de dólares, es posible recuperar menos del 30% del monto inicial, lo que lleva a muchos grupos a diversificar sus tácticas.

“Antes distribuían la droga en Estados Unidos y quienes vendían en las calles debían recoger este dinero en efectivo y enviarlo, primero a México y luego a Colombia, lo que hacía todo muy complicado y riesgoso debido a la cantidad de billetes. Con las criptomonedas, surgieron métodos que les permitieron mover ese dinero rápidamente sin tener que salir de Estados Unidos,” comentó Nicolás Vásquez, economista y fundador de El Diario del Banquero, en una entrevista con El Colombiano.

Diversas organizaciones, incluyendo La Oficina, Los Pesebreros, Los Chatas, La Terraza y Caicedo, han imitado esquemas usados por mafias en México, que a su vez aprendieron de redes en China y han colaborado con actores en Alemania e Italia. El intercambio de conocimientos y la eficiencia de las transferencias han permitido la expansión de estos negocios hacia la web oscura, abarcando mercados en América y Europa.

“Ahora no reciben mochilas con dinero, sino que les abren cuentas y les indican que les consignaron una suma determinada a través de criptomonedas. Luego, retiran su parte y envían el resto a una cuenta que llaman mezclador, y de ahí el dinero llega a las cuentas de las organizaciones”, explicó Vásquez al diario nacional.

Simultáneamente, los grupos criminales están explorando otras rutas para mover recursos ilícitos. Una táctica común es la compra de mercancía de contrabando —principalmente de China—, pagada con criptomonedas y luego distribuida en mercados locales. También ha surgido el uso de plataformas web para adultos como un método para transferir y ocultar fondos en operaciones de compra y venta de contenidos.

A pesar del auge digital, el cambio ilegal de divisas sigue siendo activo, especialmente en zonas turísticas como el Parque Lleras en Medellín. Bares, casinos y otros locales han sido objeto de requisas recientes, donde se incautaron más de 110.000 dólares en efectivo.

Las autoridades tributarias, en particular la Dian, han aplicado multas millonarias y realizados decomisos tras verificar operaciones no autorizadas. Aunque la ley exige que los cambios se realicen a través de intermediarios oficiales, la práctica informal persiste, favorecida por locales frecuentados por turistas.

“En ciertos casinos y bares, se les cobra a los extranjeros en dólares y hasta ahí todo es normal. El problema es que muchos de estos establecimientos facilitan el cambio de dólares y euros sin la debida autorización, lo que termina siendo un medio para lavar grandes cantidades de dinero,” observó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, en una conversación con El Colombiano.

Enfrentar el blanqueo de capitales mediante criptomonedas y regular el cambio de divisas representa un desafío creciente para el marco normativo colombiano.

“Ellos siempre buscan innovar y hallar la forma más eficiente de limpiar sus recursos. Sin embargo, nosotros no cesamos en nuestra lucha para atacarlos y debilitarlos en uno de los puntos que más les afecta, que son sus recursos,” añadió el secretario.

La legislación actual resulta insuficiente frente a la velocidad y el anonimato que ofrecen las redes criminales, un entorno que aprovechan tanto organizaciones locales como internacionales. Entidades como la DEA y Europol han fortalecido la cooperación ante estos flujos, mientras que las autoridades nacionales enfocan sus esfuerzos en los puntos más vulnerables del esquema económico informal.