Así va el Catatumbo, un año de confrontación armada entre ELN y disidencias de las Farc deja desplazamientos y homicidios

Este 15 de enero de 2026 se marca un año desde el asesinato de una familia compuesta por un bebé de nueve meses y sus padres en el municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.

El suceso ocurrió en la carretera principal que enlaza Tibú con la ciudad de Cúcuta, específicamente en el área rural conocida como la vereda La Valera, según datos recopilados por Semana.

Según la información obtenida, este crimen marcó el inicio de un conflicto armado prolongado entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta zona fronteriza del país.

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Desde entonces, el dominio territorial, las rutas vinculadas al narcotráfico y la presencia armada han determinado la situación de seguridad en varios municipios del Catatumbo.

Las autoridades locales han indicado que, tras este incidente, se han incrementado los desplazamientos forzados, las confinaciones y los homicidios, impactando directamente a comunidades rurales y campesinas. A 13 de enero de 2026, el conflicto sigue activo sin que se haya logrado una reducción duradera de la violencia.

Según el informe consolidado del Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, se han contabilizado 166 homicidios dentro de este conflicto. De este total, 147 son ciudadanos civiles, 10 son menores de edad, seis son firmantes del acuerdo de paz y tres son líderes sociales que estaban involucrados en actividades comunitarias en la región.

El informe oficial detalla que la mayor cantidad de homicidios se encuentra en Tibú, con 92 casos, seguido por Teorama con 23, El Tarra con 19 y Convención con 06. Otros municipios mencionados en el registro incluyen Hacarí (04), San Calixto (01), Ocaña (01), El Carmen (02), Ábrego (03), Sardinata (05) y Bucarasica (01).

Además de las víctimas civiles, 19 miembros de la Fuerza Pública han perdido la vida durante este periodo. El informe anota que 11 eran militares y ocho eran policías, con incidentes registrados en municipios como Convención (01), Playa de Belén (01), Puerto Santander (01), Teorama (05), Tibú (02), Ábrego (01), El Zulia (01), La Floresta (01), Río de Oro, en el Cesar (02), y El Carmen (03).

Simultáneamente a los homicidios, el desplazamiento forzado ha emergido como una de las principales consecuencias humanitarias del conflicto. Las cifras oficiales indican que 91.726 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en diversas áreas del Catatumbo y zonas adyacentes, debido a las amenazas y el control armado de grupos ilegales.

Del total de individuos desplazados, 44.835 residen actualmente en Cúcuta, mientras que 18.538 se han trasladado a Ocaña. En Tibú se registran 12.384 desplazados, en El Tarra 6.367, en Convención 2.296 y en San Calixto 1.098, además de otros municipios que también han acogido población de áreas rurales afectadas.

Fuentes locales han documentado que miles de campesinos abandonaron sus tierras tras recibir amenazas, especialmente en regiones donde el ELN ha consolidado su presencia armada. En varios casos, las comunidades informaron del abandono forzoso de tierras productivas, lo que ha tenido un impacto negativo en la economía local y en las dinámicas sociales de la región.

Como respuesta a la persistencia de la violencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo, con el fin de implementar medidas excepcionales de seguridad y orden público. Esta decisión se tomó en medio de los enfrentamientos armados y los informes de riesgo para la población civil.

A un año del estallido de este conflicto, la disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc sigue vigente en varios corredores estratégicos de Norte de Santander. Las autoridades mantienen operativos y presencia institucional en ciertas áreas, mientras el conflicto continúa generando efectos humanitarios y de seguridad en la región.