Así reaccionó el Gobierno colombiano a la suspensión provisional del salario mínimo

Ministros y gremios reaccionan a la decisión judicial mientras se prepara una nueva regulación en medio de advertencias por empleo e informalidad.

Publicado por: Redacción Vanguardia

La decisión judicial que dejó sin efectos provisionales el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la política laboral en Colombia. La medida, adoptada por el Consejo de Estado, ordenó al Gobierno expedir una nueva norma en un plazo de ocho días, lo que activó reacciones inmediatas desde el Ejecutivo, sectores políticos, gremiales y organizaciones sindicales.

Aunque el alcance definitivo del fallo aún está por definirse en el trámite de fondo, la determinación generó un ambiente de expectativa frente a los pasos que deberá seguir el Gobierno para ajustar la regulación vigente. El debate no solo se concentra en el incremento del 23,7 % decretado para el próximo año, sino también en el contexto de la reducción de la jornada laboral a 42 horas y sus efectos sobre el empleo formal.

Reacciones del Ejecutivo tras el fallo judicial

El ministro del Trabajo, Antonino Sanguino, aseguró que no había sido notificado formalmente de la decisión y calificó la medida como precipitada e inaceptable. Indicó que, a su juicio, el fallo afecta directamente a los trabajadores y anunció que el Ejecutivo evaluará los pasos jurídicos correspondientes, así como el procedimiento para la expedición del nuevo decreto.

Así mismo aseguró que como ministro de las y los trabajadores, defenderá con firmeza el salario vital de la gente. “Porque no estamos hablando de un decreto: estamos hablando del cumplimiento de la Constitución” manifestó.

Desde el Ministerio del Interior, Armando Benedetti cuestionó la suspensión y atribuyó la determinación a factores políticos.

“Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa”, escribió.

En la misma línea se pronunció Irene Vélez, directora general de la Anla y ministra (e) de Ambiente, quien a través de redes sociales criticó duramente la decisión.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió el decreto y sostuvo que su expedición responde a un mandato constitucional. Señaló que el acto administrativo cumple con los criterios económicos exigidos y que el nuevo decreto que deberá emitirse seguirá los lineamientos de la Constitución y mantendrá la orientación del salario vital.

“Por respeto la magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, dijo el mandatario.

Quién además aseguró que la reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios.

Petro advirtió que suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo el principio constitucional que prohíbe el deterioro del poder adquisitivo del salario y convocó al pueblo trabajador a pronunciarse. El proceso continúa bajo seguimiento institucional, mientras el Gobierno avanza en la expedición del nuevo acto administrativo dentro del plazo fijado por la autoridad judicial.

Panorama laboral y advertencias empresariales

En paralelo, el más reciente sondeo de Fenalco reveló un escenario de alta incertidumbre para 2026. De acuerdo con el gremio, 7 de cada 10 empresarios anticipan reducción de personal, el 51 % prevé disminuir su planta en los próximos seis meses y el 66 % percibe un aumento de la informalidad laboral.